La Contraloría, al realizar una auditoría a entidades del sector agropecuario, encontró que existen retrasos en la entrega de información, falta de personal para darle solución oportuna a los requerimientos del órgano de control y ausencia de registros actualizados de la gestión que permitan hacer un empalme efectivo entre el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y las Agencias Nacionales de Tierras y de Desarrollo Rural, entidades que entrarán a reemplazarlo.
El Incoder fue liquidado por el Gobierno en diciembre del 2015 mediante los decretos 2363 y 2364, que además ordenaron la creación de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, a las que les fueron transferidas sus funciones.
El informe de la Contraloría, dado a conocer en un comunicado público, cita que esta situación “representa un riesgo que no permite hacer un control fiscal eficaz al no poder contar con información actualizada ni oportuna, situación que se ha podido evidenciar en el tema de adecuación de tierras”.
Ante la presunta falta de información, el contralor General, Edgardo Maya Villazón, solicitó personalmente al gerente liquidador de Incoder, Mauro Rodríguez, que le sea facilitada la información requerida para adelantar los diferentes procesos de seguimiento adelantados por el órgano de control.
El ente de control fiscal menciona que esta situación supone retrasos en los plazos de cumplimiento de proyectos como Sidra (subsidios integrales de reforma agraria) y PDRET (programas de desarrollo rural con enfoque territorial), que tienen, entre los años 2014 y 2015, 1125 adjudicaciones, pero tan solo 275 desembolsos a familias).
Además, llamó la atención sobre el programa de Adecuación de Tierras que hace parte de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (RRI), pues según el órgano de control “se hace necesario que exista información certera y actualizada, que le permita tanto al Gobierno Nacional tomar decisiones e invertir los recursos de manera correcta como a los organismos de control hacer una vigilancia oportuna y eficiente para una rendición de cuentas transparente”.
Igualmente señala que la incertidumbre que existe sobre el número y el valor de tierras del Fondo Nacional Agrario (FNA) representa “un riesgo de detrimento por cerca de $9.500 millones”.
La Contraloría dice que el cese de actividades del Incoder y las ineficiencias en los procesos de empalme y transición con los órganos designados para su reemplazo han provocado que los proyectos y las gestiones que adelantaba la entidad liquidada hayan quedado paralizadas, por lo que retomarlas provocará una serie de retrasos e incumplimientos.
ELTIEMPO.COM
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