La alta justicia del país atraviesa una de las peores crisis de su historia. La vinculación que la Fiscalía General de la Nación ha hecho de tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia con actos de corrupción estremeció no solo a toda nuestra población, sino a las mismas cortes.
El viernes pasado, los presidentes de las cuatro altas cortes solicitaron en una declaración oficial “sanciones ejemplarizantes” contra los exmagistrados y parlamentarios, en caso de responsabilidad. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, declara que la situación es “alarmante” y plantea como una de las soluciones despojar a las cortes de sus funciones electorales. Asimismo, anuncia que el Gobierno se opone a una constituyente. “Con la justicia hay una situación de crisis grave, seria. Existe un estado de desconfianza de la ciudadanía frente al sistema judicial”.
¿Qué lo conduce a hacer semejante diagnóstico?
La realidad. La justicia debe ser un emblema de equilibrio, virtud y pureza; lamentablemente, las últimas noticias, en todo orden, ponen en duda esta concepción. La petición de la Fiscalía para que se investigue a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción es alarmante y genera un efecto devastador en la justicia y en toda la sociedad colombiana.
¿Por qué cree usted que ocurrió todo esto que se ha descubierto?
Hay problemas que ya se han diagnosticado: desde 2008, cuando fui presidente del Consejo de Estado, sostuve, y aún lo hago, que las actividades de naturaleza electoral que ejercen las altas cortes no solo demandan mucho tiempo y energía sino que distraen y pervierten la verdadera labor de un juez, la cual es administrar justicia. La misión del juez es sagrada, debe ser ajena a todas esas vanidades que pueden generar las funciones electorales y una vacua manifestación de poder. Esas facultades pueden llegar a ser nocivas; como señaló Hernando Yepes, fue un “regalo envenenado” que dio la Constitución del 91 a la justicia.
¿Usted, en consecuencia, es partidario de quitarle a las cortes esos poderes?
Sí, señor, absolutamente; despojarlas de todo poder de decisión electoral. Es que hoy intervienen en las elecciones de Fiscal General, Procurador, Auditor e igualmente tienen que elaborar ternas para el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, y todo eso es ajeno a la función de administrar justicia.
¿Si las cortes no eligen Fiscal, quién lo debería elegir?
Podría ser razonable que lo hiciera un comité intersectorial en el que participaran diferentes sectores, como la academia, la Rama Judicial y aquellos que pueden contribuir a construir un mejor sistema.
Algunos sectores políticos, como el Centro Democrático, y dirigentes, como la senadora y exfiscal general Viviane Morales, han propuesto la convocatoria de una constituyente para reformar la justicia. ¿Qué opina?
Yo no soy partidario de una constituyente. Uno sabe cómo comienza pero no cómo termina. En esta legislatura nos encontramos en un periodo preelectoral en el cual es muy difícil que el Gobierno alcance a presentar una reforma; sin embargo, el ministerio sigue avanzando en la construcción de todos los insumos y herramientas técnicas necesarias para fortalecer el sistema de justicia.
Considera que la corrupción en la Corte Suprema de Justicia es:
¿El problema también podría ser el tipo de juristas que se eligen para las cortes?
Es deber de quienes eligen a los magistrados designar a los mejores juristas, pero también a los más virtuosos. La condición humana debe ser un requisito concomitante al saber.
¿Sería conveniente elevar por ley la edad mínima de los magistrados?
Sí. La magistratura debe ser la cúspide de la carrera de un jurista. Yo soy partidario de que aumenten los requisitos de experiencia y de edad. Es posible desarrollar mediante ley estatutaria el artículo 232 de la Constitución, que plantea requisitos como los 15 años de experiencia y que los candidatos a las altas cortes provengan de diferentes orígenes. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de sus grandes jueces renunció a los 93 años porque se quedó dormido en una audiencia y le pareció un grave acto de irresponsabilidad.
¿Por qué la Corte Suprema es ahora susceptible a las tentaciones de la corrupción?
La administración de justicia no debe ser un poder sino una función judicial, de sacerdocio, de entrega. Si se les quitan a las cortes las funciones electorales que hoy tienen, podemos volver al aquilatamiento y serenidad que tenían los magistrados. Las cortes deben estar al margen del clientelismo y de la politiquería.
Como ya no hay tiempo para presentar una reforma, ¿qué podría hacerse?
Pienso convocar a la academia, a la sociedad civil, a los centros de pensamiento y a la Rama Judicial a un debate para preparar un documento y entregarlo al próximo gobierno. Será una especie de hoja de ruta.
¿Cómo evitar que las relaciones del Congreso y los magistrados se corrompan?
La corrupción es muy difícil de enfrentar; sin embargo, el sistema debe estar en capacidad de identificar fenómenos de corrupción y sancionarlos. Se necesita seguir fomentando la transparencia y la integridad de los funcionarios públicos.
A los magistrados acusados los juzga la Comisión de Acusación. ¿Confía en ella?
