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Cortes

El proceso exprés contra el ‘Chapo’ y sus lecciones

El juez de la corte federal de Brooklyn, Brian Cogan (fondo c.), mientras lee el veredicto contra el narcotraficante mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán (d.), acompañado de sus tres abogados William Púrpura, Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman.

El juez de la corte federal de Brooklyn, Brian Cogan (fondo c.), mientras lee el veredicto contra el narcotraficante mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán (d.), acompañado de sus tres abogados William Púrpura, Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman.

Foto:EFE / Jane Rosenberg

Este es el mejor ejemplo de cómo funciona la justicia cuando no se le atraviesan los palos.

Jhon Torres
En tres meses exactos, del 13 de noviembre del 2018 al 12 de febrero pasado, la justicia de los Estados Unidos despachó el que sin duda es uno de los juicios más sonados de toda su historia: el de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, capo de capos de la mafia mexicana.
La condena por 10 delitos le valdrá al exjefe del cartel de Sinaloa al menos una cadena perpetua. El juicio más caro de la historia –se calcula que costó, especialmente por asuntos de seguridad, unos 50 millones de dólares– incluyó las declaraciones de medio centenar de testigos y la presentación de decenas de pruebas sustentadas a su vez en más de 300.000 folios y 117.000 audios. La Corte federal de Brooklyn, Nueva York, ni siquiera se tomó los 4 meses que había calculado el juez Brian Cogan para cerrar el juicio.
El proceso exprés contra el ‘Chapo’ es el mejor ejemplo de cómo funciona la justicia cuando no se le atraviesan los palos que, casi impajaritablemente, frenan el curso del sistema judicial colombiano. Claro que la justicia de los Estados Unidos tiene todos los recursos para sacar adelante sus procesos, mucho más cuando se trata de condenar a alguno de sus ‘enemigos públicos’ más reconocidos.
Pero más allá de la desproporción logística, que la hay, es un hecho que allá no pasan cosas que aquí se han vuelto paisaje y que inciden en que nuestra justicia, cuando aparece, sea tan demorada.
En el país, según un estudio de la Judicatura del año pasado, al menos una de cada cuatro audiencias programadas en el sistema penal acusatorio no se realiza. La mitad de esos aplazamientos se relaciona con maniobras o excusas de la defensa, pero en uno de cada cuatro casos es el fiscal el que no llega; y en cerca del 8 por ciento de los aplazamientos sucedió que el Inpec no remitió al detenido.
Ninguna de esas situaciones se vio en el juicio contra el ‘Chapo’, y esa es una buena explicación de la diferencia entre la justicia que se ve en las cortes federales y la que aquí se diluye en medio de leguleyadas no sancionadas, de pequeñas y grandes ineficiencias y, sí, de falta de plata para la Rama Judicial.
Los casi 38.000 sindicados que esperan en las cárceles –algunos de ellos, desde hace tres o más años– una sentencia son el rostro más dramático de nuestra paquidermia judicial. Que es incluso más lenta cuando se trata de revisar, en segunda instancia, un proceso.
En diciembre del 2011, un juez absolvió al general Iván Ramírez por una de las desapariciones comprobadas del Palacio de Justicia, la de Irma Franco. Han pasado siete años y aún el Tribunal Superior de Bogotá no resuelve la apelación de la Fiscalía. Y en enero del 2016, tras más de 5 años de proceso, un juez condenó por el mismo caso al coronel Edilberto Sánchez, pero él sigue libre a la espera de la revisión del mismo tribunal. Si eso pasa con uno de los casos emblemáticos en la historia del país, calcule qué puede pasar con los expedientes comunes y silvestres.
JHON TORRES
En Twitter: @JhonToresET
Jhon Torres
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