El silencio de las cortes / Opinión

El silencio de las cortes / Opinión

Rara vez se encuentran tendencias cuestionando la eficiencia de nuestros operadores judiciales.

Ilustración para justicia

Llevamos años sin ver a las cortes o a sus integrantes promoviendo los ajustes de fondo que se necesitan en la administración de justicia.

Foto:

Martín García. Archivo EL TIEMPO

Por: Jhon Torres
25 de enero 2021 , 01:00 a. m.

Acostumbrada por décadas a indignarse por la corrupción o el desgreño administrativo en su clase política, especialmente en el Congreso, la opinión pública parece menos exigente –tal vez, resignada– con las ineficiencias y las malas cosas que se ven a diario en la justicia colombiana.

Rara vez se encuentran tendencias en Twitter cuestionando, por ejemplo, la eficiencia de nuestros operadores judiciales frente a lo que se les paga, que en el caso de los magistrados es lo mismo que un congresista: unos $ 32 millones. Se podrá decir que muchos de los parlamentarios que de cuando en cuando salen a proponer la congelación de su generoso salario, o que ellos y sus colegas trabajen no 8 meses sino todo el año, como el resto de los colombianos, solo buscan una forma elegante de quedar bien por un 'statu quo' del que llevan años beneficiándose.

Pero se trata de voces que desde la misma institución hablan de cambios internos. Por el contrario, en la justicia nadie parece salirse del libreto. Llevamos años sin ver a las cortes o a sus integrantes promoviendo los ajustes de fondo que se necesitan en la administración de justicia o sentando posición crítica frente a prebendas injustificadas o dudosas prácticas de algunos de sus integrantes.

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Hace poco más de una década, Nilson Pinilla, uno de los magistrados más respetados de Colombia y quien llegó a ser presidente de las Cortes Suprema y Constitucional, públicamente llamó “órgano descompuesto de la justicia” a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que con sendos tutelazos pretendía tumbar las investigaciones de la ‘parapolítica’.

Esas posiciones verticales hoy no se ven, o por lo menos no se hacen públicas. Así, las cortes aceptaron sin reparo –si lo hubo, no se conoció– que la función de disciplinar a los jueces y abogados del país la ejerciera durante cuatro años una Sala que ya no tenía vigencia constitucional y en la que se perpetuaron dos personajes polémicos. En el Palacio de Justicia y en el Gobierno nadie volvió a hablar de la necesaria reforma de la Sala Administrativa de la Judicatura, cuyos siete miembros reciben tratamiento y sueldo de magistrados, a pesar de que no ejercen función jurisdiccional, y cada uno tiene un equipo de ‘magistrados auxiliares’ que le cuesta al erario casi $ 100 millones al mes.

Y en la reforma de la justicia que debe arrancar en marzo en el Congreso no se toca el funcionamiento de la Comisión de Acusación de la Cámara, lo que garantiza que ver a un magistrado de alta corte procesado penalmente sea, como hasta ahora, una excepción. ¿Nadie en las cortes considera que hay suficiente ilustración en que ese es un régimen de inequidad que debe reformarse con urgencia?

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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