Aunque en el pasado la comisión no ha funcionado conforme a los deberes propios en esta materia, esperamos que ante la gravedad de los hechos que se debaten se dé una pronta respuesta, respetando todos los conductos legales.
Para formar parte del Tribunal de Paz se presentaron como 2.000 aspirantes. El Comité de Escogencia va a elegir a los miembros el 26 de septiembre. Serán prohombres, sin mácula, sin cuestionamientos, sin objeciones en su vida, con gran saber jurídico y que tengan también una gran sensibilidad. Bajo esas condiciones, escoger puede ser fácil.
Bienes de las FarcLas Farc entregaron el inventario definitivo de sus bienes y activos a la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, quienes a su vez se lo entregaron al Ministerio del Interior, que lo depositó en un sobre sellado cuya custodia se lleva en una caja fuerte bajo la vigilancia de este ministerio. Del inventario se entregaron copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la JEP.
¿Qué va a pasar con esos bienes?
Serán destinados en su totalidad a la reparación de las víctimas del conflicto a través del Fondo de Víctimas.
¿Pero entregaron un listado, no los bienes?
Entregaron un inventario definitivo de bienes y activos, el cual tiene 135 folios, bienes sobre los cuales no se aplicará extinción de dominio sino que se realizará un proceso especial de normalización de bienes.
Pero, el Fiscal rechaza esta idea...
Sí, pues sostiene que en este proceso se debe presentar una extinción de dominio a todos los bienes inventariados, tesis con la que estoy en desacuerdo.
¿Por qué razones?
El Gobierno está trabajando en la regulación del proceso de normalización de bienes, los cuales, a través del Fondo de Víctimas, estarán destinados en el 100 por ciento para la reparación de las víctimas. Por el contrario, si aplicamos la tesis del Fiscal, los bienes inventariados irían al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), caso en el cual, de acuerdo con las destinaciones específicas previstas para este fondo, solamente se destinaría el 5 por ciento para la reparación de las víctimas. El patrimonio autónomo que tenemos que constituir recibiría bienes muebles, como dinero o cabezas de ganado, a través de un trámite administrativo expedito. En el caso de los bienes sujetos a registro, hay que tener en cuenta que las Farc no aparecen como propietarios titulares, ni como personas jurídicas porque no lo son ni como personas naturales; por ello, en estos casos se va a requerir un procedimiento.
Pero, sobre ese punto, las Farc han dicho que casi todos son terrenos baldíos...
Seguramente habrá baldíos, pero no sabemos en qué proporción. Pero hay que destacar que es la primera vez que un grupo rebelde entrega bienes, porque los paramilitares lo que entregaron fue una finca que estaba pignorada.
¿Cuentas en el exterior?
El Gobierno recibió una carpeta de 135 folios donde están relacionando sus propiedades. El detalle no lo conozco. Lo que sí haremos es constituir un patrimonio autónomo, conformado por todos los bienes y activos inventariados, patrimonio que será gobernado por un consejo fiduciario.
¿Quiénes integran ese consejo?
En este momento no ha sido integrado. La administración será decidida y constituida por el Gobierno Nacional por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.
¿Y quién lo administrará?
El Gobierno definirá cuál será la entidad idónea para su administración, que entre otras cosas se encargará de la monetización de los bienes.
¿Y para qué monetizar?
El Fondo de Víctimas debe contar con bienes y recursos con el objeto de disponer de ellos para la reparación.
¿Qué hay sobre la supuesta excarcelación masiva que se prepara?
En primer lugar, tenemos que aclarar que no se trata de ningún tipo de excarcelación masiva. En efecto, las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016 plantean la posibilidad, para las personas privadas de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento y no una condena, de que puedan solicitar a un juez de control de garantías la revocatoria de esa medida, por la prolongación excesiva de esta.
El año pasado, cuando entró en vigencia la primera de estas leyes, algunos alarmaban por la salida de cerca de 14.000 personas de las cárceles, pero solo salieron 1.277. Han corrido en los medios en el sentido de que ya salieron 12.000 más. Si miramos las cifras del Inpec, estas siguen inmóviles frente a salidas de sindicados.
¿Cuál es esa supuesta excarcelación masiva de la que tanto hablan?
No se trata de una excarcelación masiva, porque está precedida de una serie de requisitos; es una medida que no opera en forma automática, es a petición de parte. Cada caso tiene que ser revisado y decidido por el juez; el proceso sigue, no hay suspensión de términos y la investigación continúa.
¿Usted qué hubiera hecho si le hacen una propuesta indecente?
Inmediatamente pongo en conocimiento de las autoridades, porque hacer una propuesta así es un delito.
¿Cuando era presidente del Consejo de Estado conoció a Bustos?
Obviamente conocí a todos los magistrados de las cortes.
¿Nunca tuvo una idea mala de Bustos, ni de Tarquino ni de Ricaurte?
No, no la tuve. Pero le voy a contestar con una pregunta, ¿Quien va a pecar lleva testigos?
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO