En seis años una denuncia del expresidente Álvaro Uribe contra Iván Cepeda por supuestamente falsificar testigos dio un giro de 180 grados y llevó a que la Corte Suprema -que tiene 12 procesos preliminares contra Uribe por otros hechos en los que aún no ha habido decisiones de fondo-, abriera por primera vez una investigación penal contra el senador del Centro Democrático.
Estas son las claves del escandaloso caso por el que el expresidente Uribe fue llamado esta semana a indagatoria ante la Corte Suprema, para responder en una decisión inédita por los delitos de soborno y fraude procesal.
En febrero del 2012 Uribe denunció al senador Iván Cepeda porque como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes el 19 de agosto y el 11 de septiembre del 2011 había entrevistado a los exparamilitares de Antioquia Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve en cárceles de Itaguí y Cómbita.
Esto llevó a que Cepeda le entregara a la Fiscalía información que supuestamente comprometía a Álvaro Uribe con paramilitares, aportando como pruebas los testimonios de Sierra y Monsalve.
Según la defensa de Uribe, Cepeda había cometido en estas actuaciones varios delitos: abuso de la función pública por usar sus funciones parlamentarias para reunir testimonios de paramilitares en las cárceles; también lo denunció por fraude procesal, considerando que los testimonios de Sierra y Monsalve eran falsos, y por calumnia agravada por columnas que Cepeda publicó en ese momento contra Uribe.
La defensa de Uribe también afirmó que Cepeda supuestamente dirigía “un cartel de falsos testigos en su contra y la de su hermano Santiago, propósito para el que también acudió a otros internos ofreciéndoles beneficios jurídicos, económicos, medidas cautelares y ubicación fuera del país a cambio de que, en entrevistas similares a las de Sierra y Monsalve, y con base en libretos previamente preparados por él, los sindicaran de cometer delitos en asocio con paramilitares, en los cuales no participaron, no presenciaron o simplemente desconocen”.
Uribe dijo que Cepeda había visitado a Juan Guillermo Monsalve 21 veces, lo que a su juicio no correspondía a una labor humanitaria sino en un “contubernio con esos testigos que ha entrenado para difamarnos a mi hermano Santiago y a mí”.
En el proceso que se llevó en la Corte, Iván Cepeda afirmó que Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve le contaron que a finales de los 90, cuando Uribe era Gobernador de Antioquia, en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, surgió el grupo que le dio origen al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá.
Sierra dijo específicamente que Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de la región “eran los jefes y creadores de esa estructura”, y los relacionó con las órdenes de varios homicidios.
Por su parte, Cepeda dijo que visitó posteriormente a Juan Guillermo Monsalve tras recibir un manuscrito en el que le dijo que por las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, que lo señalaban como testigo clave de lo que había pasado en Guacharacas con las Autodefensas, estaba siendo amenazado al igual que su familia.
Así Cepeda los entrevistó y grabó las dos declaraciones, e hizo las denuncias ante la Fiscalía.
Luego, Cepeda hizo el 11 de abril del 2012 un debate de control político contra Uribe por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Antioquia.
Ante la denuncia de Uribe contra Cepeda, la Corte inició una investigación reservada en la que obtuvo interceptaciones telefónicas, se escucharon múltiples testimonios y se acopiaron documentos.
Después de ese proceso la Corte se abstuvo de abrir una investigación formal contra Cepeda “pues una vez agotados los objetivos de la indagación preliminar, no halló elementos de juicio que permitan concluir que las conductas inicialmente reprochadas se adecúen típicamente a uno de los delitos indicados en la denuncia”, dice la decisión que archivó el caso.
La Corte dijo en ese momento que lo que se demostró “es que el doctor Iván Cepeda Castro no abusó de sus funciones como congresista, no determinó a reclusos mediante sobornos para testificar falsamente en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago y otras personas” pues actuó dentro de lo que le permitían sus funciones.
Pero la Corte dijo entonces que las interceptaciones y documentos encontrados “sorprendentemente evidenciaron una realidad muy diferente a la denunciada, y, por lo mismo, a esta Sala no le quedará alternativa distinta a la de compulsar copias para que se adelanten las correspondientes pesquisas y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar”.
