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'La cadena perpetua es un trato cruel y degradante': demandantes
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¿Qué pasará tras caída de la cadena perpetua?¿Qué pasará tras caída de la cadena perpetua?
Cárcel El Espinal, Tolima cárcel cárceles en Colombia

Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

'La cadena perpetua es un trato cruel y degradante': demandantes

Habla Manuel Iturralde, codirector del Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el Acto Legislativo 01 de 2020 que contemplaba la pena perpetua, revisable a los 25 años, para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, al estimar que es violatoria de un eje fundamental de la Constitución de 1991: la dignidad humana. 

EL TIEMPO habló con Manuel Iturralde, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y codirector del Grupo de Prisiones que presentó la demanda que estudió la Corte Constitucional.

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El Congreso falta a su deber de proteger los derechos de los niños al tratar de optar por una vía punitiva que es más que todo simbólica para satisfacer ansiedades y miedos de la sociedad.

¿Qué motivó la demanda?

Como académicos y estudiantes de derechos que somos los que conformamos el Grupo de Prisiones estamos comprometidos con los principios y valores de un Estado Social de Derecho que está creado para proteger los derechos fundamentales de las personas y la dignidad humana de todas, incluidas las que cometen delitos. Y nos preocupó esa reforma constitucional que establecía la cadena perpetua en el sentido dado que desnaturaliza por completo el espíritu de nuestro orden constitucional. Nos parece que esa solución no solo deslegitima la Constitución, sino que no es una respuesta adecuada para lo que nos preocupa a todos: la protección de los derechos de los niños.

¿Por qué?
Creemos que la cadena perpetua no es solo una salida equivocada, violatoria de nuestro ordenamiento constitucional, sino una que no va a redundar en una mayor protección de los derechos de los niños. El Congreso está faltando a su deber de proteger efectivamente los derechos de los niños al tratar de optar por una vía punitiva que es más que todo simbólica y de cara al público para satisfacer ansiedades y miedos de la sociedad.

Si queremos de verdad defender a los niños de esos delitos, deberíamos estudiar con juicio cuáles son las causas de estos y buscar atacarlas. Por ejemplo, es mucho más importante la certeza y eficacia del sistema penal. Y hay otros factores como la forma en que son educados y formados los miembros de una sociedad que legitima la violencia.

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¿Qué elementos destaca de la decisión?

Todavía no conocemos el texto integral de la sentencia, pero con lo que pudimos ver del comunicado de prensa de la Corte estamos muy satisfechos porque, en esencia, acogió nuestro argumento central: que el Congreso, por más que tenga la potestad de reformar la Constitución, no tiene la competencia para sustituirla en alguno de sus aspectos fundamentales que determinan la esencia de la Constitución. Uno de esos ejes es la idea del Estado Social de Derecho que rige nuestro ordenamiento constitucional y político y la idea de la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos colombianos.

En la cadena perpetua, al centrarse en un aspecto retributivo y excluyente de quién comete cierto tipo de delitos, se renuncia a reconocer la dignidad de esta persona, en el sentido de que toda persona tiene el derecho de resocializarse, a cambiar, a transformarse. Y, por tanto, la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano y degradante que no da esa posibilidad.

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Es un retroceso porque nuestra Constitución parte desde la proscripción de la cadena perpetua, de la pena de muerte. Es decir, no son aspectos marginales, sino esenciales de la Constitución. Era un retroceso gigantesco.

Sala Plena Corte Constitucional

Foto:

Corte Constitucional

Reconocer que la cadena perpetua es un trato, cruel y degradante que no se le puede dispensar a ningún humano, no implica afectar la dignidad y los derechos de los niños.

¿Cómo podría incorporarse la pena perpetua en Colombia?

Cada comunidad política como lo es Colombia, o el constituyente primario como lo llamamos los abogados, tiene la potestad de crear el ordenamiento constitucional que quiera. Se trata de una función exclusiva del constituyente primario y no del Congreso. En el ordenamiento constitucional actual la Corte ya estableció de manera clara que la cadena perpetua es incompatible. Por lo tanto, si quisiéramos implementar la pena perpetua en Colombia no bastaría con reformar la Constitución sino que tendríamos que diseñar un nuevo modelo de Estado de Derecho y solo podría hacerse mediante una Asamblea Nacional Constituyente.

