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Se vuelve a agitar debate sobre armas que puede usar el Esmad
Paro nacional

Miembros del Esmad y manifestantes se enfrentan en las marchas del 21 de septiembre.

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César Melgarejo. EL TIEMPO

Se vuelve a agitar debate sobre armas que puede usar el Esmad

Una tutela prohíbe el uso de gases lacrimógenos, al considerar que afecta la capacidad pulmonar.

El Juzgado Quinto Laboral de Bogotá falló una tutela, el 29 de octubre, a favor de Matheo Augusto Rincón Galvis, quien interpuso el recurso contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Presidencia de La República “con el fin de que se ampare sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, presuntamente vulnerado por las accionadas”.

En el fallo se prohíbe la utilización de agentes químicos (gases lacrimógenos, entre otros) por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía Nacional, mientras esté vigente la declaratoria de emergencia sanitaria por covid-19.

El demandante señala en su exposición de motivos, entre otros, que la utilización de agentes químicos trae graves problemas a la salud, como la bronquitis crónica, “compromete la función pulmonar y lesión pulmunar aguda”, hecho que va en contravía de las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del virus.

Esto se suma al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que en septiembre evaluó un tutela y al proteger el derecho a la protesta le ordenó al Esmad retirar la escopeta calibre 12, la misma que fue accionada en noviembre del año pasado contra el joven Dilan Cruz.

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En respuesta, el ministerio de la Defensa dijo que hará uso de las herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico, “con el fin de que se realice una evaluación de acuerdo con el marco jurídico y el fundamento internacional y nacional que existe sobre la materia”.

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Reiteró que son respetuosos de las órdenes emitidas por las autoridades judiciales y que son garantes del derecho a la manifestación pacífica y que “ejerce la autoridad legítima del Estado en caso de violencia o vandalismo”. El Ejecutivo pedirá la revisión de la medida.

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Una fuente de la Policía señaló a este diario que de inmediato se sacó del equipo de los integrantes del Esmad este tipo de elementos, y señaló que ellos mismos los usan en los entrenamientos sin que se haya reportado algún tipo de afectación.

Se debata y analice seriamente la necesidad de mantener el uso de agentes químicos o determinar su prohibición absoluta

EL TIEMPO consultó con analistas sobre el tema que ha generado polémica.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui aseguró que la política de Seguridad debe estar a cargo del Ejecutivo nacional. “Se acatan y respetan los fallos de las altas Cortes, pero están es coadministrando”.

El congresista se cuestionó que si se le quitan las herramientas a la Fuerza Pública para que actúen, intervengan y controlen el orden público, “¿quién nos va a defender cuando haya necesidad de contar con esas herramientas que, además, cumplen con estándares internacionales, como lo ha expresado el ministro de la Defensa”.

Por su parte, la representante por la Alianza Verde Katherine Miranda señaló que esta es una gran oportunidad para que “se evalúe a fondo lo nocivo de este tipo de agentes para la salud humana y se piense en una prohibición permanente de sus usos”.

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Precisamente, en el fallo de tutela se insta al Gobierno a que en el marco de la reglamentación ordenada en sentencia STC7641-2020 “se debata y analice seriamente la necesidad de mantener el uso de agentes químicos o determinar su prohibición absoluta”.

Hay que dejar en claro que no usar ese tipo de gases irritantes no disminuye la capacidad para reprimir una protesta violenta o disolver una manifestación

De otro lado, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), dijo que le preocupa que este fallo haga pensar a la ciudadanía que la Policía quedó disminuida en su capacidad de reacción frente a actos vandálicos o disturbios que requieran su presencia.

“Hay que dejar en claro que no usar ese tipo de gases irritantes no disminuye la capacidad para reprimir una protesta violenta o disolver una manifestación”, resaltó Restrepo, quien recordó que la Policía cuenta con otro tipo de mecanismos, como los chorros de agua a presión, o las granadas aturdidoras para frenar los disturbios.

Para el analista, el peligro real de contagios son las aglomeraciones y que a las jornadas y marchas vayan personas enfermas.

Otra es la posición de Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, quien dijo que el fallo de tutela se puede sustentar en un estudio de 2014, en 6.500 reclutas del Ejército de Estados Unidos, que determinó que aquellos que habían estado expuestos a este tipo de gases tienen hasta un 72 por ciento de posibilidades de adquirir enfermedades respiratorias agudas.

Para Nieto, esta es la oportunidad de poner sobre la mesa el protocolo que le pidió la Corte ala Presidencia, y la regulación del uso de las armas menos letales que pidió el Tribunal de Cundinamarca para aclarar el accionar de la Fuerza Pública en medio de la protesta social.

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Así como las medidas que impidan las infiltraciones en el proceso social, “generando claridades de acción en los episodios”, dijo Nieto, quien señaló que para lo anterior “es clave provocar un balance que dé algunas herramientas a la Fuerza Pública para poder generar las acciones que controlen posibles actos vandálicos”.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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