Los tres fiscales y los 21 investigadores delegados por el fiscal general Néstor Humberto Martínez para llevar a la cárcel a los implicados en la recepción de millonarios sobornos pagados por la multinacional Odebrecht en Colombia están a punto de completar el oscuro organigrama que la firma brasileña montó con el fin de ganar los contratos de megaobras, ayudada por funcionarios, empresarios, abogados y políticos vinculados a los dos últimos Gobiernos.
Hasta ahora, de la galería corrupta van dos capturas por la recepción de 11,1 millones de dólares: el exviceministro Gabriel García Morales y el exsenador Otto Nicolás Bula Bula. Pero hay ocho personas más en la lista de espera de posibles capturas por aparecer asociados a esos giros que se movieron en Honk Kong, China, Panamá y varios paraísos fiscales del Caribe.
Sin embargo, el número de implicados se puede triplicar con la colaboración que García Morales ofreció a cambio de beneficios, y que evalúa la defensa del millonario expolítico Otto Bula, para que lo saquen de La Picota y envíen a una guarnición militar.
Ya existe la certeza de que la cifra de 11,1 millones de dólares en sobornos en Colombia que Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos se va a quedar corta. Además, de que los pagos se extienden más allá del tiempo reportado (2009-2014) y que involucran a funcionarios del orden nacional, regional y local.
Con la colaboración judicial que la Fiscalía ya negoció con Euberto Martorelli y Luiz Antonio Bueno Jr., expresidentes de la multinacional en Colombia, se reconstruyó la ruta de algunos de los pagos a través de firmas asiáticas de importación de telas y celulares como TexFab International HK, Ct. Asia Hk Ltda. y de otra más que sería el entronque con otro escándalo: el saqueo a Bogotá con el ‘carrusel’ de contratos.
Los testimonios de los brasileños, los primeros en prender el ‘ventilador’, también permitieron establecer que entre las entidades infiltradas están el Ministerio de Transporte, fichas en el Congreso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Invías y el Inco. Y se indaga al Acueducto de Bogotá y, como lo anticipó este diario hace dos semanas, a varios tribunales de arbitramento.
La ruta de esos pagos ilegales en Colombia y en otros 12 países, incluidos dos africanos, empieza en la llamada División de Operaciones Estructuradas de la multinacional, una dependencia creada en el 2006 y que, según Estados Unidos, “funcionó como el departamento de sobornos de Odebrecht y sus satélites”.
Por medio de esa dependencia se movieron al menos 788 millones de dólares para coimas directamente pagadas por la brasileña, y otros 250 millones de dólares repartidos por Braskem, uno de sus tentáculos, gigante en materia de petroquímicos y cuyos sobornos encendieron el escándalo de Petrobras en Brasil, en el 2015. De esos pagos se sabe el destino de 75 millones, pero los dirigentes y campañas políticas que recibieron los otros 175 millones se averiguan en varias naciones.
Mientras se revelan sus nombres, los coletazos del escándalo tienen hoy en cuidados intensivos el futuro de Navelena, la concesión creada para recuperar la navegabilidad por el río Magdalena en la que Odebrecht es el accionista mayoritario. Y todo indica que Braskem no irá por un negocio billonario que tenía en la mira en Colombia: la venta de Propilco, empresa de petroquímicos de Ecopetrol que saldrá a la venta en cuestión de semanas.
Expediente madre
evidencia de corrupcion de odebrecht
El rastro de la plata entregada a políticos e incluso a expresidentes latinoamericanos –según palabras del propio Marcelo Odebrecht, cabeza de la multinacional, hoy encarcelado– pareciera estar en Islas Vírgenes, Antigua y Belice, hacia donde la División de Operaciones Estructuradas encauzaba sus giros ilegales.
Para los traslados usaban sofisticados sistemas de comunicaciones codificados (Drousys y My Web Day), que les permitían movimientos a través de claves y correos. Parte de esa información fue destruida, pero las autoridades de varios países juntan las piezas para armar lo que Estados Unidos ya bautizó como el más grande capítulo de la corrupción mundial, de la que Odebrecht sacó ganancias por una cifra astronómica: US$ 3.336 millones. Solo en Colombia, por los US$ 11,1 millones pagados logró utilidades de 50 millones de dólares.
Pero eso es tan solo en los dos negocios hasta ahora identificados: la concesión del tramo II de la Ruta del Sol en el segundo gobierno de Álvaro Uribe (2009) y una adición a este megaproyecto en el 2014, en la administración de Juan Manuel Santos.
El caso en el que más se ha avanzado es el circuito de cómplices del exviceministro García Morales. Aunque inicialmente negó ser el receptor de 6,5 millones de dólares para la adjudicación de la Ruta del Sol tramo II, entregado en el 2009 y tasado en 2,4 billones de pesos, la evidencia es tan contundente que aceptó cargos y ahora está dispuesto a revelar cómo fue la repartija.