¿Estaría de acuerdo en convocar una constituyente para establecer la pena perpetua?

¿Vale la pena para algo tan puntual cambiar todo el ordenamiento constitucional colombiano? ¿Cambiar la esencia del Estado Social de Derecho que, con todos sus defectos, ha funcionado? Creo que tendríamos que tener mucho cuidado de implementar un mecanismo tan complejo para una reforma tal puntual y que -está demostrado- no es una herramienta eficaz ni adecuada para proteger los derechos de los niños.

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Una crítica recurrente asegura que, con este tipo de decisiones, se pone por encima de los derechos de las víctimas, los derechos y la dignidad humana del victimario. ¿Qué responder?

Yo entiendo y comparto el sentimiento de las personas y de quiénes se indignan con las personas que cometen estos delitos. Pero, ¿cuál es el punto? Quiénes están haciendo esta crítica -sobre todo si son del Congreso o del Gobierno que deberían conocer nuestro ordenamiento constitucional-no comprenden el concepto de dignidad humana. Esto no es un juego de sumatorias. No es que mientras más dignidad le reconozco a uno, le quito a otro, no. La dignidad humana es el reconocimiento de que todos los seres humanos, sin importar quiénes somos o lo que hacemos, somos portadores de derechos, somos valiosos, somos un fin en sí mismo.

Reconocer que la cadena perpetua es un trato, cruel y degradante que no se le puede dispensar a ningún humano, no implica afectar la dignidad y los derechos de los niños. Que se reconozca la dignidad de un violador-aunque suene fuerte- no es desconocer la dignidad de un niño. Una pregunta importante es cómo podemos encontrar mecanismos que protejan más eficazmente a los niños, que hagan realidad la supremacía de los derechos de los niños, sin violar la dignidad de otras personas.

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Por proteger los derechos de los niños, no podemos incurrir en el error de -desproporcionadamente-desconocer o ignorar los derechos y la dignidad humana de otras personas.

El Inpec dijo a la Corte que tenían más de mil reincidentes por estos delitos presos en este momento y ese es otro argumento recurrente en este caso: que al menos el violador está preso y no va "a salir a seguir haciendo lo mismo".

Los argumentos futuristas de qué va a hacer una persona cuando salga de la cárcel son contrarios a un Estado Social de Derecho, a la protección de derechos humanos y a la concepción de la dignidad humana. Esto en el sentido que nuestro ordenamiento jurídico debe estar comprometido con el principio de que a las personas se les castiga por lo que hacen y no por lo que son y por lo que podrían hacer.

Justamente, el tratamiento penitenciario busca reformar a las personas y que eso sirva como mecanismo de prevención de comisión de nuevos delitos o de reincidentes. Con cifras en la mano podemos decir que no todos los delincuentes sexuales son reincidentes y no podemos limitar de manera absoluta sus derechos bajo la premisa-no probada- de que una vez salgan de la cárcel van a cometer los mismos delitos. De hecho, también se pierde en el debate que las penas que existen hoy en día para las personas que cometen estos delitos son supremamente altas, de 50 o 60 años.

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La magistrada Gloria Ortiz en su salvamento de voto asegura que la pena perpetua sí busca proteger uno de los ejes axiales de la Constitución, que es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Gobierno insiste en que los derechos de los menores son prevalentes. ¿Qué responder?


Aunque hay que leer la sentencia, no creo que la Corte no tenga en cuenta esos factores. Aunque uno reconozca que la prevalencia de los derechos de los niños es uno de los ejes fundamentales de la Constitución, en el ordenamiento constitucional que es respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad de todos los ciudadanos, que predominen los derechos de unos, como los de los niños, no quiere decir la negación absoluta de los derechos de otros. Y eso es lo que haría la cadena perpetua. Por proteger los derechos de los niños, no podemos incurrir en el error de desproporcionadamente desconocer o ignorar los derechos y la dignidad humana de otras personas.

Sobre el argumento de que la pena perpetua es revisable podemos decir que el hecho que se permita sólo a los 25 años, ya es violatorio de los derechos a la resocialización de las personas. Esperar 25 años en un contexto carcelario como el colombiano ya implica una desocialización y una afectación grave de los derechos fundamentales de las personas. Y, segundo, el solo hecho de que la Constitución plantee de que si una persona no se reforma pase el resto de su vida en la cárcel, es la negación de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: Aleja Bonilla

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