El exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales se convirtió este domingo en el primer exfuncionario que pagará cárcel por la feria de sobornos que habría girado la firma brasilera Odebrecht para lograr millonarios contratos en 12 países de Latinoamérica y África.
Menos de un mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara que la poderosa empresa del Brasil tenía una oficina “que pagaba cientos de millones de dólares a funcionarios corruptos de todo el mundo de manera sistemática”, la Fiscalía de Colombia puso ante los jueces a García Morales, quien ayer aceptó su responsabilidad en los delitos imputados por exigir a Odebrecht 6,5 millones de dólares para que esa empresa se quedara con la licitación del tramo dos de la Ruta del Sol.
Por aceptar los cargos por cohecho, interés indebida en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, el exviceministro recibirá una rebaja de hasta la mitad de la condena. Con ese beneficio la sentencia sería de menos de diez años de prisión.
Durante la audiencia la Fiscalía destapó los documentos que sustentaron los pagos que se hicieron al exfuncionario para garantizar que Odebrecht fuera la única firma habilitada para quedarse con la licitación de la importante obra adjudicada en diciembre del 2009.
“Ya todo lo que tenía que decir lo dije en el tribunal”, señaló este domingo García Morales al término de las diligencias judiciales.
Hasta ahora los únicos condenados por el escándalo de corrupción habían sido exdirectivos y funcionarios de Odebrecht, entre ellos el magnate Marcelo Odebrecht quien logró reducir su sentencia de 19 a 10 años de cárcel gracias a un acuerdo de colaboración que lo obliga a pagar una millonaria suma y a delatar a todos sus cómplices en los países en los que pagaron sobornos.
Aunque las revelaciones del caso generaron alerta y tormentas políticas en los países en los que se habrían hecho los pagos, solo en Colombia ya hay un capítulo judicial que deja dos capturados y al menos otras dos detenciones pendientes.
Audiencias paralelas
Mientras que el exviceministro García Morales esperaba anoche su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá a donde fue enviado por la jueza 26 de garantías, la Fiscalía legalizaba la captura, en otro despacho judicial, del exsenador Otto Nicolás Bula Bula, detenido por hombres del CTI al mediodía del sábado en un exclusivo restaurante del norte de Bogotá.
Al excongresista, que ya había sido cuestionado en otros expedientes judiciales (ver nota anexa), la Fiscalía lo llevó anoche a los juzgados de Paloquemao para imputarle los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito por los que podría pagar más de 10 años de prisión en caso de ser condenado.
Según la investigación de la Fiscalía, Bula Bula recibió de Odebrecht pagos por 4,6 millones de dólares para que se entregará a esa firma en marzo del 2014 la licitación para construir la vía Ocaña-Gamarra.
En el expediente, que cuenta con información suministrada por las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, la Fiscalía señaló que los pagos de los sobornos se hicieron en forma fraccionada para intentar evitar los controles de las autoridades.
Igualmente se reprocha que la adición presupuestal se asignó de forma directa y sin licitación en el 2014, con las mismas condiciones que la empresa brasilera le había exigido al capturado en agosto del 2013 cuando acordaron el millonario pago.
Con estas dos investigaciones la Fiscalía ya documentó y judicializó los dos casos, que según los expedientes de autoridades internacionales llevaron al pago de sobornos en Colombia por 11 millones de dólares.
Sin embargo los investigadores consideran que hay más personas implicadas entre funcionarios y particulares, por lo que las pesquisas se mantienen y se espera que el proceso de colaboración con los responsables de la multinacional, que buscan un principio de oportunidad, permita abrir otros capítulos judiciales.
Los investigadores siguen examinando los documentos que fueron obtenidos en inspecciones en Bogotá y, según fuentes de la Fiscalía, hay indicios que comprometen seriamente a otras dos personas que también tendrían que responder ante la justicia.
Se conoció que la Fiscalía llamó a entrevista al exsuperintendente de Puertos Juan Manuel Barraza, quien como lo reveló el domingo este diario es socio del exviceministro García Morales.
Investigación en 12 paísesEl escándalo
La firma Odebrecht fue vinculada en el 2014 al escándalo de corrupción en Brasil con la operación Lava Jato. La firma reconoció, el 21 de diciembre del 2016, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos para obtener 100 contratos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
Tensión en Argentina
Un juez de ese país estudia una denuncia contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas, por supuestamente recibir una transferencia de 600 mil dólares por Odebrecht, en el 2013. Arribas es cercano al presidente de Argentina, Mauricio Macri.
El caso en Panamá
Odebrecht aceptó el pago de sobornos en ese país superiores a los 59 millones de dólares, entre el 2010 y 2014. Fiscales suizos solicitaron a Panamá entregar información sobre la supuesta vinculación del expresidente de Panamá Ricardo Marinelli y sus dos hijos en el caso de corrupción. Ellos lo niegan.
Acuerdo en Perú
Odebrecht se comprometió a pagar a Perú cerca de 9 millones de dólares como adelanto de las ganancias ilícitas que obtuvo la firma. En ese país, la firma efectuó pagos irregulares de 29 millones de dólares para la adjudicación de contratos de obras entre 2005 y 2014.
Ecuador abre caso
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, indicó que en allanamientos a las oficinas de la multinacional brasileña en Quito se encontró información contable del 2012 al 2017. “El caso se encuentra en indagación y por eso no se puede revelar información”, dijo. En Ecuador, los sobornos fueron de más de 33,5 millones de dólares.
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