El 2007 (con 1.634 hechos) fue el año con más casos de ‘falsos positivos’ reportados en el país. Entre 2002 y 2008, Antioquia (con 1.613) y Meta (con 394) fueron los departamentos en los que más víctimas se reportaron. Y cuatro de las ocho divisiones del Ejército (la Primera, la Segunda, Cuarta y Séptima) serían responsables del 60 por ciento de todos los casos reportados en el territorio nacional.
Así lo señala un informe de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que se priorizaron las seis regiones del país en las que se concentrará la justicia transicional para judicializar a los responsables de esos graves crímenes, que tienen aún un capítulo en examen en la Corte Penal Internacional (CPI).
En el documento de 38 páginas, la JEP dimensionó la gravedad de esa práctica ilegal y dijo que entre 2002 y 2008 “aproximadamente 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional”. Esa cifra es casi tres veces más grande que la contenida en el informe de la Fiscalía, y más cercana a los reportes entregados por ONG y asociaciones de víctimas.
La Fiscalía había hablado de por lo menos 2.248 víctimas ocurrida entre 1988, y 2014 y organizaciones como el Colectivo Luis Carlos Pérez hablaron de “aproximadamente unos 4.475 civiles inocentes”.
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El auto señala que esta cifra no es definitiva y que seguirá contrastando los informes presentados por las partes que se ha estado actualizando con los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias de compareciente y los datos provenientes de la Justicia Penal Militar, “algunos de los cuales han sido recaudados por la Sala por medio de inspecciones judiciales y otros han sido remitidos por esa Jurisdicción”.
En el informe se evidencia que esa práctica ilegal empezó a crecer desde 2001, cuando hay reporte de 74 víctimas, el año siguiente ya hay registro de 473, hasta llegar al pico máximo en 2007, con 1.634 víctimas. Luego empezó a reducir llegando a 792 víctimas en 2008 –año en el que estalló el escándalo de los ‘falsos positivos’– y 122 victimas en 2009.
Así mismo registra que en 10 departamentos del país se concentró el 66 por ciento del total nacional de víctimas del periodo de 2002 a 2008. Además de Antioquia y Meta en ese listado aparecen Caquetá (344) Cesar (323), Norte de Santander (298), Tolima (284), Huila (274), Casanare (246), La Guajira (218) y Cauca (206).
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La Sala señaló que ante la “masividad” de esos casos se decidió establecer unas zonas puntuales en las que se dará el mayor esfuerzo para avanzar más rápidamente en decisiones de fondo sobre uniformados y civiles vinculados a estos graves hechos. Así, se abrieron los subcasos para Antioquia, la costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
En Antioquia, por ejemplo, se evidenció que la IV Brigada podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013. En el periodo 2002-2007 se concentran los mayores niveles de victimización y en los años 2003, 2004 y 2005 se observa una mayor participación de la unidad militar en el total de víctimas identificadas en todo el departamento.
En otro de los casos priorizados, Cesar y La Guajira, se evidenció que la primera División del Ejército, entre los años 2002 y 2005, presentó el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional, según lo expuesto por la Fiscalía General. La mayor parte de esas muertes se concentraron en el norte del Cesar, jurisdicción del Batallón de Artillería No 2 “La Popa”, y en el sur de La Guajira, jurisdicción del Grupo Mecanizado Juan José Rondón.
En Norte de Santander se reportaron 420 víctimas en el período 1985-2016. El Catatumbo reporta el mayor número de víctimas y la Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro las cuatro divisiones del Ejército, que concentran cerca del 60 por ciento de los casos.
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Además de las zonas, la JEP decidió investigar la responsabilidad por esos hechos de abajo hacia arriba. Así las cosas, primero intentarán llegar a los partícipes determinantes y responsables a nivel regional y local y luego “con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a otros niveles de escala territorial y nacional”.
Aunque en el informe no se menciona al expresidente Álvaro Uribe, él expidió un comunicado en el que habló de un “nuevo atropello de la JEP por falsos positivos” y de “organizaciones que tienen en cuenta, de marcada orientación política y enemigas declaradas del Gobierno que presidí”.
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Dijo que denunció públicamente hechos asociados a irregularidades en operaciones y suspendió a 27 oficiales del Ejército a finales de 2008, tras una alerta sobre “indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor”.
REDACCIÓN JUSTICIA