La paz, última esperanza de familias de uniformados desaparecidos

La última vez que se supo del sargento segundo del Ejército José Vicente Rojas fue el dos de noviembre de 1992.

Al suboficial lo obligaron a descender del bus intermunicipal en el que se transportaba, en la vía entre Mutatá y Carepa (Antioquia). Rojas es considerado el militar que lleva más tiempo desaparecido.

En una audiencia de Justicia y Paz de mayo del 2014, ‘Karina’ y otros desmovilizados de las Farc reconocieron que el Sargento Rojas fue retenido por miembros de los frentes 5 y 34 de ese grupo guerrillero, pero afirmaron que desconocían su paradero.

Su esposa, quien completó 24 años esperando su regreso, nunca ha perdido la esperanza de que José Vicente se presente en la puerta de su casa; sueña cada día con darle un fuerte abrazo y allí contarle lo mucho que han crecido sus dos hijos.

El mayor de sus hijos tenía cuatro años y el segundo, ocho meses, cuando él salió de casa y nunca más volvió.

El tiempo no le ha ganado a sus recuerdos, no ha borrado la imagen que conserva de su esposo: “Es muy alegre, espontáneo, demasiado jovial… Sé que a mis hijos les ha hecho falta ese cariño de padre. Queremos verlo, volverlo a abrazar”, lo dijo así, en presente, porque para ella no existe la mínima posibilidad de que haya muerto.

Rojas es uno de los 261 hombres del Ejército y la Policía que desde 1992 están en la lista de desaparecidos.

Son los miembros de la Fuerza Pública que desaparecieron en medio del conflicto, y que según el Centro de Memoria Histórica del Ejército se pueden considerar como víctimas de la confrontación armada.

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Un 75 por ciento de los casos ocurrieron en medio de los combates que libraban con la guerrilla. El resto de casos están aún por establecer.

Hay un capítulo especial que hace referencia a las llamadas ‘pescas milagrosas’, una macabra práctica que utilizó la guerrilla, especialmente en la década de los 90, y que consistía en montar retenes ilegales sobre las carreteras del país y bajar de los vehículos a civiles e integrantes de la Fuerza Pública que viajaban de civil, desarmados, rumbo a casa en sus periodos de descanso.

El Centro de Memoria Histórica del Ejército ya sabe qué pasó con 139 de sus hombres: 67 de ellos cayeron en manos de las Farc y 9, en las del Eln; en 33 de los casos se desconoce la autoría del grupo armado ilegal; un caso se les adjudica a las autodefensas y en otros 20 se cree que fueron arrastrados por los ríos en medio de las operaciones; dos desaparecieron en avalanchas y uno, en un accidente aéreo.

La Policía, en su Centro de Memoria Histórica, tiene registrados a 122 uniformados desaparecidos; 13 de ellos en el Valle del Cauca, 10 en Cali y nueve durante operaciones de la Dirección de Antinarcóticos.

En esta Fuerza se menciona con especial énfasis el secuestro del intendente Luis Hernando Peña Bonilla por parte de las Farc en la toma a Mitú (Vaupés) el primero de noviembre de 1998. Hace parte de esa memoria que los policías se enfrentaron por cuatro días con la guerrilla hasta cuando quedaron sin municiones. El saldo fue de 16 uniformados muertos y 61 secuestrados.

El general en retiro de la Policía Luis Mendieta –uno de los secuestrados de la toma de Mitú– le dijo a EL TIEMPO que nunca más volvieron a saber del paradero del intendente Peña desde el 2003, cuando su carcelero ‘Martín Sombra’ ordenó aislarlo del grupo por los problemas mentales que padecía, pues se enfrentaba a diario con sus compañeros de cautiverio.

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“Yo lo propuse para el primer intercambio humanitario que hubo en el 2001 pero ‘Sombra’ no lo permitió. No creyó que estuviera mal de la cabeza. Dos años después lo sacaron de la jaula y se lo llevaron, jamás volvimos a saber de él”, dijo el oficial.

Extraoficialmente otros secuestrados afirman que el intendente fue asesinado por las Farc, que su cuerpo fue encadenado y sepultado en un predio de San Vicente del Caguán (Caquetá).

“Yo vivo con la esperanza de que mi hijo esté vivo... Le pido al Gobierno y a las Farc que me devuelvan a mi hijo, porque lleva 18 años secuestrado y no sabemos si está vivo o muerto”, dijo Leonor Bonilla, madre del policía.

El subintendente Mario Córdoba Martínez está desaparecido desde el 11 de septiembre del 2013, era el comandante operativo de la estación de Policía en el corregimiento El Ejido, en Policarpa (Nariño).

Ese día partió con destino a La Florida a visitar a su familia y nunca llegó. Córdoba venía de participar en una operación contra el narcotráfico en zona de injerencia de las Farc y se cree que su desaparición es producto de una retaliación por incautaciones de droga en la zona.

“Parece que se lo hubiera tragado la tierra”, señaló uno de sus compañeros del Gaula que no han dejado de buscarlo. Córdoba es esperando por su esposa y por sus dos hijos.

Del soldado Hervey Leonardo Rincón Cárdenas se sabe que se lo llevó el Eln en una ‘pesca milagrosa’, el 10 de septiembre del 2007.

El militar se encontraba de licencia y de acuerdo con las indagaciones lo bajó la guerrilla de un bus intermunicipal en Puente Cabulla (Arauca). Desde ese día no se volvió a saber de su paradero.

