Detrás de al menos dos empresas que asesoraban a EPS para que les pagaran dineros que les tenían retenidos por no acreditar los requisitos para recobrarle al Fosyga, la Contraloría General descubrió un presunto detrimento al erario público que ya suma más de 50.914 millones de pesos.
El caso, considerado en el 2011 por el presidente Juan Manuel Santos como un verdadero ‘carrusel’ de la salud, tiene hoy respondiendo a dos altas exfuncionarias del Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Salud) y a 15 EPS.
Los hechos comenzaron después de que el Ministerio suscribió en el 2005 un encargo fiduciario, procedimiento obligatorio para que manejara el fondo en el que se guardaban los dineros con los que se les debía pagar a las EPS por tratamientos o medicinas no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
El fondo, denominado Fidufosyga, creó varias glosas en las que retuvo los pagos de al menos 15 EPS, porque encontró que sus recobros no cumplían con los requisitos para girarles esos recursos.
Entre los incumplimientos estaban la falta de firmas y autorizaciones médicas, hasta recobros por procedimientos y medicamentos que están en el POS.
Como las EPS se quejaron ante todos los organismos de control afirmando que la fiducia no les pagaba lo que les debía, el Ministerio de Protección creó un grupo interno de trabajo en dicha cartera para que revisara cada uno de los casos y levantara las glosas en las que se cumplieran los requisitos.
Es allí, según el proceso, en donde se encontró una red criminal. La funcionaria que tenía a su cargo el equipo interno, y que era responsable de revisar las glosas, supuestamente tenía dos empresas junto con exfuncionarios del Ministerio en las que les prestaban asesoría a las EPS para que les autorizaran los pagos negados. Esta empresa recibía comisiones de las EPS por cada glosa que el Ministerio levantó. La funcionaria investigada levantó glosas que sumaban, según la Contraloría, 67.607 recobros al Fosyga.
En el caso también figura la directora de financiamiento del Ministerio, a quien le imputaron cargos por culpa grave, pues si bien no habría participado dentro de la red ilegal, no tuvo el suficiente cuidado para evitar el desfalco.
De los más de 77.000 millones de pesos auditados por la Contraloría, el organismo detectó que en el 66 por ciento de los recobros no se cumplían los requisitos para levantar las glosas y autorizar los pagos.
Entre las más beneficiadas supuestamente con el levantamiento de glosas de manera irregular están Sanitas, EPS a la que el organismo de control le imputó cargos por 20.080 millones de pesos; Coomeva, por 11.117 millones de pesos, y la liquidada Saludcoop, por 4.351 millones.
Entre los procedimientos irregulares por los que no se les debía entregar el dinero, la Contraloría estableció que al menos 13.337 millones de pesos tenían que ver con que los servicios que las EPS recobraban estaban incluidos en el POS y, por lo tanto, no debían ser asumidos por el Estado, sino por esas entidades prestadoras de salud. En otros recobros por 11.651 millones de pesos, las entidades no llenaban todos los requisitos.
Una de las primeras irregularidades consistió en que, a pesar de que el Ministerio le ordenó al equipo interno revisar recobros anteriores al 2005, ese comité terminó estudiando casos hasta el 2010. En el proceso también se encontraron correos en los que quedaría en evidencia cómo operaba el ‘carrusel’.
Las evidencias en poder de la Contraloría y la Fiscalía muestran que presuntamente una exfuncionaria encargada del equipo interno hablaba sobre sus planes de enriquecerse con las empresas fachada que asesoraban a las EPS, mientras que ella a su vez levantaba las glosas sin importar si cumplían con los requisitos para pagarles, procedimiento por el que recibían comisiones.
Hace dos semanas, en otro caso, la Contraloría les imputó cargos a 39 EPS por recobros al Fosyga entre el 2007 y 2010, en medio de la política de libertad de precios, que habrían generado sobrecostos de medicinas por más de $ 42.591 millones. Los dos casos los lleva la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría.
JUSTICIA
