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‘Las personas no están obligadas a padecer intensos sufrimientos’
Magistrada Diana Fajardo

Diana Fajardo es magistrada del alto tribunal desde 2017. 

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Jorge Alejandro Medellín

‘Las personas no están obligadas a padecer intensos sufrimientos’

Diana Fajardo es magistrada del alto tribunal desde 2017. 

Habla Diana Fajardo, magistrada ponente del fallo de Corte Constitucional que amplió la eutanasia.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tomó esta semana una histórica decisión al determinar que el derecho a morir dignamente ya no solo cobija a pacientes en “fase terminal”, sino también a aquellos que padezcan intensos sufrimientos psíquicos y físicos por cuenta de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable.

La magistrada encargada de proyectar la decisión, Diana Fajardo Rivera, explicó en entrevista con EL TIEMPO los alcances de la decisión, los pasos a seguir y responde a críticas.

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El mensaje es uno solo: en un estado de derecho como el colombiano, en el que el fundamento es la dignidad humana, las personas tienen derecho, en ejercicio de su autonomía, a decidir sobre el final de la existencia.

24 años después de que la Corte permitiera la eutanasia a pacientes terminales, el alto tribunal amplió el derecho a morir dignamente. ¿En qué consiste esta decisión?

La decisión consiste en ampliar dos dimensiones de la autonomía: la posibilidad de decidir autónomamente sobre el final de la existencia y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Corte señaló que las personas no están obligadas a padecer intensos sufrimientos derivados de lesiones o enfermedades graves e incurables; que tienen derecho a decidir cómo termina su vida y que el derecho penal no puede utilizarse para castigar a los médicos que contribuyen a que sea efectivo el derecho fundamental a morir dignamente.

Antes de esta decisión, además de padecer una enfermedad grave e incurable, se exigía a la persona que tuviera un pronóstico de muerte próxima o de “fase terminal” y ahora la Corte eliminó esta última exigencia.

¿Qué parámetro llevó a la Corte a tomar esa decisión?

El parámetro está compuesto por la vida digna (o las condiciones necesarias para llevar una vida digna) y el derecho a la integridad personal. Los dos derechos le exigen al Estado preservar un margen de decisión para que una persona inmersa en una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos, decida el momento en que debe terminar su vida y cómo debe ocurrir ese desenlace.

¿Qué valoración hace la Corte sobre la tensión entre el derecho a morir dignamente y la dignidad humana?

Para la Corte, esta tensión se resuelve cuando se considera que la autonomía te permite decidir cómo quieres morir y cuáles son los intereses existenciales que constituyen una vida en condiciones de dignidad.

Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte armoniza los principios en conflicto y propicia un encuentro de estos en la autodeterminación sobre cuestiones existenciales.

¿Por qué mantener el criterio de ser paciente terminal se estaba volviendo una barrera?

La ley exige que los pacientes cuenten con un diagnóstico de enfermedad grave e incurable, y que manifiesten intenso sufrimiento derivado de la enfermedad para acceder válidamente a un servicio de muerte digna (conocido como eutanasia). Antes de la decisión adoptada por la Corte también se exigía que recibiera el pronóstico de fase terminal o de poco tiempo de vida. Como la decisión elimina este último requisito, se amplía el acceso al derecho fundamental a morir dignamente.

¿Por qué es una barrera que no haya una regulación legal sobre la eutanasia?

En términos generales, los derechos fundamentales se formulan de manera amplia (educación, salud, etc.). Por eso es necesario que el Congreso, donde están los representantes elegidos por el pueblo, los precise. En ese sentido, una regulación que sea producto de la deliberación democrática, con cierto grado de estabilidad en el tiempo, siempre será considerada como una garantía necesaria para el goce efectivo de los derechos.

En el caso del derecho a morir dignamente, hace 24 años la Corte exhortó al Congreso a avanzar en esta regulación, y entre 2014 y 2020 ha reiterado este exhorto en varias sentencias de tutela. Los exhortos son una expresión de la colaboración armónica en la eficacia de los derechos, pero, lamentablemente, cuando el Congreso no los concreta en normas legales, se genera o se perpetúa un déficit de protección como el que se evidencia en torno al derecho a morir dignamente. En 2014 se profirió la Ley de cuidados paliativos (1733 de 2014), pero no se ha dado la regulación integral del derecho a morir dignamente. Es este el llamado que hoy reitera la Corte Constitucional.

