Uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, el exministro Diego Palacio Betancourt, pidió cupo para que su condena por la ‘Yidispolítica’ sea revisada por la Justicia Especial Para la Paz (JEP).
Palacio Betancourt cumple una pena de casi siete años de cárcel en una unidad militar por el delito de cohecho, por dar u ofrecer dádivas a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.
Estos parlamentarios fueron claves para el trámite de la reforma constitucional del 2004 que le dio vía, dos años después, a la reelección de Uribe Vélez. La Corte Suprema, basada en las confesiones de Yidis Medina y luego en sus propias investigaciones, determinó que varios altos funcionarios del gobierno Uribe entregaron burocracia a cambio del apoyo parlamentario.
Además de Medina, Avendaño y Palacio, por el caso fueron condenados el exministro del Interior Sabas Pretelt y el exsecretario de Casa de Nariño Alberto Velásquez. De hecho, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez en su momento destituyó a los exfuncionarios por el escándalo.
Fuentes que tienen contacto con el exministro confirmaron que firmó el acta mediante la cual acepta someterse a la jurisdicción de la JEP y cumplir los consiguientes compromisos de verdad plena, reparación y no repetición. Esto no significa que Palacio haya aceptado haber cometido delito, sino que en principio pone su caso a consideración de los nuevos magistrados.
¿Su argumento? En esencia, que la reelección de Uribe en el 2006 y su consiguiente mandato hasta el 2010 –es decir, de 8 años– tenía como objetivo principal mantener la ofensiva contra las Farc y, en la práctica, logró un cambio fundamental en la correlación de fuerzas en el conflicto.
Aunque se trata de un planteamiento que genera reservas, hombres cercanos al proceso de paz, como el abogado Enrique Santigo (que asesoró jurídicamente a las Farc), comparten la tesis y, de hecho, sostuvieron reuniones con Palacio sobre el mismo tema.
La decisión sorprende, en todo caso, porque el expresidente Uribe es el crítico más enconado del proceso de paz en general y de la justicia especial para la paz en particular.
(Además: 'Yidispolítica', el escándalo que nos dejó la reelección de Uribe)
A esa jurisdicción irán los guerrilleros desmovilizados, los agentes del Estado y militares procesados por crímenes cometidos en el conflicto y particulares que hayan jugado un papel fundamental en este, pero en carácter de corresponsables de graves delitos. Por eso, la tesis de que quienes fueron claves para la reelección puedan resultar beneficiados no es clara.
En una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, publicada por EL TIEMPO en septiembre pasado, Palacio dijo: “Necesito salir, pero no puedo reconocer lo que no hice. Y si esa es la vía para acceder a esa jurisdicción para la paz, pues no acudiré a ella”. Aun así, finalmente terminó acudiendo a la justicia especializada para que el caso sea revisado.
Fuentes consultadas consideran que, en el hecho hipotético de que su caso fuera aceptado por la JEP, Palacio podría aspirar a la figura de la cesación de procedimiento (similar al indulto y la amnistía que beneficiarán a los guerrilleros rasos), lo que significaría su libertad inmediata.
Personas cercanas al exministro sostienen que él atraviesa una difícil situación económica y que necesita urgentemente recuperar su libertad para empezar a trabajar. En la justicia ordinaria, Palacio podría empezar a pedir la libertad condicional a finales del próximo año.
Otros uribistas, como el exministro Pretelt y el exsecretario Velásquez, estarían contemplando la posibilidad de acudir a la JEP.
JUSTICIAjusticia@eltiempo.com
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