El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en diálogo con EL TIEMPO y el ‘Noticiero CM&’, dijo que solamente unidos todos podemos acabar con la corrupción y la impunidad.
“La corrupción nos está expropiando la democracia; estamos advirtiendo una precariedad desde la perspectiva de la ética pública enorme; en Córdoba, con la hemofilia, hay más de 70.000 millones de pesos perdidos; pasa lo mismo con los recursos de los niños en los programas de alimentación; los programas que tienen que ver con los megacolegios enfrentan unas dificultades enormes en las regiones y esto está generando escepticismo entre la ciudadanía sobre la capacidad de la institucionalidad para enfrentar la corrupción. La única manera es que nosotros tres mostremos que, unidos, podemos doblegar la corrupción”.
Entonces, llegó el momento de la acción de estas tres entidades.
¿Esta corrupción es tanto del sector público como del privado?
Claro, esto no se le puede atribuir solamente al sector público; de hecho, hay actos ya, contrarios a la ética, que están encapsulados exclusivamente en el sector privado. Tenemos que volver a la cultura de la legalidad, y la verdad es que a través del poder disuasivo del ejercicio de las funciones de estas tres entidades podemos rescatar mucho esa ética colectiva. Esa es una prioridad fundamental.
¿En qué sectores de la empresa privada hay corrupción?
Lo estamos viendo en la contratación pública, y en una modalidad muy sofisticada de corrupción que ha surgido: lo que los americanos llaman ‘rent-seeking’, que es cuando los particulares obtienen riqueza a través de regulaciones privilegiadas; el trámite de los POT, forma de corrupción que se esté elaborando en Colombia a la luz del día; alcaldes y concejales cambian las normas de uso de suelos de sus municipio en beneficio de determinados proyectos, y eso vale una plata importante. ¿Quién la pone? El sector privado.
Quiero invitar a quienes hayan sido víctimas o quienes hayan estado comprometidos en esos casos de corrupción que acudan a la Fiscalía y pueden tener el beneficio de la inmunidad, pero destapamos la olla de la corrupción y entre todos podemos, por esa vía, romper el problema de la impunidad.
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¿Y la responsabilidad de la clase política?
El problema es sistémico y está asociado definitivamente al sistema político y el sistema electoral. Hay que decirlo con claridad: hay una nueva dirigencia política, una dirigencia emergente que no tiene un ideario, que no le propone a la ciudadanía un concepto de Estado y su ideario es la apropiación del patrimonio público. A la vuelta de la esquina, si las cosas siguen como van, la dirigencia pública nacional va a estar en las manos de toda esta clase emergente que está haciendo fiestas en medio de la corrupción.
¿Qué es la corrupción?
La falta de pertenencia que tenemos los colombianos sobre lo público. Yo menciono mucho algo que me conmovió. Fue un grafiti que encontré en una universidad en Caldas: “Lo público es lo privado de los políticos”.
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¿Está corrupta la clase política en Colombia?
Quiero ser muy claro: la política seguirá oliendo a podrido si no es el ejercicio de la dialéctica, de las ideas al servicio de una sociedad; y si la política es el afán de tener poder para alcanzar contratos para enriquecerse personalmente y donde se adquieren compromisos de reciprocidad que es la degradación de la ética pública.
¿Hasta dónde la misma Fiscalía ha sido penetrada por la corrupción?
La Fiscalía tiene que ganar mucha legitimidad moral para combatir la corrupción. El último año, por ejemplo, capturamos a 36 funcionarios, fiscales y funcionarios de investigación de la propia Fiscalía, pero eso es un cáncer que nosotros tenemos que extirpar y eso se hace con la devoción en el ejercicio de la función pública y con el imperio de la ley. Los corruptos no pueden terminar en la casa por cárcel. Eso es un muy mal ejemplo. La probabilidad de que a un corrupto lo pesquemos es muy baja si no actuamos coordinadamente las tres entidades. Lo que necesitamos son políticas unívocas que realmente endurezcan la acción del Estado frente a la corrupción; es que francamente si uno ve al corrupto en la casa por cárcel, o en la calle pavoneándose, el ciudadano ve que el camino es la corrupción. Ese es el estado de cosas que hay que acabar.
(Vea el escalafón del riesgo de corrupción en Colombia)
¿Y su opinión, señor Fiscal, sobre el código único que rebaja penas por faltas disciplinarias gravísimas?
Creo que deberíamos reestablecer también el principio de que las sanciones deben ser más eficaces y tienen que ser de verdad grandes e importantes; si uno disminuye el poder punitivo del Estado, así mismo se van generando beneficios para la criminalidad, para la corrupción, para la delincuencia.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