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¿Cómo se determinará que un paciente padece intenso sufrimiento por lesiones corporales o enfermedad grave o incurable? Seguramente el asunto generará debate en la opinión pública...

La determinación corresponde a los profesionales de la medicina. Existe una suerte de consenso acerca de cuáles son las enfermedades más graves (como el cáncer, o el sida en sus etapas más avanzadas), que los pacientes conocen. Obviamente, también habrá casos debatibles en la comunidad científica que serán analizados por comités interdisciplinarios que ya existen.

¿Qué se entiende por sufrimiento por “lesiones corporales”?


El sufrimiento es una emoción asociada al dolor. El dolor puede tener origen físico o fisiológico y los profesionales de la salud cuentan con algunos elementos para determinarlo. Pero es, además, una experiencia subjetiva. El sufrimiento por lesiones corporales consistiría en aquellos signos que el cuerpo envía al sistema nervioso a raíz de un evento traumático ocurrido en su cuerpo y que le genera la experiencia de sufrir.

Sin embargo, este es un aspecto propio de cada caso concreto en que una persona pretenda acceder a un procedimiento de muerte digna. El pronunciamiento de la Corte no se adelanta a diagnosticar si una persona siente dolor, cómo lo siente o por qué razón. Sólo da orientaciones basadas en un análisis de la doctrina jurídica, médica y ética, la intervención de personas e instituciones expertas dentro del proceso de constitucionalidad, el derecho comparado y los instrumentos desarrollados por el Ministerio de Salud.

¿Un paciente no terminal puede pedir ya la eutanasia al médico tratante? ¿Será necesaria una regulación administrativa?

Una sentencia de constitucionalidad debe hacerse efectiva desde el día siguiente a la adopción y comunicación de la decisión.

Una vez la Corte Constitucional ha concluido que la enfermedad terminal no es un requisito necesario para acceder válidamente a un procedimiento de muerte digna (conocido como eutanasia) corresponde a todos los profesionales de la salud, las EPS, las IPS y los demás órganos del Sistema de Salud, aplicarla de manera inmediata.

La regulación deberá adaptarse en el sentido de la sentencia, pero desde ya debe aplicarse lo decidido por la Corte Constitucional, como guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución Política.

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar una eutanasia en Colombia?

El consentimiento informado, inequívoco y reiterado del paciente; la intervención médica; y que la persona que pide el servicio sufra una enfermedad grave e incurable que le produzca intensos sufrimientos. Es muy importante insistir en que es la voluntad del paciente, inmerso en circunstancias de salud muy difíciles, es el elemento central para acceder a un procedimiento de muerte digna. O, en otros términos, insistir en que nadie puede ser privado de su vida, de manera justificada, sin su consentimiento, más allá de las circunstancias de salud que enfrente.

¿Qué responder a quiénes dicen que la Corte tomó una decisión que correspondía al Congreso?

Por una parte, que la Corte es guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución, e intérprete autorizada de los derechos fundamentales. Po otra, que a partir de un profundo respeto por el Congreso, insiste en que este es el órgano que debe dictar una regulación integral para el acceso al derecho a morir dignamente.

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¿Qué mensaje está enviado a la Corte sobre las decisiones sobre el propio cuerpo, la vida con dignidad, el no padecimiento de tratos crueles e inhumanos?

El mensaje es claro: el estado constitucional de derecho tiene como fundamento esencial la dignidad humana, y dos de sus tres dimensiones se encuentran en el centro de la argumentación de la Corte: vivir bien y vivir como se quiera. En este sentido, esta decisión respeta la autonomía y la autodeterminación al final de la vida; y rechaza que se le imponga a una persona soportar el sufrimiento indefinidamente.

¿Cómo les respondería a los críticos que consideran que la sentencia permite deshacerse de las personas viejas y enfermas?

La Corte Constitucional interpreta principios complejos, algunos trascendentales, como la vida y la autonomía. No le corresponde a la Corte imponer un modo de vida, un estándar sobre la calidad de vida o decisiones al final de la vida. Su papel es permitir que en el Estado Constitucional de Derecho, donde coexisten formas de ver el mundo diversas, las personas puedan optar por las que mejor se adecúen y correspondan a sus intereses críticos, al modo en que viven y en que termina su vida.


En Twitter: @AlejaBonilla
Redacción Justicia

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