'Prohibir el consumo de licor y drogas en la calle debe justificarse'

'Prohibir el consumo de licor y drogas en la calle debe justificarse'

La Corte publicó el fallo que tumbó la prohibición generalizada que tenía el Código de Policía.

Consumo de licor

Los alcaldes y gobernadores pueden establecer –con base en el mismo Código de Policía– en qué parques se prohíbe todo consumo y en qué horarios.

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Federico Puyo / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
22 de julio 2019 , 10:58 a.m.

Hace más de un mes la Corte Constitucional tumbó la prohibición que traía el Código de Policía para consumir licor y sustancias psicoactivas en el espacio público y en los parques.

Tras semanas de debate y polémica, el alto tribunal publicó su fallo en el que deja claras las razones por las que se cayó la prohibición que traía dicha ley del 2016, y que estaba contemplada en dos de sus artículos: el 33 y el 140.

El alto tribunal dijo que esas limitaciones al consumo de alcohol y drogas eran amplias, generales y desproporcionadas por lo que afectaban derechos como el del libre desarrollo de la personalidad a pesar de que no se había justificado por qué eran necesarias para mantener la tranquilidad, buenas relaciones, la convivencia y preservar el espacio público.

Así, la Corte dijo que las autoridades competentes tienen sus facultades de crear restricciones para el consumo pero deben argumentar esas limitaciones, y precisar cuándo, dónde y de qué manera se restringe ese comportamiento. 

“El Estado tiene la obligación de alcanzar los fines imperiosos que las reglas legales analizadas buscaban, pero no puede hacerlo con una medida legislativa que, como la propuesta, sea una prohibición amplia y general, que sea irrazonable y desproporcionada”, dijo la Corte.

Para el alto tribunal también es claro que cualquier regulación que se haga al respecto debe respetar la autonomía territorial y el autogobierno, el carácter diverso de la Nación y a los sujetos de especial protección constitucional.

El fallo hace evaluaciones claves, como la forma en la que en la jurisprudencia constitucional el consumo de drogas se ha venido asociando con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

También, analiza por qué aunque algunas autoridades aseguran que el consumo en la vía pública está asociado a riñas, peleas y homicidios, esa argumentación no es suficiente para prohibir ese derecho de forma generalizada ya que no tiene en cuenta los diferentes tipos de consumo, las diferentes sustancias, la diversidad de espacios públicos, y los diferentes efectos del licor y las drogas. 

El libre desarrollo de la personalidad frente a las drogas

En su fallo la Corte recuerda una sentencia de 1994, cuyo ponente fue el entonces magistrado Carlos Gaviria, con la que se despenalizó el porte de la dosis mínima de sustancias psicoactivas.

En ese fallo, recuerda la Corte, se estableció que el Congreso "no puede válidamente establecer más limitaciones que aquellas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución", Carta en la que uno de sus principios básico es la libertad. Esa libertad implica reconocer a la persona como autónoma y digna para decidir sobre sus propios actos.

Desde ese fallo, dice la Corte, se puede entender que la libertad (en este caso la de consumir) sólo puede ser limitada cuando genera una afectación de los derechos de otras personas. "Esto es, no puede haber obligaciones para con uno mismo".

La Corte recordó que desde ese fallo que despenalizó el porte de la dosis mínima muchos sectores han intentado reformar el artículo de la Constitución que permite el libre desarrollo de la personalidad, propuestas que han sido descartadas por el Congreso. Los únicos cambios han sido para garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas que consumas sustancias psicoactivas, es decir, no son medidas de carácter policivo.

Los magistrados aseguran que esa línea jurisprudencial se ha mantenido también a la hora de ver en qué situaciones es válido restringir la posibilidad de consumir licor o drogas. 

Así, dice la Corte, se ha establecido por ejemplo que es válido considerar como falta gravísima que un funcionario público consuma sustancias psicoactivas en su sitio de trabajo o en espacios públicos, o que asista más de tres veces en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas al trabajo. La Corte dijo que esa prohibición es legítima siempre y cuando se entienda que, en los casos del consumo en espacio público, para que haya una sanción disciplinaria se necesita que su conducta afecte la función de los servidores públicos.

Esa misma posibilidad de mantener una libertad pero con restricciones razonables se estableció al revisar una norma que permitía el consumo de licor en instalaciones militares pero prohibía el abuso de ese consumo.

Hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad que contempla la tenencia, porte y consumo de dosis personales de sustancias psicoactivas

Y en el 2012, dice la Corte, en otro de sus fallos reiteró que el derecho al libre desarrollo de la personalidad "incluye la protección del porte y consumo de la dosis personal". Esa decisión de las personas, dice la Corte, debe “respetarse profundamente cuando no impacte los derechos de los demás”, pues es una expresión de la dignidad de las personas en su función de ser autónoma y libre.

En el 2015 la Corte hizo otro pronunciamiento al estudiar una norma laboral del Código Sustantivo del Trabajo que prohibía presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Como había dicho anteriormente con los servidores públicos, la Corte dijo que esa restricción es válida siempre y cuando se entienda que la prohibición “sólo se configura cuando el consumo de alcohol, narcóticos o cualquier otra droga enervante afecte de manera directa el desempeño laboral del trabajador”.

Al hacer toda esta revisión, la Corte asegura que, tal y como lo dijo la misma Presidencia de la República en su concepto, hay un derecho al libre desarrollo de la personalidad que contempla la tenencia, porte y consumo de dosis personales de sustancias psicoactivas en el espacio íntimo de la vida de toda persona”.

Las restricciones deben ser razonables y proporcionadas

La Corte aseguró que si bien ningún derecho es absoluto, pues debe respetar los derechos de los demás, eso no significa que toda limitación a ese derecho –supuestamente para proteger los derechos de los demás- sea razonable y proporcionada.

Así, para poder limitar un derecho, se debe hacer un test que tiene tres pasos: el análisis del fin buscado por la medida, el análisis del medio empleado, y el análisis de la relación entre el medio y el fin.

La Corte dijo que el artículo 33 del Código de Policía que establecía que no deben consumirse sustancias alcohólicas o psicoactivas en el espacio público busca, según la norma, proteger la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. De otro lado, la prohibición que tenía el artículo 140 establecía que no deben consumirse bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en parques o en el espacio público, ley que supuestamente pretendía proteger estas zonas.

La Corte asegura que no es necesaria ni adecuada la prohibición generalizada de consumo de licor y sustancias psicoactivas en el espacio público para proteger la tranquilidad y relaciones respetuosas, y los parques. Esto porque no todo tipo de consumo afecta la sana convivencia ni el espacio público.

Tal situación tiene que ser debidamente justificada por parte de las autoridades que imponen tal limitación a la libertad

“Se alega que existe evidencia de un riesgo de afectaciones tales como riñas relacionadas con este tipo de consumo, riesgo que se puede considerar más o menos alto, pero no se alega ni presenta evidencia para mostrar una relación de necesidad”.

Para la Corte no siempre el consumo de licor o drogas implica estos comportamientos.
Por ejemplo, dice la Corte, hay amigos que se encuentran una tarde en un parque para tomar unas cervezas y comer unas empanadas, y hay otras personas a las que el consumo de bebidas alcohólicas, incluso en exceso, hace que se queden dormidas. También hay drogas que “llevan a estados de introspección que no suelen acarrear riesgos o peligros para los demás”.

Así, aunque la Corte considera que hay riesgos asociados al consumo, y aunque bajo ciertas circunstancias puede ser necesario un tipo de norma que restrinja esa actividad en la vía pública, “tal situación tiene que ser debidamente justificada por parte de las autoridades que imponen tal limitación a la libertad”.

Para los magistrados no puede ser válida una norma que por su nivel de generalidad incluya casos que no generan riesgos, otros que sí generan riesgos y otros casos dudosos. “Nunca se justifica por qué se requiere incluir estos casos que, además, se da autorización de permitir excepcionalmente”, dijo la corporación sobre los artículos que tumbó del Código de Policía.

El Código tenía a la prohibición como la regla y la libertad como la excepción

Al establecer una prohibición amplia y total, la Corte asegura que el Código estable contemplado la libertad como una excepción en lugar de ser la regla. “Tal posición implica una tensión con el derecho y principio de libertad, que es uno de los elementos que informa y estructura el estado social y democrático de derecho que es Colombia”.

