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Cortes

Llevar la justicia al ciudadano, el reto para el próximo presidente

En este proceso están impedidos la magistrada Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo.

En este proceso están impedidos la magistrada Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo.

Foto:Corte Constitucional

Expertos piden garantizar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz.

Realizar una efectiva reforma de la justicia, garantizar el presupuesto y enfrentar la corrupción, según expertos consultados por EL TIEMPO, son algunas de las prioridades del próximo gobierno.
Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia, sostuvo que se requiere “definir el verdadero y necesario alcance de una reforma de la justicia y el instrumento constitucional para llevarla a cabo: Congreso, referendo o asamblea constituyente”.
“Hay que ajustar los procedimientos de la justicia para que sean más simples, sencillos, y para que se encargue de las cosas de transcendencia social. Para ello hay que modificar, de manera prioritaria, el Código Penal, el de Procedimiento Penal, el régimen disciplinario –para atacar de manera inteligente el hacinamiento– e ir a la justicia restaurativa en algunos delitos y para algunos delincuentes”, afirmó la experta.
Para Borrero también se requiere ajustar la carga judicial, “que no es igual para todos los jueces, y para ello, en algunos casos, hay que ampliar la planta de personal, y para eso hay que dar plata”.
Antonio Aljure, exdecano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, consideró que se requiere una reforma de la justicia en la que se les quiten las facultades electorales a las altas cortes y se elimine el Consejo Superior de la Judicatura.
Aljure no es amigo de una reforma de la justicia con una constituyente, sino de la elaboración de un proyecto con propuestas prácticas.
“Hay que hacer reformas que no son necesariamente constitucionales. El país tiene que pensar en medidas para enfrentar delitos menores y casos que afectan directamente al ciudadano, como el hurto. Los jueces deben estar frente a este tipo de situaciones y hacer que los procesos judiciales no sean tan demorados”, dijo.
Para el experto, otra de las prioridades que debe garantizar el funcionamiento de la justicia es la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“La JEP ya tiene parámetros y normativas, pero su reto será superar la impunidad e imponer de verdad las sanciones a los que no confiesen los crímenes. Este modelo tiene que ser riguroso y condenar a quienes pretendan burlarse de la justicia. No puede ser una ley de burlas”, dijo.
Precisamente sobre el juzgamiento de los excombatientes, Gloria María Borrero propuso que la justicia llegue a las zonas donde estaba el conflicto, a sitios rurales, y que sea realmente efectiva.

Hay que hacer reformas que no son necesariamente constitucionales. El país tiene que pensar en medidas para enfrentar delitos menores

“Establecer con el Fiscal la política criminal, la lucha contra la gran criminalidad, los casos de corrupción política y de funcionarios y los de reincidencia de las Farc. Además, proponer y apoyar la implementación de una política efectiva de solución de conflictos relacionados con la tierra, que ha sido la madre de muchos conflictos que han escalado”, agregó.
Otro de los retos para ella es la modernización de la justicia. “Es necesario llevar la tecnología requerida y transformar muchas de las sedes judiciales y eso requiere plata. El próximo presidente debe garantizar esos recursos y acompañar en su ejecución efectiva. Muchos prometen plata y luego no la dan”, dijo.
El magistrado Hermes Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia), consideró que el principal reto será reconstruir la confianza en las instituciones con un proyecto de ajuste económico y financiero que le permita a la Rama cumplir sus objetivos constitucionales.
“Los procedimientos deben agilizarse y para ello se requiere proyección en diferentes órdenes: en el Legislativo, para que se hagan leyes que en la práctica sean funcionales; en la estructura y el funcionamiento se deben dar los recursos para que sea viable la implementación de estas normas, y en lo judicial, hay que generar escenarios de verificación y control de la función, dentro de los marcos regulares de la función pública”, aseguró el experto.
Para él, enfrentar la corrupción requiere de diagnosticar las estructuras que impiden el ejercicio funcional en forma limpia y elegir el juez que mejor decida.
Carolina Villadiego Burbano, investigadora de DeJusticia, señaló que un reto esencial en temas de justicia para el próximo periodo presidencial es “implementar medidas específicas que fortalezcan el acceso a la justicia de la ciudadanía en el nivel municipal, en particular en aquellos lugares donde la presencia del Estado ha sido débil o ausente”.
Esto implica, según Burbano, tener una oferta de justicia que resuelva los conflictos de los pobladores de dichos municipios y conocer las necesidades jurídicas de la región.
JUSTICIA
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