Las consecuencias del fallo que obliga a Cerro Matoso a reinventarse

Las consecuencias del fallo que obliga a Cerro Matoso a reinventarse

La cuarta mina de ferroníquel más grande del mundo afectó salud de 8 comunidades, dijo la justicia.

Representantes de las comunidades de Córdoba

Los representantes de las comunidades de Córdoba que presentaron la demanda estuvieron esta semana en una rueda de prensa en Bogotá.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

Por: Justicia
25 de marzo 2018 , 02:38 a.m.

“Una revisión detallada de los diversos hallazgos descritos permite corroborar las denuncias de los accionantes, respecto a las múltiples afecciones que padecen quienes habitan en cercanías del complejo minero. Contrario a lo sostenido por la empresa Cerro Matoso S.A., existe una delicada situación de salud pública en la zona, la cual se caracteriza por graves enfermedades cutáneas, pulmonares y oculares, entre otras”.

Con esos argumentos, expuestos en un fallo que se conoció hace poco más de una semana, la Corte Constitucional le ordenó a Cerro Matoso que, para poder seguir explotando ferroníquel en Córdoba, debe renovar en cuatro meses la licencia ambiental que le ha permitido extraer ese recurso desde hace 36 años. También debe reparar económicamente a las comunidades afectadas.

La historia viene desde 1980, cuando Econíquel y la Compañía de Níquel Colombiano S.A. le cedieron sus derechos de explotación a la sociedad Cerro Matoso, que inició actividades dos años después en la mina a cielo abierto de Montelíbano, que cubre 260 hectáreas.

Con la operación, que tiene como epicentro el resguardo zenú del alto San Jorge, y la construcción de unos hornos de 185 metros de longitud y seis de diámetro (de los más grandes del mundo), “los habitantes de los municipios cercanos a la mina empezaron a percatarse de un cambio drástico del entorno y sintieron los impactos negativos en su territorio, el medioambiente, sus fuentes hídricas y su salud”, se lee en el fallo, que resolvió una acción de tutela interpuesta por ocho comunidades.

Los habitantes de los municipios cercanos empezaron a percatarse de un cambio drástico del entorno y sintieron impactos negativos en su territorio, el medioambiente, sus fuentes hídricas y su salud

El examen jurídico dio por probado que el ferroníquel ha generado cáncer y abortos múltiples entre la población. Por ejemplo, los magistrados le dieron validez al testimonio de Luis Joaquín Robayo, gobernador de la comunidad Centroamérica: “Ha habido muchos abortos, y cada tanto dicen que otro niño nació con una malformación. Cuentan que un niño nació sin estómago y el cáncer se ha acelerado”, dijo ante los investigadores del alto tribunal.

Además de la indemnización, la Corte Constitucional le ordena a la minera crear un fondo especial de etnodesarrollo para reparar a las víctimas y ocuparse de la “atención integral y permanente en salud” de los afectados. “Esto (las enfermedades) es lo que pone más difícil nuestra supervivencia, pero también la de las nuevas generaciones, la de nuestros hijos”, aseguró el gobernador indígena Israel Aguilar, uno de los demandantes.

Según el líder indígena, uno de los grandes contaminantes proviene de las partículas que están en el aire. Precisamente, la Corte advierte que el Gobierno no ha regulado cuáles son los niveles máximos de níquel permitidos en la atmósfera y en el agua, por lo que le ordena emitir una norma que deje claros los topes.

Esto (las enfermedades) es lo que pone más difícil nuestra supervivencia, pero también la de las nuevas generaciones, la de nuestros hijos

‘No hay pruebas’

Aunque Cerro Matoso ha guardado silencio porque afirma que todavía no ha sido notificado formalmente de la decisión judicial, lo cierto es que durante el proceso negó que estuviera comprobado que las enfermedades de los indígenas son responsabilidad de la mina.

“No es posible afirmar –menos probar– que las comunidades presentan patologías o enfermedades en condiciones epidémicas o endémicas de alto riesgo, diferentes a las que se presentan en el perfil epidemiológico de la región, de la Costa Atlántica y, en general, de todo el país”, aseguró la empresa en su respuesta a la tutela.

Para la Corte es claro que Cerro Matoso debe actualizar su licencia ambiental. En el 2012, cuando se renovó el contrato –lo que le permite seguir en cabeza de la mina hasta el año 2044–, siguió operando con la misma licencia ambiental que tiene desde hace 30 años y que ignora los cambios en la materia que trajeron la Constitución de 1991 y las normas posteriores.

Aunque la Corte Constitucional no le da a Cerro Matoso una cifra con la que debería indemnizar a las comunidades afectadas –que según los demandantes son más de 3.000 personas–, sí estableció el procedimiento. La liquidación la tendrá que realizar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante trámites que deben ser resueltos en máximo seis meses.

La Corte dijo que “la reparación específica de cada peticionario se sustentará estrictamente en los hechos que acredite ante el Tribunal” y se tasará según las enfermedades que haya padecido, los gastos por tratamientos clínicos, la pérdida de capacidad laboral, los daños morales, los cultivos afectados y las pérdidas económicas en general.

Esta semana, el abogado Abelardo de la Espriella, que representa a las comunidades indígenas que ganaron la tutela, aseguró que los afectados pedirán una indemnización de 400 millones de dólares (poco más de un billón de pesos) y que se prepara una demanda penal contra los directivos de la minera.

En caso de que Cerro Matoso no cumpla con las órdenes de la Corte, su operación podría ser suspendida, lo que implica que en el país se dejarían de producir 40.000 toneladas de ferroníquel anuales, y se dejarían de recibir 31,5 millones de dólares de regalías que paga por la explotación de este recurso.

Esta decisión del alto tribunal fue tomada por una sala de tres magistrados (de nueve), lo que implica que la minera puede pedir su nulidad y el caso podría ser revisado por la Sala Plena de la Corte.

‘Corte se arroga deberes del Ejecutivo’

Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), dice que le resulta extraño que en el 2016 la misma Corte le ordenó al Ministerio de Ambiente hacer una investigación sobre los impactos de la actividad minera en los ecosistemas y la salud, y que ahora, en el caso de Cerro Matoso, “no espere a los resultados de este análisis”. También dijo que en cuanto a la licencia ambiental, “preocupa que se desconozca todo el procedimiento sancionatorio que existe en el país, para arrogarse competencias del Ejecutivo”.

La ACM insistió en que “cualquier decisión que vaya en detrimento de la seguridad jurídica preocupa al sector, más si se tiene en cuenta que, vía revisión de una tutela, se desconocen competencias ambientales y de consulta previa”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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