Para la Corte el Congreso sí puede hacer prohibiciones generales y amplias, pero esto ocurre en cuanto a delitos y normas de carácter penal sancionatorio. No puede ocurrir igual cuando se trata de hacer una prohibición de un comportamiento que hace parte del libre desarrollo de la personalidad, como el consumo, y que no está prohibido en el ordenamiento legal vigente.

“Una cosa es analizar la constitucionalidad de una norma que prohíbe sin condiciones de modo, tiempo y lugar realizar un acto que en principio es contrario a derecho, por afectar derechos básicos de las demás personas, como es el caso del homicidio o la violación. Otra cosa es analizar una norma que se refiere a un acto que las personas sí tienen, en principio, libertad de realizar como lo es consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas”, explica el alto tribunal. 

Prohibición no precisaba condiciones de tiempo, modo y lugar

Al tener una prohibición generalizada, dice la Corte, el Código no establecía las circunstancias claras de tiempo, modo y lugar en las que debería estar prohibido el consumo de sustancia psicoactivas en la vía pública.

Así, el Código no especifica condiciones de tiempo pues la conducta era penalizada con los mismos efectos aún si se estaba realizando a la una de la mañana o a la una de la tarde. 

Tampoco se establecía el modo porque se prohibía tanto una bebida alcohólica de altísimo grado como la mansinta (que tiene más de 66 por ciento de grados de alcohol) o una cerveza (que tiene un 0,4 %).

Además, tampoco se establecía una cantidad, ni se habla de un consumo en exceso o abusivo. “Puede ser un trago de aguardiente o tres botellas, da igual”, dice la Corte.

Tampoco se precisaba cuáles son las sustancias psicoactivas, ni decía si son legales o ilegales, naturales o sintéticas, duras o blandas. Además, afirma la Corte no se hacía una distinción entre cantidades y efectos. “En sentido estricto, puede ser cafeína, teína o taurina; cualquier droga psiquiátrica; una bocanada de marihuana o cinco cigarros completos; un cuarto de pastilla de éxtasis o tres pastillas completas; puede ser heroína o cristal de metanfetamina. Todo se regula igual”, asegura el alto tribunal.

En cuanto a los lugares, la Corte dice que el Código tampoco precisaba en qué tipo de lugar estaba prohibido el consumo, pues daba igual si se trataba de un parque de una ciudad, un parque natural, un camino poco transitado, o una calle con mucha gente.

Ya hay otras medidas para regular el consumo

La Corte recordó que hay otras partes del Código de Policía vigentes que permiten controlar o regular el consumo de sustancias psicoactivas en las calles.

Así, por ejemplo, el Código mantiene la prohibición de facilitar, distribuir, ofrecer, comercializar sustancias psicoactivas, cigarrillos o bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes, y la prohibición de vender y consumir en entornos educativos.

También se mantienen las medidas que permiten trasladar a las personas que estén en grave alteración por consumir bebidas alcohólicas o drogas. También hay regulaciones en el Código para el consumo de estas sustancias en lugares con aglomeraciones, y disposiciones que regulan las competencias de los gobernadores y alcaldes dentro de las cuales “se contempla restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas”. Es decir, el artículo 220 sigue preservando las competencias de estas autoridades para restringir ese consumo en espacios determinados y bajo circunstancias de tiempo, modo y lugar concretas.

El cuestionamiento sobre las cifras de la Policía

La Policía le presentó a la Corte Constitucional varias cifras para pedirle a la Corte que mantuviera la prohibición. Así, por ejemplo, aseguró que se han disminuido en un 11 por ciento los homicidios asociados a riñas entre el 2015, 2016 y 2017, peleas que en su mayoría se generaban por el consumo de bebidas alcohólicas.

También afirmaron que hay 6.624 casos menos de lesiones personales originadas por riñas. Además, según el Centro para la Convivencia y Seguridad Ciudadana dijo que la norma ha permitido reducir en un 25 por ciento las lesiones en parques.

Pero la Corte cuestionó esos argumentos por dos razones: la primera, porque las autoridades no sustentaron por qué se necesita imponer una restricción amplia como la que traía el Código. Y segundo, porque las cifras que presentaron muestran una reducción en las riñas entre el 2015 y el 2017, pero “no se explica cómo es posible que una norma legal que entró a regir en enero del año 2017 sea responsable de las mejoras alcanzadas los dos años anteriores”.

JUSTICIA

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