La Corte hizo esta afirmación porque encontró en el proceso que quien supuestamente estaba manipulando testigos no era Iván Cepeda, sino personas cercanas al expresidente Uribe, quienes insistentemente buscaron a la familia de Juan Guillermo Monsalve en momentos en los que tenían que declarar ante la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Uribe interpuso un recurso de reposición contra la decisión que ordenó investigarlo y que archivó la denuncia contra Cepeda. El recurso fue presentado el 23 de febrero, siete días después de que la Corte había tomado esa determinación.
En el recurso, Uribe afirmó que tenía nuevos testigos que supuestamente hablaban del complot de Cepeda. Pero la Corte rechazó ese recurso y dejó en firme la decisión de compulsar copias en su contra.
Es en este proceso, en el trámite de recurso de reposición, que la Corte recibe una denuncia del abogado Reynaldo Villaba, quien asegura que Juan Guillermo Monsalve estaba recibiendo llamadas y mensajes en los que lo estaban presionando para retractarse de las afirmaciones que había hecho en el proceso de Cepeda y contra Uribe.
La Corte recibió la denuncia el 22 de febrero, mientras corrían los términos para que la defensa de Uribe presentara el recurso de reposición, tiempo en el que, supuestamente, estaban buscando con urgencia la retractación de Monsalve para añadirla a los documentos enviados a la Corte.
La Corte Suprema abrió una investigación de oficio desde hace cinco meses por la supuesta nueva manipulación de testigos por parte del expresidente Álvaro Uribe y personas, por la que finalmente decidió llamarlo a indagatoria hace tres días.
"Como reacción a esa providencia judicial (la que cerró el caso contra Cepeda y compulsó copias contra Uribe) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos", dijo la Corte en el auto en el que le abre la investigación.
En este nuevo proceso la Corte afirma que, según la denuncia de Villalba, el 21 de febrero “el señor Juan Guillermo Monsalve recibió de un amigo suyo de Neiva, vía WhatsApp, un mensaje escrito en el que le dicen “hay un man muy grande” que quiere hablar por medio mío “referente a ese chicharrón… me llegaron de parte del ex… pues para que hable con usted de parte directamente del ex”.
Ese tercero amigo de Monsalve, identificado como Carlos Eduardo López Callejas, le dijo en el mensaje de texto al exparamilitar que había sido abordado por el congresista Hernán Prada (también llamado a indagatoria por el mismo caso de Uribe), quien “le pidió que tramitara con él un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones. Que dicho video tenía que ser radicado con urgencia el viernes”.
Ese día se vencían los términos para presentar el recurso de reposición ante la Corte Suprema.
Según la denuncia, el representante Prada puso en altavoz desde su teléfono a Uribe quien supuestamente le manifestó que le ayudara con el video.
Según el expediente de la Corte, el 21 de febrero un abogado -identificado como Diego Cadena, quien ha representado a Uribe en algunos casos, así como a narcotraficantes- fue hasta la cárcel La Picota para pedirle una entrevista a Monsalve, quien se niega a recibirlo.
Como la Corte había recibido la denuncia, el mismo 22 de febrero inició una indagación previa en la que se inició un proceso de inteligencia a través del CTI de la Fiscalía para recopilar nuevas pruebas.
Así se encontró que Cadena volvió a la cárcel La Picota el 22 de febrero y que a través de Enrique Pardo Hasche, compañero de celda, logró llegar hasta Monsalve.
Ese día entraron a la sala de visitas del pabellón de extraditables Diego Cadena, Enrique Pardo Hasche, Héctor Romero -quien defiende a Monsalve- y minutos después entró el abogado de Uribe Jaime Lombana y María Mercedes Williamson.
La Corte asegura que en esa reunión Cadena le dijo a Monsalve que actuaba en nombre de Uribe y le pidió que firmara un documento previamente elaborado para presentarlo con el recurso de reposición que enviarían a la Corte.
Pero esa cita fue grabada por Monsalve por un reloj en el que quedó registrado todo el encuentro, dispositivo que, según fuentes, le había llevado previamente su esposa para que probara las presiones que venía sufriendo. Monsalve envía esa grabación a la Corte, así como chats, audios y fotos que probarían la supuesta presión para que rectificara sus declaraciones contra los Uribe Vélez.