El rastreo de ese pago llevó a los investigadores del CTI hasta la cárcel de Sincelejo, Sucre, en donde está preso el empresario Miguel Nule. Además de ser protagonista del saqueo a Bogotá, Nule es testigo de las presiones para adjudicarle a Odebrecht el tramo de la Ruta del Sol por el que también pujaba el entonces poderoso y respetado Grupo Nule.
De lo que Nule diga, confirme García y siga probando el CTI con el rastreo a las cuentas y fortunas personales de los implicados dependerá que la Fiscalía cite a entrevista al exconsejero para las regiones Miguel Peñaloza y al exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta. Incluso que se pida la declaración del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, hoy en Estados Unidos y pendiente de su asilo o extradición. Estos tres nombres salieron a relucir en una charla que Nule le grabó a su amigo García Morales a mediados del 2009, en la que este le habla de presiones políticas y económicas para que la Ruta del Sol tramo II le fuera entregada a Odebrecht.
Cuando la grabación fue revelada por el ‘Miami Herald’, el 7 de noviembre del 2010, García Morales se apresuró a mandar a su amigo Juan Manuel Barraza con una carta en la que juraba que Peñaloza no lo había presionado.
El exconsejero para las Regiones del gobierno Uribe se convirtió en el primer ministro de Transporte del gobierno Santos cuando se empezó a cocinar la polémica adición al contrato. Pero se fue pronto del cargo luego de que EL TIEMPO reveló que su empresa familiar le hizo un cobro al Invías echando mano de un sello falsificado. Aunque este culpó a una de sus colaboradoras, prefirió hacerse a un lado.
En esa época, el jefe del Invías era Daniel García Arizabaleta, una promesa política del Valle que terminó destituido e inhabilitado por falsificar títulos académicos. Después de ese episodio, se fue como asesor de Odebrecht.
García Arizabaleta, según reconoció el excandidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, fue quien en el 2014 conectó a su campaña con el polémico estratega político Eduardo ‘Duda’ Mendoza, hombre de confianza del imperio de Marcelo Odebrecht, que asesoró a candidatos en países en los que la brasileña pagó sobornos. Ya está probado que ‘Duda’ sirvió para canalizar algunos en Brasil.
El empresario Juan Manuel Barraza, a quien Gabriel García Morales reemplazó en la Superintendencia de Puertos en el gobierno Pastrana, también fue citado a la Fiscalía por sus nexos societarios. Este diario encontró que juntos aparecen en la zona franca Parquiamérica y en un lote en Cartagena. La participación de García Morales es a través de la firma Canal Logistics.
Pagos a ‘Buldózer’En el caso de Bula, que llegó al Congreso de la mano del exsenador Mario Uribe (condenado por ‘parapolítica’), la investigación señala que figuraba como ‘Buldózer’ en los archivos de Odebrecht. Según los testigos brasileños, Bula se apareció en el 2013 y les dijo que podía lograr la concesión de la vía Gamarra-Ocaña, también de la Ruta del Sol, sin licitación.
Además, ofreció –y según Odebrecht cumplió– presionar la entrega del negocio a través de contactos con congresistas. En su declaración ante la justicia, Martorelli habló de una reunión con el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, en la que este supuestamente le pidió “que no hubiera más presión de parlamentarios para viabilizar el proyecto”, lo que le mostró “que Bula estaba trabajando”.
Develar el capítulo de los socios de Bula y el Congreso será un reto para la justicia. En especial para la Corte Suprema, que quedó en deuda frente a otros escándalos que salpicaban a parlamentarios, como el de la Dirección de Estupefacientes.
A firmas domiciliadas en el exterior se hicieron pagos que no quedaron consignados en la contabilidad desde febrero del 2014. Como lo reveló EL TIEMPO esta semana, algunas están ligadas a redes de contrabando y lavado.
A Younan BusinessCorp le hicieron dos giros por 500.000 dólares cada una en febrero del 2014. En marzo, hubo 500.000 dólares para Text Fab Inc HK Limited. En abril y junio hubo otro pago a esta empresa por 500.000 dólares. A Punto F. A. S. A. le giraron 350.000 dólares y a CT Asia HK Limitada, 987.000. King Glong Texting China Limitada recibió 296.850 dólares, mientras que Coast Helicopt INC., US$ 263.679. Los pagos se completaron con 248.376 dólares a Helicontinente Colombia, para un total 4’646.524 dólares.
El alcance de los giros y los receptores están por establecerse. Lo que parece claro es que el ‘modus operandi’ es el que describió desde el primer momento Estados Unidos: “Entre 2001 y 2016, Odebrecht y sus socios conspiraron de manera corrupta para repartir centenares de millones de dólares y otros valores en beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y sus dirigentes, así como de candidatos de partidos políticos extranjeros para asegurar una ventaja ilegal e influencia sobre ellos para obtener ganancias y negocios en varios países”.
UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA
