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¿Se debe extender la eutanasia a pacientes no terminales?
La eutanasia: un debate de amor

Aunque hace más de 20 años se reconoce el derecho a la muerte digna vía eutanasia, el Congreso sigue sin regular este derecho,

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Hernando Banquez. Archivo EL TIEMPO

¿Se debe extender la eutanasia a pacientes no terminales?

El debate llegó a la Corte Constitucional que estudia demanda por violación a la igualdad.

Veinticuatro años después de que la Corte Constitucional dijo que la eutanasia se justifica en pacientes terminales, el alto tribunal estudia de nuevo el tema por una demanda contra el artículo 106 del Código Penal: el homicidio por piedad.

En 1997 la Corte estudió ese delito y dijo que en el caso voluntario de pacientes terminales no podía haber responsabilidades penales para el médico que los ayudara a morir; ahora, una demanda del secretario de la juventud de Medellín, Alejandro Matta y de Daniel Porras, busca que se amplíe esto para personas en situaciones extremas por enfermedades o lesiones graves e incurables no terminales, y que los médicos que los asistan no se expongan a cárcel de hasta 4,5 años.

Aunque hace más de 20 años se reconoce el derecho a la muerte digna vía eutanasia y pese al menos a 10 fallos de la Corte sobre el tema, el Congreso sigue sin regular este derecho, aunque en la actualidad hay tres proyectos, uno de ellos del Ministerio de Salud, cursando en el Legislativo.

Por ahora la reglamentación se ha dado gracias a las sentencias del alto tribunal y desde 2015, a una resolución y un protocolo del Ministerio de Salud con directrices sobre la aplicación de la eutanasia.

Desde esa fecha hasta el 15 de marzo de este año, según datos de esa cartera, se han practicado por el sistema de salud 123 eutanasias a pacientes terminales. Por otro lado, estadísticas de la Fiscalía registran que, entre 2012 y 2020, se abrieron 9 procesos por homicidio por piedad, seis están inactivos y tres activos. Por estos casos no hubo capturas, condenas ni imputaciones.

La nueva demanda señala que la imposibilidad de algunas personas para acceder a la eutanasia por no ser pacientes terminales vulnera su derecho a la integridad física, a la dignidad, a la igualdad, entre otros.

(Por contexto, le sugerimos leer: Corte vuelve a hacerle un llamado al Congreso para regular eutanasia).

“El hecho de impedir que ciertas personas puedan acceder al derecho fundamental, a la muerte digna, dado que viven en circunstancias extremas, sin posibilidades reales de alivio (....) podría catalogarse como un trato cruel, inhumano y/o degradante por parte del Estado Colombiano”, dicen los demandantes, que piden no tumbar sino condicionar la aplicación de la norma.

A su postura se han unido el Colegio Médico Colombiano, que pidió a la Corte anular el delito por considerar que cuando a un enfermo crónico no terminal se le niega la eutanasia, “no solo se viola su derecho a la muerte digna, sino el derecho de recibir la solidaridad y la compasión de los suyos, de su familia y de quienes lo quieren y lo cuidan, sumiendo en la desesperanza y en la desesperación con todas las secuelas emocionales que conlleva la infelicidad grave y permanente, sufriendo así una condena injusta”, manifestó.

También la facultad de Derecho de la Universidad Externado pidió tumbar esa norma y sumarle el artículo 107 del Código Penal que penaliza el suicidio asistido con hasta 3 años de cárcel.

La Universidad expuso que pese a que existe el derecho a morir dignamente, este es negado en la práctica porque hay dos delitos que castigan “la renuncia libre y consciente a una existencia profundamente dolorosa, con la colaboración directa o indirecta de un tercero profesional en medicina”, por ello señalaron que esos artículos representan graves violaciones a la dignidad, entre otros.

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No solo se viola su derecho a la muerte digna, sino el derecho de recibir la solidaridad y la compasión de los suyos, de su familia y de quienes lo quieren y lo cuidan,

En el otro lado del debate están varias entidades del Gobierno como el Ministerio de Salud, que dijo que la regulación vigente en Colombia permite el ejercicio del derecho a morir con dignidad pero con el cumplimiento de condiciones específicas como la terminalidad y que extenderla “genera riesgos penales para los profesionales de la medicina ante una conducta que difícilmente puede ser justificada de manera objetiva por medio de parámetros clínicos específicos, en tanto reduce la solicitud al sufrimiento y la competencia mental”.

