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Cortes

El secuestro que el Consejo de Estado pide que investigue la JEP

Magistrado Germán Bula, presidente del Consejo de Estado (izquierda) y magistrado de la Sección Tercera Orlando Santofimio, ponente del caso.

Magistrado Germán Bula, presidente del Consejo de Estado (izquierda) y magistrado de la Sección Tercera Orlando Santofimio, ponente del caso.

Foto:Consejo de Estado

El tribunal exhortó al Gobierno para que defina reglas de responsabilidad de las Farc como grupo.

Un fallo en el que el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización por el secuestro de una familia ocurrido hace 17 años se convirtió en el primero enviado por el tribunal a la Jurisdicción Especial de Paz.
Esa condena de reparación exhorta, además, al Gobierno para que implemente mecanismos de responsabilidad jurídica sobre las Farc como organización; es decir, para que la exguerrilla –y no solo algunos de sus integrantes de forma individual– garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de este caso.
La decisión, con ponencia del magistrado Orlando Santofimio, se refiere al secuestro de Fabio Botero y su hija, entonces de 12 años, Natalia Botero García, ocurrido en Calarcá, Quindío, el 28 de noviembre del 2001. Y quienes, tras permanecer más de siete meses en cautiverio, fueron liberados luego de pagar 3.000 millones de pesos.
Al estudiar la demanda, el tribunal consideró que pese a tener conocimiento de los riesgos a los que estaba expuesta la familia, el Estado omitió su deber de protegerlos.
En el expediente consta que dos días antes del secuestro, Fabio Botero contactó a agentes del Gaula para informarles de una llamada que había recibido en la que le dijeron que se cuidara porque “de pronto lo iban a secuestrar”.
En esa diligencia se acordó realizar una nueva reunión el 28 o 29 de noviembre para profundizar en el asunto, pero la familia fue plagiada en el entretanto. También aparece un informe remitido por la Seccional de Inteligencia Policial de Quindío el 8 de febrero de ese mismo año, en el que se informa sobre la directriz de las Farc para mejorar sus finanzas a través de secuestros como el del comerciante.
“La Sala considera menester, ante la ausencia de regulación legal sobre la materia, exhortar a la Presidencia y al Congreso para que (...) se adopten los instrumentos legales, administrativos y judiciales, razonablemente eficaces que permitan a las víctimas obtener la declaración de responsabilidad de la organización Farc por graves violaciones de los derechos humanos”, se lee en el fallo.
JUSTICIA
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