“Estamos frente a una crisis institucional, por lo menos a nivel de la justicia”, aseguró Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general y exprocurador, al referirse a la renuncia a su cargo presentada ayer por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Esta renuncia se suma a las presiones de las que han hablado las altas cortes frente a decisiones claves como las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y el uso del glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos; además de la polémica por el retiro de visas de Estados Unidos a tres magistrados, dos de los cuales ya la recuperaron.
Gómez Méndez señaló que “es una ironía que la extradición siga determinando la agenda política del país”, y precisó que si la JEP tenía alguna duda sobre el caso Santrich por la presentación de pruebas o la temporalidad del supuesto delito del que se le acusa (narcotráfico), lo que esa justicia especial debía haber hecho era enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que la Sala Penal hiciera el análisis correspondiente.
Igualmente, afirmó que ahora lo que debe darse es un respaldo y acatamiento a la decisión de la JEP de no extraditar a Seuxis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich. Añadió que con la decisión de la JEP sobre el exjefe de las Farc “se pone más en riesgo el proceso de paz, porque se van a cuestionar aún más las decisiones de esa justicia”.
Gómez puntualizó que si hay una crisis institucional se debe al error de creer que una reforma de la justicia debe estar atada a cambiar la Constitución. Y ligó el hecho a la polarización que se vive en el país por la JEP y los acuerdos de paz.
Reiteró que realizar una constituyente, como lo propone la bancada uribista, no es el camino, porque la crisis de la justicia va ligada a la “ética personal” de los funcionarios, y señaló que así quedó evidenciado con el llamado ‘cartel de la toga’, un grupo de magistrados “haciendo política y negocios con la justicia”.
Recordó que la Constituyente del 91 buscaba superar la crisis de la época, pero que en su concepto lo que se logró fue “crear organismos inoperantes como el Consejo Superior de la Judicatura, y clientelizar la justicia, porque con esa reforma se puso a los magistrados a nombrar al Procurador, al Fiscal General y hasta al Registrador”.
El exfiscal general aseguró que la verdadera reforma de la justicia es lograr que se cumplan los términos procesales, es decir, dar cumplimientos a los tiempos establecidos en la ley.
