La desaparición de pruebas por la que se ordenó detener a Gustavo Malo

La desaparición de pruebas por la que se ordenó detener a Gustavo Malo

El magistrado está en los calabozos de la Fiscalía General, detenido por el 'cartel de la Toga'.

Gustavo Malo

El miércoles de la semana pasada el exmagistrado Gustavo Malo fue capturado en plena audiencia.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque
20 de mayo 2019 , 05:04 p.m.

La desaparición de unos informes de interceptaciones que habían sido ordenadas en el proceso penal que se sigue en la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Álvaro Ashton -caso que estuvo en el despacho del polémico magistrado Gustavo Malo-, es una de las razones por las que el miércoles pasado la Corte decidió enviar a Malo a una prisión.

La gravedad de esos hechos llevó a que, en un caso sin precedentes, en plena audiencia de inicio de juicio la Corte indicara que, por el bien del proceso penal que se sigue contra Malo, lo mejor es que permanezca detenido.

Así, fue capturado en medio de la diligencia, conducido por los policías de la Corte en la que hace más de año y medio era magistrado, y fue enviado a los calabozos de la Fiscalía, en donde permanece mientras se define si sigue preso en esas instalaciones o lo envían a una cárcel convencional.

El magistrado Ramiro Alonso Marín, quien lleva su proceso, determinó que aunque no hay un riesgo de fuga, Malo debe permanecer detenido porque “existen motivos graves y fundados que permiten inferir que podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba”. También hay elementos que pueden llevar a pensar que podría influir en testigos, peritos o terceros para obstaculizar la administración de justicia.

EL TIEMPO conoció que las sospechas de que Malo pudiera desviar su caso se dieron por la extraña desaparición de informes de interceptaciones que hacían parte del caso de Álvaro Ashton. En las interceptaciones a su línea de celular se habían encontrado conversaciones entre Ashton y Francisco Javier Ricaurte (expresidente de la Corte Suprema de Justicia, también investigado por el ‘Cartel de la Toga’) en las que al parecer “se evidenciaba la negociación para evitar la apertura de instrucción”, es decir, para que Ashton esquivara una investigación en su contra.

El informe que tenía las interceptaciones “fue sustraído del cuaderno reservado que hacía parte del expediente 39768”, asegura el documento de la Corte, conocido por EL TIEMPO. Eso significa que dicho informe desapareció de la investigación que se sigue en la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Ashton por parapolítica.

Las interceptaciones, dice el alto tribunal, eran “altamente incriminatorias” contra Ricaurte, por lo que podían afectar gravemente a la red ilegal de corrupción de la que Malo hacía parte.

Así lo confirmó el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno (extraditado a Estados Unidos y condenado por los hechos del ‘cartel de la Toga), quien aseguró que por un intermediario del exmagistrado Ricaurte se enteró que José Reyes Rodríguez, quien era un magistrado auxiliar de Gustavo Malo que luego fue relevado de su cargo, le había hablado de esas interceptaciones a otro magistrado de la Sala de Casación Penal, distinto de Malo, lo que generó una molestia en Ricaurte y llevó a que Malo despidiera a José Reyes Rodríguez.

El exmagistrado auxiliar, Reyes Rodíguez, confirmó ese episodio contando las escuchas en las que Ricaurte aparecía hablando con Ashton. Coincidencialmente por esa época, el segundo semestre del 2014, Malo le pidió a Reyes un informe escrito sobre cómo estaba el proceso de Ashton y luego lo despidió.

Por eso, la Corte asegura que en el caso de Malo “existe la posibilidad de obstaculización de la actividad procesal y probatoria” pues según los testigos y lo encontrado, se puede inferir que la desaparición de esas pruebas en el expediente de Ashton fue “a expensas” de Malo.

La motivación que él habría tenido para desaparecer los informes de esas interceptaciones, asegura el documento, no sólo sería “el vínculo fraterno de Malo Fernández con Ricaurte”. También lo hizo porque si se hacían públicas esas conversaciones, “hubieran puesto en riesgo la existencia misma de la organización”, es decir, del denominado ‘Cartel de la Toga’. Por eso para los magistrados es claro que quien tenía “los medios y la motivación” para sustraer esos informes de interceptación del expediente, era Gustavo Malo.

Si se hacían públicas esas conversaciones, hubieran puesto en riesgo la existencia misma de la organización

Un hombre que conserva el poder
Gustavo Malo

Gustavo Malo fue magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hasta septiembre del 2017, cuando fue apartado de sus funciones.

Foto:

Corte Suprema de Justicia

Otra de las razones que tuvo la Corte para ordenar su detención es que aunque Malo se encuentra suspendido de su cargo, por la aprobación de la acusación que el Congreso hizo en su contra el pasado 13 de diciembre, y porque la Sala Penal lo relevó de sus funciones desde el 20 de septiembre del 2017, hasta esa fecha “tuvo acceso a información confidencial de los procesos a su cargo".

