En medio de la difícil situación económica que enfrenta el país debido a la pandemia de covid-19, durante el primer semestre del año, la Nación tendría dos noticias en materia de demandas en su contra que podrían, o no, aumentar las cuentas en rojo del Estado.
Aunque estas decisiones judiciales estaban por tomarse en 2020, precisamente la pandemia las retrasó. Se trata de las decisiones en los casos internacionales de Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy) y América Móvil, dos procesos que juntos suman pretensiones por 2.755 millones de dólares.
El proceso de América Móvil (Claro) está en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en él se resuelve una demanda de la empresa que argumenta que Colombia violó el tratado de libre comercio con México. Las pretensiones del arbitraje son de USD 1.208 millones.
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Esta demanda se presentó luego de que la empresa perdió, en 2017, un laudo arbitral en la Cámara de Comercio de Bogotá que dijo que las compañías con las cuales empezó la telefonía celular en el país, como Comcel, deben cumplir la obligación de revertirle al Estado el valor de la infraestructura utilizada. Esto se acordó en 1994 pero los demandantes alegan que esa reversión se modificó en leyes posteriores.
Sobre este caso ya se había pronunciado también la Corte Constitucional en 2013, advirtiendo que estaba vigente la obligación de la reversión de activos.
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En un segundo lugar, Colombia también está a la espera del laudo en el caso de Gas Natural Fenosa, el proceso está en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
En este caso, la empresa española que hoy se llama Naturgy demandó a la Nación por la intervención que en 2017 hizo el Estado a Electricaribe. Las pretensiones de este litigio internacional ascienden a USD 1.547 millones.
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La defensa de Colombia ha sostenido que esa intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos fue legal y además necesaria, debido al mal servicio que venía prestando la empresa a los 7 departamentos de la costa caribe. Pero Naturgy sostiene que esto fue una violación al trato justo y equitativo y una expropiación de sus intereses en Colombia.
Aquí hay un elemento adicional y es que Colombia, en diciembre de 2018, contrademandó a Naturgy por 1,7 billones de pesos.
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De otro lado, hay un tercer proceso que podría moverse este año, pero no será una primera decisión. En agosto de 2019, al fallar un litigio, el Ciadi ordenó a Colombia devolver 19,1 millones de dólares, más intereses, a la minera Glencore por una sanción que en 2015 le había impuesto la Contraloría a esta empresa.
El Ciadi determinó que la sanción obstaculizó los intereses de la compañía, pero descartó otras peticiones de la empresa, que en total tenía pretensiones por 500 millones de dólares. Colombia, sin embargo, pidió la anulación de ese laudo y la respuesta a su solicitud podría llegar este año.
Demandas internacionales
Infografía / EL TIEMPO
Más allá de estos tres procesos, en total la Nación enfrenta 16 controversias internacionales que suman pretensiones por USD 5.911,17 millones.
Algunas son tan sonadas como un pleito por Meritage, un lujoso proyecto habitacional en Antioquia que se frenó porque entró a extinción de dominio en la Fiscalía, que señala que el lote en el que se estaba construyendo el proyecto tenía nexos con actividades criminales. En esa demanda se piden USD 341 millones.
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Otras son las demandas, separadas, de las mineras Eco Oro Minerals, Red Eagle Exploration y Galway Gold, quienes demandaron a Colombia porque, según ellos, la decisión de la Corte Constitucional en 2016, que ordenó delimitar el páramo de Santurbán, Santander y prohibió la minería allí, afecta sus intereses. Además, acusan a Colombia de incumplir el tratado de libre comercio con Canadá.
Eco Oro pide USD 736 millones, Red Eagle Explorations, USD 124,64 millones, y Galway Gold tiene como pretensiones USD 196 millones.
REDACCIÓN JUSTICIA
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