El decreto 2199 de 2017, firmado el martes pasado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y por el ministro de Justicia, Enrique Gil, estableció que quienes se acogieron a la ley de Justicia y Paz en 2005 podrán acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz si se comprometen a colaborar con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR).
Esta puerta había quedado abierta desde el 2005, ya que el artículo 63 de la ley 975 de aquel año aclaraba que los investigados por el sistema de justicia transicional acordado entre exparamilitares y el gobierno de Álvaro Uribe podrían acudir a cualquier otro régimen de justicia firmado en el futuro.
Dada la sentencia de la Corte Suprema del 19 de abril de 2017, según la cual "los postulados a la Ley de Justicia y Paz que se desmovilizaron de las FARC-EP no pueden estar en los dos trámites transicionales al mismo tiempo”, los que habían quedado en ese limbo jurídico ahora podrán acudir definitivamente a la JEP.
Sin embargo, el texto aclara que quienes quieran dar ese paso a la nueva justicia transicional, deben comprometerse a suscribir un acta formal de compromiso como lo exige la ley 1820 de 2016.
De este modo, concluye el decreto, “es necesario garantizar que los desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz que obtengan la libertad, puedan acceder al proceso de reintegración que ha diseñado el Gobierno Nacional, para materializar el objetivo de la paz estable y duradera”.
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