Aunque la Corte Constitucional aclaró este jueves que no hay condiciones absolutas para volver al glifosato, el alto tribunal mantuvo una serie de requisitos que el Gobierno debe cumplir para poder volver a fumigar con ese herbicida.
El jueves, dos horas después de que la Corte Constitucional aclaró los alcances de su fallo que le puso varios condicionamientos al Gobierno para poder volver a fumigar con glifosato, el Ministerio de Justicia aseguró el jueves que llevará una propuesta de protocolo ante el Consejo Nacional de Estupefacientes para que “se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos”.
El Ministerio de Justicia hace las veces de Secretaría Técnica en dicho Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo al que le compete tomar la decisión de reanudar o no las aspersiones con el herbicida.
En un comunicado, el ministerio le “agradeció” a la Corte las precisiones de su fallo del 2017 con las que, según el Ejecutivo, el alto tribunal “ponderó la necesidad de contar con todos los instrumentos que estén al alcance para combatir las drogas ilícitas, dando siempre un adecuado manejo a los posibles riesgos que puedan generarse”.
La respuesta optimista del ministerio se da porque, aunque la Corte Constitucional mantuvo las condiciones para volver a fumigar con glifosato, las aclaraciones que el alto tribunal hizo sobre esos requisitos, en la práctica, terminan haciendo más fácil el camino del Ejecutivo para volver a usar el polémico herbicida.
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Así, la magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte, aseguró en rueda de prensa que aunque se mantenía su fallo de hace dos años, la Corte debía hacer varias aclaraciones considerando que “no se entendió la sentencia del 2017 en la dimensión que ella tenía”.
El Gobierno le había pedido a la Corte modular sus exigencias considerando que había una en particular que era de imposible cumplimiento, la de adelantar una investigación científica, que de forma “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.
Ante esas dudas, en una decisión unánime de ocho votos contra cero, la Corte explicó que desde su fallo del 2017 había dicho algo que no estaba claro: que esa evidencia científica “no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño”.
Además, tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”, dice el auto de la Corte Constitucional.
La Corte también precisó que la decisión de reanudar las aspersiones con glifosato siempre ha sido del Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo que suspendió el programa en el 2015.
Esto significa que el Gobierno ya no tendría que garantizar por completo que el glifosato no es dañino (sobre esta sustancia se han advertido riesgos como su asociación con el cáncer), sino que ahora lo primero que el Consejo de Estupefacientes debe hacer es “considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere a la minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente”.
Esto obliga al Gobierno a crear algo que aún no ha hecho, según fuentes de la Corte: una estricta regulación que considere cómo disminuir y controlar los riesgos asociados a la fumigación con este químico.
El Consejo de Estupefacientes debe considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere a la minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente
Esa aclaración es clave porque, tal y como lo expresó el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, en una audiencia pública del pasado 7 de marzo en la que la Corte escuchó las voces a favor y en contra del glifosato, el Gobierno todavía no había encontrado “un estudio que pueda garantizar que no hay un daño”.
Aunque el hecho de ya no tener que demostrar que el glifosato no es un riesgo allana el camino para volver a usarlo, el magistrado Alberto Rojas, ponente de la decisión de ayer, aseguró que en todo caso esa política pública debe desarrollarse en el marco de lo que establece el acuerdo de paz en materia de lucha contra el narcotráfico.
Esto significa que antes de volver a fumigar, el Consejo Nacional de Estupefacientes primero debe agotar las herramientas de las que habla el acuerdo con las Farc, como la sustitución de cultivos ilícitos. Así, la fumigación solo podrá considerarse en los casos en los que haya un incumplimiento de los acuerdos de sustitución, o en donde no se pueda adelantar la erradicación manual.
Durante el 2018 fueron detectadas 208.000 hectáreas sembradas con coca, una leve reducción frente a los 209.000 que contabilizaron los estadounidenses en el 2017.
Luis Robayo / AFP
Precisamente, el Gobierno se refirió ayer a las 100.000 personas que están vinculadas al programa de sustitución de cultivos y aseguró que “les seguirá cumpliendo”.
En ese sentido, Jorge Restrepo, director del Cerac, afirmó que el fallo de la Corte mantiene la tesis de que primero “deberían intentarse métodos alternativos, como la sustitución voluntaria y erradicación manual”, y luego, cumpliendo unos “requisitos técnicos y científicos, se podría volver al glifosato”.
