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En el debate sobre aborto ¿Cuál es la causa justa?
Aborto en Colombia
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En el debate sobre aborto ¿Cuál es la causa justa?

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'El que está por nacer es un miembro de la familia y, como cualquier otro, debe ser protegido'.

El debate hay que darlo como es, en toda su dimensión. Y por eso hay que ser claros: las demandas que se tramitan actualmente ante la Corte Constitucional no pretenden solo la despenalización del aborto, sino la creación de un derecho absoluto en cabeza de las mujeres de disponer ─sin límite alguno─, sobre la vida del que está por nacer. Y a esto no puede acceder la Corte por una razón fundamental: ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo el ejercicio de un derecho puede suprimir de manera absoluta el derecho de otro.

Según las demandas, el llamado derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el que se sustentan la totalidad de los argumentos, existe en Colombia a partir de la sentencia la C-355 de 2006 que despenalizó el delito de aborto en tres causales. Pero esto es falso. No solo la C-355 no habla del supuesto derecho a la IVE, sino que en ese fallo la Corte afirmó que las causales son “casos extremos”; y que “la vida del nasciturus [no nacido] es un bien protegido por el ordenamiento constitucional y por lo tanto las decisiones que adopte la mujer embarazada sobre la interrupción de la vida en gestación trascienden de la esfera de su autonomía privada e interesan al Estado y al legislador”. Por tanto, las sentencias posteriores de tutela, en las que la Corte se refiere al derecho fundamental a la IVE, le hacen decir a la C-355 lo que no dice.

Aún más. Lo que dice la C-355 es que la penalización del aborto no puede ser absoluta porque desconocería que las mujeres pueden enfrentarse a ciertas circunstancias excepcionales, que ameritan que el Estado no active el derecho penal para perseguir una conducta. Sin embargo, la Corte aclara que debe existir una ponderación con el valor jurídico de la vida. Otra cosa muy distinta es lo que pretende la actual demanda, que quiere llevar a la Corte a concluir que del hecho de que el delito no puede ser absoluto, se deriva que las mujeres ahora tienen un derecho ─ese sí absoluto─, a disponer de la vida del no nacido sin condiciones y en cualquier etapa de la gestación, incluso el mismo día del parto. Esto implicaría que uno de los valores, la vida, siempre tendría que ceder: esto ya no es ponderación, sino ejercicio arbitrario del derecho.

Por tanto, aceptar estas premisas de la demanda no solo es inconstitucional, sino que una sentencia tal generaría la responsabilidad internacional del Estado, porque dejaría sin protección alguna el derecho a la vida del que está por nacer, que está expresamente protegido por la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en esto discrepo de un reciente salvamento de voto de los Magistrados Linares, Rojas y Reyes, quienes se sustentan primordialmente en fuentes no vinculantes del derecho internacional para defender la postura de la despenalización absoluta.

Como abogada internacionalista, por supuesto que defiendo que los tratados pueden interpretarse a la luz de todas las fuentes, incluidas en muchas ocasiones las no vinculantes, pero esto tiene claros límites, uno de los cuales es que esa interpretación por sí misma o por sus efectos, no puede contradecir lo que dice el tratado; ni “suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos” o limitarlos en mayor medida que la prevista en los tratados, como fuentes vinculantes.

Y esto sería lo que ocurriría de prosperar la demanda actual, porque de ser así ¿cuál es la norma que actualmente protegería el derecho a la vida del que está por nacer? ¿Qué norma o disposición le protegería contra un aborto selectivo por razones de sexo o discapacidad? o ¿qué norma protegería a la mujer y al no nacido frente a un aborto forzado encubierto, si no se puede profundizar en las razones por las cuales la mujer está tomando la decisión?

Y aclaro: siento completa empatía, solidaridad e impotencia ante las historias de mujeres en situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza o la migración, que justamente por esta situación precaria se ven desesperadas y piden un aborto. Pero lo problemático es la respuesta del Estado frente a esta situación ¿Qué alternativas les estamos ofreciendo? El aborto como mejor y a veces única alternativa no es la solución a los vacíos de las políticas públicas del Estado, ni es la solución a la violación de los derechos a la salud, la educación o la vida digna de las mujeres; eso sería más bien el fracaso de la política pública, que debería estar dirigida a proteger integralmente, tanto los derechos de las mujeres, como los de los seres humanos que están por nacer.

Por último, como jurista no puedo dejar de manifestar que la discusión no es sobre términos médicos ─ si en medicina el nombre es feto o embrión─ o sobre ficciones jurídicas, pues esto no cambia la realidad: que el no nacido es un ser humano. La ficción jurídica que reconoce la personalidad frente al derecho después del nacimiento tiene su origen en un tiempo en el que la discusión versaba sobre la seguridad jurídica en el ámbito del derecho civil, no sobre derechos fundamentales.

Cuando la pregunta cambia, y lo que está en juego no es quién tiene derecho a heredar, sino quién tiene derecho a vivir, la respuesta también tiene que cambiar: el que está por nacer es un miembro de la familia humana y, como cualquier otro, también debe ser protegido.

Esta visión restringida y antagónica de la demanda sobre el rol del Estado en relación con los derechos de la mujer y el no nacido, en la que se le pide a la mujer que sea libre para decidir entre aborto o aborto, porque no hay respuestas integrales del Estado en relación con las condiciones de vulnerabilidad y la maternidad nos lleva a preguntarnos ¿hay libertad y autonomía cuando las opciones y alternativas son ilusorias? ¿es esta una causa justa o más bien es una salida fácil de la sociedad para no abordar los problemas estructurales que generan la desigualdad?

Juana Acosta-López
Profesora
Universidad de La Sabana

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