“Usted toca una mata y no respondo”. Esa fue la desafiante frase que repetía uno de los 70 campesinos que el pasado 16 de agosto se enfrentaron, con machetes, piedras y palos tapizados de puntillas, a un grupo de policías de la Dirección Antinarcóticos que iba a empezar la labor de erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda Fátima, municipio Tablón de Gómez, en Nariño.
El escuadrón ya había instalado el campamento y realizado el ‘barrido’ del terreno para detectar minas antipersona en los alrededores de los sembradíos de los narcocultivos. Pero, sobre las siete de la mañana, el campamento fue literalmente asaltado por labriegos que intentaron llevarse al comandante del grupo y las armas de dotación de los uniformados. La refriega, según un reporte de la Policía, derivó en la muerte de un campesino y nueve uniformados heridos, dos de ellos de gravedad. (Lea también: Las 4 causas de la mala hora de la lucha contra cultivos de coca)
La de Tablón de Gómez es la asonada más violenta contra la estrategia de erradicación manual en lo que va del año, pero, de lejos, no es la única. Casi a diario, los equipos que están cumpliendo el compromiso del Estado colombiano de no fumigar desde el aire con glifosato se encuentran con los llamados ‘bloqueos sociales’ de campesinos dedicados a la siembra de cultivos ilícitos.
El tema es crítico y el Gobierno evalúa sus estrategias. “Uno de los temas que más usa el narcotráfico para cumplir sus intereses es impedir que se haga erradicación, impedir que se haga sustitución de cultivos ilícitos, que se destruyan laboratorios”, dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Y agregó: “(los narcos) buscan camuflarse, infiltrarse en las protestas sociales y hacer ver mediáticamente que es una protesta legítima de los campesinos, cuando todos sabemos que los cultivos ilícitos son en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, una esclavitud”. Por esto, advirtió, “es obligación de la Fuerza Pública liberar esas familias de los carteles de las drogas”. (Lea también: Así despega el plan pactado en Cuba para erradicar en Briceño)
En lo corrido del año, los equipos del Ejército, la Armada y la Policía que están encargados de la erradicación manual han enfrentado 400 de esos ‘bloqueos sociales’, justo en los departamentos priorizados por el Gobierno porque allí están los cultivos más grandes: Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá y Guaviare.
En estos departamentos, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), se concentran 71.618 hectáreas de las 96.000 detectadas en el 2015. En otro departamento con alta incidencia de cultivos, Norte de Santander, no hay ni fumigación ni erradicación forzada desde el 2013, cuando uno de los paros campesinos más beligerantes de los últimos años se resolvió con la suscripción de acuerdos de sustitución voluntaria.
Las comunidades, sin embargo, no cumplieron y en el departamento casi se duplicó la coca en los últimos tres años.
Los bloqueos son una estrategia que va en aumento y complica aún más el difícil panorama que enfrenta el país en materia de cultivos ilícitos desde hace un año, cuando empezó a regir la prohibición de la Corte Constitucional para las fumigaciones aéreas. Entre 2014 y 2015, el área con coca pasó de 69.000 a 96.000 hectáreas, y se espera que para este año la cifra crezca aún más.
“El objetivo es no dejar arrancar las matas. A principios de este año llegaban a pie, o hasta en buses, a los sitios donde se iba a empezar la labor. Familias completas, y las mujeres llevaban a sus hijos, niños muy pequeños y también a adultos mayores; se paraban en frente de la compañía, se atravesaban y no dejaban pasar al cultivo. Para evitar la confrontación, nos toca irnos”, le dijo a este diario uno de los uniformados que participan en estas actividades.
En el 2015 los equipos de erradicación forzada fueron detenidos en 163 puntos del país, y en el 2014 se reportaron 114 bloqueos. Como ya no hay erradicación aérea, el impacto afecta directamente la capacidad del Estado para frenar la expansión de la coca. A Tumaco, que es el municipio con más sembrados ilegales en el país (17.000 hectáreas), los equipos de erradicación no pueden entrar hace semanas. (Lea también: Cultivos de coca crecen a niveles de hace ocho años)
De una capacidad de destrucción combinada (aérea y por tierra) de casi 200.000 hectáreas de coca de hace una década se ha pasado a cifras diez veces menores.
En el 2013 se destruyeron casi 70.000 hectáreas de coca; fueron 61.000 hectáreas en el 2014 y poco más de 34.000 en el 2015. Y este año, transcurridos ya casi ocho meses, apenas van 12.000 hectáreas afectadas. Esta última cifra equivale a poco más de la décima parte del territorio sembrado con coca.
¿Qué está pasando? Además de una eventual apuesta de campesinos por subir su capacidad de negociación con el Estado (bajo la lógica de que si tienen más coca podrían pedir más a cambio para sustituirla) se han detectado presiones de los grupos armados ilegales. (Además: Farc se comprometen a romper cualquier relación con el narcotráfico)
Eso está pasando incluso en zonas de presencia de las Farc que están en la mira de las bandas y el Eln. La semana pasada, ‘elenos’ y fichas de ‘los Úsuga’ citaron a los campesinos de una vereda de El Tambo, Cauca, para advertirles que se opondrán a la erradicación de los cultivos ilícitos en ese departamento y otros de la zona suroccidente.
Informes de inteligencia del Estado han detectado intentonas similares en otras regiones. En este momento están completamente bloqueadas las acciones de erradicación en Caquetá.
Paz, clave para revertir la tendenciaSi bien el Gobierno reconoce que la situación con los cultivos de coca es compleja, su apuesta es revertir en el corto y mediano plazo la tendencia creciente de la coca, como efecto directo del proceso de paz.
Esto porque las zonas de siembra coinciden perfectamente con el mapa de la presencia de esa guerrilla en casi todo el territorio nacional.
En La Habana ya se acordó una estrategia antinarcóticos que privilegia los acuerdos de erradicación voluntaria y el desarrollo alternativo. La desmovilización y entrega de armas de las Farc les quitará a los equipos de erradicación en tierra la presión armada de un ejército irregular que se dedicaba a proteger los narcocultivos y los laboratorios en las últimas décadas. (Lea el comunicado conjunto sobre el acuerdo en cultivos ilícitos)
El cambio de enfoque de la fumigación al desarrollo alternativo tendrá también un capítulo en la titulación de tierras, pues se ha detectado que los campesinos no siembran coca cuando la tierra es de ellos. La legalización de la propiedad sería así un aliciente para salir de la ilegalidad. Y va a ser clave la capacidad del Estado para evitar que otros grupos armados copen las áreas de las que salgan las Farc.
JUSTICIA
