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Corte Constitucional blinda estrategia de erradicación de coca
Coca

Según el alto tribunal, los daños por la estrategia contra los narcocultivos se han disminuido, teniendo en cuenta que las fumigaciones aéreas con glifosato están suspendidas

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Archivo EL TIEMPO

Corte Constitucional blinda estrategia de erradicación de coca

Rechazó una tutela que buscaba frenar la erradicación manual y forzosa de los cultivos ilícitos.

La Corte Constitucional rechazó una tutela de la Defensoría del Pueblo de Putumayo que buscaba frenar la erradicación manual y forzosa de los cultivos de coca en esa región, así como las fumigaciones con glifosato. Al negar este recurso, el alto tribunal afirmó que en la lucha contra las drogas “el Estado ha actuado de manera diligente en la implementación de una política con un claro desarrollo progresivo”. Según la Defensoría, esas medidas –que hacen parte de la estrategia del Gobierno para combatir los cultivos ilícitos de drogas, que para el 2016 eran de 146.000 hectáreas– estaban generando efectos colaterales como desplazamientos y riesgos por las minas que los grupos armados sembraban alrededor de los cultivos ilegales.

Pero al revisar el caso, la Corte dijo que “dichas actividades se enmarcan dentro del desarrollo de la política criminal y antidrogas del Estado, por lo que no es procedente que el juez constitucional se inmiscuya en ellas, a menos que se observe que en su ejecución se está amenazando o desconociendo derechos fundamentales, caso en el cual se podrá imponer condicionamientos a su desarrollo o incluso, en casos extremos, se podrá ordenar su suspensión”.

Según el alto tribunal, los daños por la estrategia contra los narcocultivos se han disminuido, teniendo en cuenta que las fumigaciones aéreas con glifosato están suspendidas –decisión que se tomó después de que el alto tribunal le ordenó al Estado frenar esta práctica por un posible riesgo en la salud–. Por eso, la Corte dijo que por ahora tan solo está vigente “el plan de fumigación terrestre, autorizado mediante la resolución 01 del 2017 por el Consejo Nacional de Estupefacientes”.

Como es poco el tiempo que lleva ese plan, los magistrados consideran que aún no pueden reconocer la existencia de una afectación a las comunidades. La Corte también ordenó varias medidas para asegurar que no se vulneren los derechos de las comunidades que quedan en medio de la erradicación, “sin que haya lugar a un nivel de intervención mayor que implique la suspensión de las actividades”.

Así se les ordenó a los municipios de Putumayo, donde se lleva el plan contra las drogas, que actualicen sus estrategias para defender los derechos humanos de los pobladores, y registrarlos en la Unidad de Víctimas si han sufrido desplazamiento y afectaciones por minas. También se le ordenó a la Dirección Antinarcóticos de la Policía que cumpla de manera estricta con el plan ambiental.

JUSTICIA

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