En una carta dirigida al Procurador general, Fernando Carrillo y al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, Plinio Olando Becerra, nuevo director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, FND, pidió que se inicien las averiguaciones pertinentes sobre el contrato firmado entre esa entidad y la empresa Thomas Greg and Sons de Colombia S.A.
Según la carta, la petición se hace “en aras de lograr un proceso de empalme con la administración anterior bajo los mayores estándares de transparencia y de cara a la opinión pública”.
El contrato tiene que ver con la adquisición de una herramienta tecnológica para la centralización de la información sobre el impuesto al consumo de licores. El senador Carlos Fernando Galán cuestionó la suscripción del contrato asegurando que hay dudas de si hubo licitación pública para su adjudicación.
La polémica negociación se habría hecho por 17.600 millones de pesos. En su momento la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, actual presidenta de la Federación, aseguró que por tratarse de recursos públicos se autorizó en junta llevar esta contratación conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993, que permite la contratación directa en casos excepcionales.
Por su parte, Amylkar Acosta, exdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, dijo que las denuncias obedecen a intereses políticos y que el proceso, para el que se realizó un estudio de mercado, se hizo público en el Secop.
Becerra, quien asumió el cargo en reemplazo de Amylkar Acosta, dice en la carta que “aunque la naturaleza de la FND no exige la realización de procesos de licitación pública en la contratación que adelanta, hemos tomado la decisión de que todos los procesos relevantes se tramiten bajo esta figura”.
Agregó que “en lo referente a la vinculación del personal de planta o prestación de servicios se promoverá una política de meritocracia de modo que las personas al servicio de la Federación cuenten con las más altas calidades profesionales y humanas. Además, Becerra aseguró que para la renovación de contratos los funcionarios y contratistas “todos deberán someterse a la prueba de polígrafo”.
El funcionario aseguró que la entidad está en total disposición de construir un acuerdo de intención con la Procuraduría y la Fiscalía “para aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción”.
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