Hugo Acero, experto en conflicto y seguridad, manifestó que la Corte “mantiene las condiciones pero flexibilizadas y pone en cabeza del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión”, por lo que ahora, “más que una decisión científica, es política”, lo cual “abre la puerta para el regreso del glifosato”.
Y para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, el regreso del glifosato, en todo caso, sería lejano porque todavía se necesitan las evidencias técnicas y científicas para disminuir los riesgos, “proceso que se demora e implica una discusión de fondo”.
Además de tener en cuenta los estudios científicos sobre minimización de riesgos, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe cumplir otras condiciones antes de volver a autorizar la fumigación de coca con glifosato.
Así, aunque el Gobierno dijo que presentará el protocolo para volver al herbicida, el regreso de las aspersiones no sería expedito porque primero se debe diseñar una regulación y reglamentación por parte de un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación.
Esa regulación debe tener en cuenta los riesgos de salud, las alertas sobre posibles nuevas afectaciones, alertas que deben ser advertidas por entidades que estén en capacidad de hacer un seguimiento.
Entre esas entidades deben estar las nacionales y de orden territorial en materia de salud. También las autoridades ambientales y el Ministerio Público. Además, se debe crear un procedimiento para recibir quejas por posibles daños causados con el químico.
El Gobierno también tiene que adelantar un proceso de consulta con las comunidades étnicas que se puedan ver afectadas por una eventual fumigación y, en particular, cumplir con la consulta que la Corte le ordenó con las comunidades de Nóvita (Chocó) para determinar y actuar frente a los daños que sufrieron entre el 2013 y 2014 por las aspersiones aéreas.
Dos soldados de la Cuarta Brigada erradican cultivos de coca en el municipio de Ituango.
Cortesía Ejército Nacional
El Consejo Nacional de Estupefacientes tendría la última palabra sobre el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato en el país.
Ese mismo organismo fue el que en mayo de 2015 aprobó la suspensión de la aspersión con el químico por petición del Ministerio de Salud y luego de que la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (Iarc), que hace parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo considerara “probablemente carcinogénico para humanos”.
En todo caso, esa instancia, cuya Secretaría Técnica está en el Ministerio de Justicia, tendrá que acatar las seis condiciones establecidas por la Corte en su fallo del 2017.
En el Consejo tienen asiento, entre otros, los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Justicia, el Procurador General, el Fiscal General y la Policía Nacional.
De hecho, hace un mes, durante una gira en la que acompañó al presidente Iván Duque por Europa, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ya había anunciado que estaban trabajando en los protocolos para el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Corte en 2015 y que serían presentados este mes ante el Consejo de Estupefacientes para su aprobación.
Jorge Restrepo, director del Cerac:
“Creo que la Corte lo que hace es permitir que el Gobierno presente información de que se están minimizando los riesgos, y eso toma tiempo. También, la mención al acuerdo de paz reitera que primero deberían intentarse métodos como la sustitución voluntaria”.
Juan Carlos Cortés, viceprocurador:
“La Corte no prohibió la aspersión, el acuerdo de paz también la contempló como última opción. Hemos defendido la prevalencia de la sustitución. Y si se decide reactivar la aspersión, el Gobierno debe garantizar mínimos constitucionales y minimización del riesgo”.
Antonio Sanguino, senador:
“Esta es una buena noticia para la paz y el ambiente. La aspersión con glifosato ha demostrado ser ineficiente y costosa en la lucha contra las drogas. El Gobierno debe entender que el camino para contrarrestar las hectáreas de coca y marihuana es la sustitución”.
Andrés París, partido Farc:
“Es importante que se mantenga la protección del medioambiente, en esto pierden los campesinos y no gana nadie. Desde que se empezó a negociar el acuerdo de paz, insistimos en que se buscaran salidas pacíficas como la erradicación voluntaria de los cultivos”.
Juan Carlos Pinzón, exministro de defensa:
“Da la impresión de que la Corte abrió la puerta para utilizar la aspersión contra el narcotráfico. Pudo ser más directa, pero ojalá permita enfrentar ese flagelo maldito (...). Mucho insistimos en que era un grave error parar la aspersión y relajar la lucha contra el narcotráfico”.
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