El agente encubierto al que acusan de quedarse con dinero de operativo

El agente encubierto al que acusan de quedarse con dinero de operativo

El policía fue requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos. 

Dinero incautado

El subintendente es requerido en extradición por la supuesta obstrucción a la justicia. 

Foto:

Archivo particular

Por: Justicia
02 de abril 2020 , 10:34 a.m.

El 17 de octubre del 2019, agentes de la DEA y del CTI se trasladaron hasta el Hotel Antonio Culma Chicó, del Club de Agentes de la Policía, para capturar a un uniformado que trabajaba como agente encubierto.

Su detención se dio después de que ese mismo mes, a través de la embajada de Estados Unidos en Colombia, ese país le pidió  al Ministerio de Relaciones Exteriores que capturara con fines de extradición al subintendente colombiano.  

Según Estados Unidos, el ciudadano, miembro de la Policía, era requerido por la justicia de ese país para responder en juicio por los delitos de obstrucción a la justicia y tráfico de narcóticos. 

Puntualmente la justicia norteamericana afirma que él -un subintendente de la policía en cuya hoja de vida se ven múltiples felicitaciones y condecoraciones por sus misiones secretas- se había apoderado del dinero de un operativo encubierto del 10 de septiembre del 2019.

Desde entonces, el agente le ha pedido toda clase de pruebas a la Corte Suprema de Justicia, en medio del trámite de extradición.

Según el agente el dinero del operativo lo entregó a la Unidad Investigativa Nivel Central de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional Antinarcóticos, y no tuvo nada que ver con su pérdida.  

Tras la detención, el abogado del policía dijo que su captura fue ilegal, por lo que pidió varias pruebas y entrevistas. 

Dijo que debían ser entrevistados por lo menos tres agentes de la DEA que participaron en su detención. También dijo que había tres miembros del CTI de la Fiscalía que debían ser interrogados, así como el subjefe de la Seccional de Investigación Criminal, el jefe de gastos reservados, y el de la Unidad Antinarcóticos. 

Según dijo la defensa del agente, él  había sido intimidado psicológicamente, constreñido y presionado por lo que era "necesario conocer las irregularidades en que se incurrieron en tal procedimiento". 

La defensa también dijo que se les debía pedir a los agentes de la DEA que participaron en su captura el registro del video que realizaron cuando estaba en la habitación del hotel. Incluso, pidió que al hotel se le solicitara una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad. 

A juicio del abogado, se debía entrevistar al jefe de la Unidad Investigativa Nivel Central de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que hizo la apertura del libro de la bodega de evidencias, y a un coronel de Antinarcóticos que podía dar cuenta de que el agente había custodiado la maleta que tenía el dinero del operativo encubierto, y que había entregado ese dinero a la bodega de Antinarcóticos. 

También pidió que se le solicitara a la Dijín que le entregara los manuales sobre cómo se hacen los procedimientos y cómo son las actuaciones de los agentes encubiertos en entregas controladas. 

Sosteniendo que siempre fue un policía honorable, por ejemplo, en el 2016 el Ministerio de Defensa lo condecoró con la orden Estrella de la Policía, pidió que se le pidiera a esa institución una copia del proceso disciplinario en su contra, y que se le solicitara a la coordinadora de la unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General una certificación con todas las operaciones en las cuales él ha participado. 

La Corte le negó todas esas pruebas considerando que en los trámites de extradición, lo único que verifica el alto tribunal es la validez de la documentación que envía el país requiriente, la plena identidad de la persona solicitada, que no haya una doble incriminación -es decir, que no haya sido juzgado por los mismos hechos en el país-, el acatamiento de los tratados públicos, y los condicionamientos, en caso de que sean necesarios.

Es así cómo la Corte, que aún no se pronuncia sobre si avala o no su envío a Estados Unidos, no puede verificar si él es o no culpable, porque son las autoridades judiciales del país que lo requiere quienes deben abordar todo lo relacionado con su responsabilidad o inocencia. 

La Corte dijo que si hay un reparo en la forma en la que fue capturado, esas inconformidades debían ser elevadas a la Fiscalía General ya que ellos eran los responsables de su detención, y está a su disposición. En todo caso, ordenó que se le informe si en contra del agente hay algún proceso abierto en Colombia por los mismos hechos por los que es solicitado por Estados Unidos. 

JUSTICIA

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