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Niegan demanda de reparación por secuestro de Carlos Miguel Vives Lacouture
Justicia

El Consejo de Estado no encontró nexo entre el hecho y la acción de las autoridades.

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Niegan demanda de reparación por secuestro de Carlos Miguel Vives Lacouture

El Consejo de Estado no encontró nexo entre el hecho y la acción de las autoridades.

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La familia demandó a la Nación por su secuestro y desaparición. Los detalles del caso.

El 3 de noviembre de 2000, en horas de la noche, Carlos Miguel Vives Lacouture, integrante de una prestigiosa familia de la costa caribe salió de su casa a la oficina y nunca más volvió a saberse de su paradero. Su carro fue encontrado abandonado cerca a Pueblo Viejo (Magdalena) al día siguiente y su familia recibió dos llamadas de personas que alegaron ser de las autodefensas pidiendo una millonaria suma de dinero.

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El caso fue denunciado ante al Gaula cuatro días después y se tramitó como un secuestro y desaparición. Vives aparece en el registro de personas secuestradas del Centro Nacional de Datos del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal.  Y en 2009 un Juzgado declaró su muerte presunta, en decisión confirmada en marzo de 2010.

La familia, encabezada por Inés Margarita Lacouture de Vives, demandó a la Nación en octubre de 2012 afirmando que las autoridades omitieron el cumplimiento de su deber de protección de ciudadanos amenazados y no intervinieron para evitar el secuestro del señor Carlos Miguel Vives, ni después para rescatarlo.

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Además, indicó que las autoridades tenían pleno conocimiento de las alteraciones del orden público en la zona, a causa de la incursión del Bloque Norte de las Autodefensas en el territorio de Santa Marta, de manera que estaban en la obligación de tomar las medidas correspondientes para evitar el hecho.

En el proceso, la Policía dijo que la familia no puso en conocimiento en esa época la existencia de amenazas y pidió desestimar las pretensiones de la demanda. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena en febrero de 2015 negó la reparación que pedía la familia al señalar que el secuestro y desaparición de Vives no se le puede endilgar a las autoridades.

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El caso llegó al Consejo de Estado que, en fallo conocido por EL TIEMPO, no solo negó la demanda sino que condenó en costas, por haber sido vencida en el proceso, un total de 22 millones de pesos.

El alto tribunal estudió el expediente y dio cuenta de que no se encontró registro alguno de denuncia por el delito de amenazas en contra de la víctima en el año 2000 o anteriores, según reporte de las autoridades. Y señaló que el caso quedó en ceros en la Fiscalía de Ciénaga.

El alto tribunal señaló que si bien no es objeto de debate el secuestro de Vives Lacouture, no hay evidencia que permita indicar que la Policía o el Ejército son responsables, por omisión, del hecho. Aunque sí, de que las investigaciones para esclarecerlo fueran deficientes.

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“No se pretende desconocer que el Estado tiene el deber de protección de los ciudadanos conforme al artículo 2 de la Constitución, pero este deber no se erige como fuente general de todos y cada uno de los daños que sufren los particulares y, especialmente, cuando se encuentra acreditado que el mismo proviene del hecho de un tercero”, dice el fallo.

“No basta que se refieran genéricamente las obligaciones estatales de protección de la ciudadanía para endilgar responsabilidad a las demandadas, porque es necesario realizar el juicio de atribución atendiendo particularmente a los deberes que debió haber cumplido en el caso concreto y a la determinación de si, de haber cumplido dichas obligaciones particulares, se habría evitado la concreción del daño, que en este caso es la desaparición y posterior declaración de muerte presunta del señor Carlos Miguel Vives Lacouture”, dice al decisión.

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“Se observa que la parte demandante no pone de presente en ningún momento las circunstancias particulares que en el contexto de la investigación por el acto delictivo, conduzcan a elaborar un juicio de reproche por la desaparición y muerte del ciudadano Carlos Miguel Vives, atribuible a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, en el marco de sus competencias funcionales”, agrega el fallo.

El Consejo de Estado sí dijo que, en el presente caso, se probó “una labor precaria frente a las acciones policivas seguidas por las autoridades con ocasión del secuestro del señor Carlos Miguel Vives Lacouture”. Pero indicó que eso no es suficiente para acreditar el daño sufrido pues las pesquisas sí se iniciaron.

“La Sala no encuentra evidencia que permita construir o soportar un juicio de atribución frente a la inacción de las autoridades y el daño acreditado pues, a no dudarlo, del material probatorio que reposa en el expediente, que da cuenta de unas investigaciones pero no del curso que se surtió con las mismas, resulta imposible determinar la responsabilidad de las demandadas”, dice el fallo.

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“La Sala no cuenta con los elementos mínimos de prueba que permitiesen contrastar en un juicio de atribución, las obligaciones de policía judicial y derivadas de los grupos Gaula exigidas a la Policía y al Ejército Nacional -que, se itera, no pueden basarse únicamente en el contenido obligacional genérico como lo pretende la demandante, sino en concreto en este caso, en el marco de un proceso investigativo por la presunta comisión de un delito-, con la omisión supuestamente atribuida a ellas y el daño finalmente causado”, agrega la decisión.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: justiciaET

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