“Le pido al Eln que me diga qué pasó con él. Y que no vuelvan a hacer eso, somos varias mamás que sufrimos porque se los llevan, que digan si está vivo o muerto. Así tendré donde llevarle una flor”, le pidió María Cárdenas, madre del uniformado, al grupo guerrillero.

Algunos de los hijos o hermanos de los desaparecidos de la Fuerza Pública han seguido sus pasos como una forma de honrar su memoria.

Ese es el caso de Mario Andrés Bautista Luque, hoy cabo primero e hijo del sargento segundo Mario Aníbal Bautista, desaparecido desde 1997.

El suboficial se encontraba en Puerto Berrío (Antioquia) y fue secuestrado estando de civil. Él hace parte de los uniformados de los que no hay claridad sobre qué grupo al margen de la ley lo retuvo. “Mis recuerdos de él son muy gratos. La alegría de verlo llegar, sobre todo cuando regresaba de la zona de operaciones, de verlo sano y salvo en el hogar”, dice el suboficial al referirse al padre al que no ve desde hace 19 años.

“Tenemos que recuperar el tiempo perdido porque yo sé, muy dentro de mi alma, que él esta vivo”, puntualizó.

Solo hay un caso documentado de desaparecidos a manos de las autodefensas y es el del cabo segundo del Ejército Fernando García Vargas, de 23 años. La última vez que se supo de él fue la tarde del 4 de julio del 2004.

Estaba de civil y de paseo con su novia en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), cuando fueron interceptados por varios hombres fuertemente armados que se transportaban en una camioneta.

Sobre su desaparición se manejan dos versiones: que su novia era pretendida por un jefe paramilitar de la zona, y la segunda –que se conoció en una audiencia de Justicia y Paz– según la cual fue asesinado porque supuestamente estaba haciéndole inteligencia a las autodefensas.

Los alias ‘Bejuco’, ‘Yaquichán’, ‘Tobías’ y ‘Ratón’, integrantes del bloque Magdalena Medio de las Auc, reconocieron su participación en el homicidio del cabo García Vargas y narraron la forma cruel como le quitaron la vida, muy al estilo de los paramilitares.

“Me duele el alma y no sé dónde queda el alma”, aseguró Lilia Vargas refiriéndose a su hijo. Ella asistió a las audiencias de Justicia y Paz en Medellín y le dijo a uno de los homicidas: “Quédese con la mirada mía y devuélvame la de mi hijo”.

La mujer guarda la esperanza de recuperar algún día el cuerpo de su hijo.

El pasado 2 de septiembre los coordinadores del Centro de Memoria Histórica de la Policía y el Ejército, junto con los integrantes de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, se reunieron para conmemorar el Día del Desaparecido como una forma de rendir tributo a la memoria de sus seres queridos y exigir una respuesta a la pregunta de si están vivos o muertos, y sobre la posibilidad de recuperar sus cuerpos.

A pesar del paso del tiempo, las familias de los desaparecidos se siguen reuniendo en fechas especiales y reciben apoyo psicológico y acompañamiento del Ejército y la Policía. Siguen aferrados a la esperanza de que sus seres queridos están vivos, y sueñan con volver a abrazarlos. No pierden la fe.

Los familiares de los desaparecidos por las Farc confían en el cumplimiento de los ajustes del acuerdo final que Gobierno y guerrilla firmaron el pasado sábado 12 de noviembre en el que se ratifica el proceso especial de búsqueda de personas desaparecidas.

“Con el fin de continuar de manera más ágil la búsqueda y la recopilación de información de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, sobre las cuales no se tenga información sobre su paradero”, se lee en el acuerdo.

Los familiares esperan un contexto similar con el Eln cuando se concrete el inicio de la mesa de negociación en Ecuador, que precisamente se ha dilatado porque la guerrilla no ha liberado al excongresista Odín Sánchez, secuestrado hace más de 7 meses y quien se canjeó por su hermano Patrocinio, quien estuvo retenido por más de dos años.

Para agilizar el proceso de identificación de los integrantes de la Fuerza Pública que podrían estar desaparecidos, y de los cuales no habría un reporte oficial, la Policía y el Ministerio de Defensa a nombre del Ejército están en vías de firmar un convenio de intercambio de información con la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas.

Con este cruce de información, aseguran los coordinadores de los centros de Memoria Histórica, es muy posible que se dupliquen los casos de aquellos de quienes no se tiene rastro. En la Policía podrían llegar a 400 y en el Ejército a unos 800, lo que exigirá un esfuerzo mayor por parte del Estado para darles una respuesta a sus familias.

En este sentido ya se está trabajando coordinadamente con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía y de la red de desaparecidos y cadáveres de Medicina Legal para acelerar el proceso de identificación de los restos óseos que se han ido exhumando con base, por ejemplo, en las confesiones de guerrilleros desmovilizados dentro de Justicia y Paz.

La posible ubicación e identificación de los desaparecidos se basa en muestras de ADN, historias dentales y la carta de dactiloscopia. Gracias a estos sistemas, en los últimos años se han logrado identificar los cuerpos de siete militares que estaban reportados como desaparecidos.

En Medicina Legal se han ido recolectando las muestras de ADN de los familiares que aguardan con paciencia a que con cada fosa común o cuerpo recuperado por identificar haya una esperanza para lograr establecer realmente qué le paso a su ser querido.

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