Monsalve fue el hijo de Óscar Monsalve, quien administró la Hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez en 1995.
Monsalve –quien hoy paga una condena de 35 años por diferentes delitos- también hizo parte del Bloque Metro en Antioquia y fue amigo y compañero en las Autodefensas de Pablo Hernán Sierra García.
Cepeda lo visitó por primera vez el 16 de septiembre del 2011, después de que Monsalve le dijo que había recibido amenazas por las declaraciones que hizo Sierra.
En la entrevista, que se grabó en video, Monsalve le dijo que estuvo vinculado con la hacienda Guacharacas desde los 8 años, pero en 1994 “Santiago Uribe tuvo problemas con la guerrilla y a los seis meses quemaron la finca, mataron a un trabajador, y se tuvieron que ir”.
Dijo que meses después Santiago Uribe supuestamente les pidió regresar y él participó en la recuperación de muchas reses, y por eso “viene la masacre de San Roque, en la que mataron a muchos carniceros que le compraron ganado robado a la guerrilla”. Afirmó que eso lo sabía porque a él personalmente lo buscaron para recuperar el ganado.
También dijo que hubo una guerra entre Santiago Uribe y Darío Gigante, quien primero fue de la guerrilla y luego del Bloque Metro, y que cuando Santiago Uribe se enteró que “él participó en la quema de la finca lo mandó a matar”.
Dijo que también presenció reuniones entre Santiago Uribe y Santiago Gallón, y que en el 2002 ayudaron en la campaña presidencial de Álvaro Uribe: “El bloque Metro puso los carros para sacar la gente de las veredas, y ahí fue donde pintaron las paredes que decían: Álvaro Uribe AUC a la Presidencia”. Dice que luego le ordenaron que lo borrara porque le estaba generando problemas a Uribe.
En otro video Monsalve aparece diciendo que cuando Uribe fue gobernador “ordenó una masacre y protegía a narcotraficantes, además de ser el fundador del Bloque Metro de las Auc junto con su hermano Santiago, Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, y Santiago Gallón Henao”.
La masacre a la que Monsalve se refiere fue la de San Roque, ocurrida en 1994 en Antioquia.
A Monsalve lo trasladaron de Cómbita a la Picota en marzo del 2012, después de que fue atacado por dos internos que le causaron heridas con un cuchillo. En el traslado dice que se deben adoptar a su favor “rigurosas medidas de seguridad, tendientes a garantizar la vida e integridad del interno evitando la causación de cualquier novedad”.
Pero los hostigamientos continuaron, y en marzo del 2013 en la celda de Monsalve se encontró una sustancia venenosa en la que se determinó que era fluoracetato de sodio.
Es con estos elementos y con las nuevas pruebas aportadas, que el exparamilitar ha reiterado que hay un plan criminal para intentar asesinarlo por las afirmaciones que ha hecho contra los Uribe, y por los que se han ordenado una serie de medidas de protección a su favor.
En la nueva investigación contra Uribe hay varios personas involucrados.
Uno de ellos es Diego Cadena, quien según el alto tribunal ha representado a Uribe.
La Corte dice en el auto en el que abre el proceso contra Uribe que “en la actualidad, el senador Uribe Vélez continúa utilizando los servicios del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, quien con la colaboración de otras personas, ha contactado en diferentes cárceles –y por fuera de ellas- a exmiembros de grupos paramilitares para que – a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero-, elaboraran escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago”.
También aparece la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Niño Farfán, en juicio por ayudar a exparamilitares para que no fueran extraditados. Niño habría sido contactada por Cadena en El Buen Pastor "para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe que altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, se confabularon para acusarlo, a lo que ésta accedió pidiendo a cambio ayuda para que en cumplimiento de una acción de tutela ya fallada a su favor, se le fijara como nuevo sitio de reclusión la Escuela de Caballería”.
Otro personaje clave es Álvaro Prada Artunduaga, senador del Centro Democrático en Huila, quien según la Corte tuvo un papel “en el diseño y ejecución de un plan orientado a desviar la atención de la justicia y, por esa vía, hacer incurrir en error en las determinaciones que habrán de tomarse a la hora de ponderar la veracidad de las imputaciones que pesan en contra de los señores Álvaro y Santiago Uribe Vélez”.
JUSTICIA