El Ministerio de Justicia se apegó a la decisión de 1997 de la Corte y señaló que en esa sentencia no se consideró el homicidio por piedad como inconstitucional. Por ello consideraron que este no es obsoleto y que, en todo caso, es el Congreso el que puede decidir si anula o modifica esta norma.

La Fundación Colombiana de Ética y Bioética también se opuso a la demanda y señaló que los sufrimientos de una persona son menos importantes que los seres humanos.

Y la Procuradora Margarita Cabello conceptuó que con el de homicidio por piedad el Legislativo buscó proteger la vida de quienes padecen enfermedades graves e incurables castigando los casos incluso de quienes tengan “una motivación altruista de poner fin a tales sufrimientos en busca de salvaguardar la dignidad”.

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Difícil debate

No solo las posturas que ya tiene la Corte reflejan la dura discusión detrás de ampliar la eutanasia.

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, expresó que si bien los derechos fundamentales tienen límites, “la decisión libre, consciente, de morir dignamente, tiene como exclusivo titular a la persona que padece sufrimientos; dado que no se está afectando a terceros, a la persona no se la puede obligar a sufrir y su decisión debe prevalecer”, en ese sentido, para él viola la igualdad que la eutanasia sea solo para unos pacientes.

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El penalista Camilo Burbano consideró que no debería eliminarse de plano el delito, “el tipo penal existe porque nadie, en principio, tiene la posibilidad, de motu proprio, de acabar con la vida de otra personas”. Añadió que la Corte tendrá que hacer una ponderación entre derechos como la vida y el de dignidad.

Pero para Lucas Correa, director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), es falso que haya un dilema entre derechos, pues una muerte digna no se contrapone a la vida sino que hace parte de una vida digna.

Para él no se debe eliminar el delito, pues evita que otras personas decidan quién debe vivir y quién no, pero considera que el concepto de ‘enfermedad terminal’ como condición para la eutanasia es problemático.

“El Ministerio de Salud dice que la enfermedad terminal es donde el pronóstico de vida es inferior a 6 meses, pero para establecer esa esperanza se aplican tests que dicen que otras personas, en otras partes del mundo, vivieron más o menos tiempo; el médico no puede asegurar cuánto va a vivir una persona en específico y al estimarlo en más, termina imponiéndole a la persona una vida indigna”, expuso, y añadió que el mismo protocolo del Minsalud reconoce que los médicos se equivocan en un 30 por ciento de las veces al estimar la supervivencia.

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Gustavo Quintana, médico colombiano que esta semana completó su eutanasia 497, en práctica particular, consideró que “decir que un paciente es terminal es solo una filosofía para clasificar las enfermedades, quien determina si su enfermedad es terminal es la autonomía de un paciente, no el médico”.

Añadió que “obligar a alguien a vivir sin importar las condiciones es instrumentalizarlo. A muchas personas su EPS les niega una eutanasia y eso no es justo”, concluyó.

Decir que un paciente es terminal es solo una filosofía para clasificar las enfermedades, quien determina si su enfermedad es terminal es la autonomía de un paciente, no el médico

La Superintendencia de Salud le reportó a la Corte que entre 2018 y 2020 recibieron 55 quejas o peticiones relacionadas con la eutanasia, el motivo más común fue la demora en la autorización de procedimientos incluidos en el plan de beneficios en salud.

Pero adicionalmente, en este debate hay dos precauciones que deben tenerse en cuenta, en la opinión personal de Eduardo Díaz, director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, y es, por un lado, poder estar seguros de que las personas que piden una eutanasia tuvieron toda la atención posible para su problema antes de acudir a la muerte asistida.

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De otro lado, el profesor comentó que si bien debe respetarse la autonomía de las personas, algunos autores ya han hecho una advertencia por la “pendiente resbaladiza” que puede significar puede significar ampliar la eutanasia y pasar al suicidio médicamente asistido “en el que personas que no están en condición terminal podrían solicitar ayuda para morir y de ahí pasar a que terceros decidan cuándo alguien es digno de seguir viviendo o no. El peligro puede ser que a alguien que no puede expresar su voluntad, en cualquier edad, se le condene a morir”.

Esa preocupación también se la expresó a la Corte la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que dijo que la dignidad es un derecho que debe estar protegido igualmente para personas que por su enfermedad o condición grave no puedan expresar su voluntad, y que una ampliación de la eutanasia más allá de pacientes terminales podría representar el riesgo de que decidan “acabar el sufrimiento” de otras personas que no pueden expresar si están de acuerdo o no.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
JUSTICIA
En Twitter: @MIOF_

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