Por eso los magistrados aseguran que "El pronóstico que a futuro debe hacerse en punto de la posible continuación de la actividad delictiva no lo favorece, pues nada impediría que eventualmente haga uso de dicha información con los mismos protervos propósitos”.

Para proteger la información en la Corte, los magistrados de la Sala de Instrucción consideran que es mejor que Malo permanezca detenido con une medida intramuros, y no beneficiado con la casa por cárcel. La Corte dice que es un riesgo que esté libre por su formación de abogado, y por “los vínculos que aún conserva en la Rama Judicial”, en la que por años pudo nominar a ciertos funcionarios y situar a personas de su confianza en cargos claves.

Nada impediría que eventualmente haga uso de dicha información con los mismos protervos propósitos

Por ese poder que tuvo, dice el documento de la Corte Suprema, Malo logró nombrar en el alto tribunal “a personas de su círculo más íntimo, antiguos empleados y exalumnos” como Javier Enrique Hurtado Ramírez, José Luis Robles Tolosa, Guillermo José Martínez y Camilo Andrés Ruiz.

Según el testimonio de los exmagistrado auxiliares José Reyes Rodríguez e Iván Andrés Cortés Peña,  presuntamente Camilo Andrés Ruiz fue visto en el pasado en un concurrido restaurante del centro de Bogotá con Bernardo Elías y Musa Besaile, en momentos en los que los dos exsenadores ya tenían procesos en el alto tribunal.

Por esa época en la que fueron vistos en el restaurante, dicen los exmagistrados auxiliares, la Sala emitió “un auto inhibitorio a favor de Besaile Fayad en un proceso por homicidio, el cual fue sustanciado y proyectado por el mencionado magistrado auxiliar (Camilo Andrés Ruíz)". Ruíz, dice la Corte, también ha sido señalado de presuntamente recibir dinero del excongresista Nilton Córdoba Manyoma en hechos también relacionados con el ‘Cartel de la Toga’.

Una muestra del poder de Malo, asegura el alto tribunal, es que ha tenido vínculos con el Fonade, entidad en la que habría ubicado a uno de sus judicantes, Osvaldo Madariaga, aprovechando la relación cercana que tenía con el exdirector Alfredo Bula Dumar, cuyo hermano Carlos Andrés Bula Dumar fue auxiliar judicial ad honorem en el despacho de Malo.

Los tentáculos de Malo,  además, llegan hasta la Fiscalía General de la Nación, en donde contó con la colaboración de Alfredo Bettin Sierra y Raúl Acero, quienes eran fiscales delegados ante la Corte Suprema. La Corte recuerda que en la Fiscalía también fue nombrado Alfredo Bula Dumar tras su salida del Fonade, y además allí fue ubicada la abogada Alexandra Arévalo, quien pasó a ser profesional especializada del despacho de Malo a ser investigadora del CTI en la Fiscalía, trabajando en la comisión de apoyo a la investigación de la Corte Suprema de Justicia.
A ese cargo Arévalo habría llegado recomendada por Malo, según varios testigos.

La Corte recordó que la hija de Malo, Yara Milena Malo Benítez, es investigada por cobrar a funcionarios y empleados de la Fiscalía un porcentaje de su salario a cambio de conseguir sus nombramientos en el ente acusador.

Habría fallado a la honorabilidad de su cargo
Antonio Luis González

Antonio Luis González, exfiscal del caso Colmenares, es el abogado del magistrado Gustavo Malo.

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César Melgarejo / EL TIEMPO

Además de esa desaparición de pruebas, la Corte asegura que los hechos que se le imputan a Malo son graves y afectaron de “forma real, efectiva y tangible” la administración de justicia, por lo que es necesaria la medida de aseguramiento en su contra.

Por eso para la Corte debe recordarse que los hechos de corrupción de Malo presuntamente ocurrieron cuando tuvo a su cargo “la máxima magistratura de la jurisdicción ordinaria en la especialidad penal (…) pervirtiendo el ejercicio de tan alta dignidad para favorecer a quienes estuvieran en la capacidad de pagar las altas sumas de dinero que se cobraban”, lo que a juicio de la Corte llevó a someter a la justicia a intereses particulares.

En el expediente contra el magistrado, la Corte sostiene que Malo era el único que “podía cumplir con los compromisos adquiridos por el grupo”.

La acusación contra Malo asegura que él, como magistrado de la Sala Penal, se concertó con otros funcionarios y particulares para “abordar aforados que tuvieran en curso procesos de única instancia al interior de la alta corte, y conseguir decisiones contraria a derecho, a cambio de coimas y dádivas”.

Pervirtió el ejercicio de tan alta dignidad para favorecer a quienes estuvieran en la capacidad de pagar las altas sumas de dinero que se cobraban

Así, esa organización criminal contactó a los senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes, dice la Corte, efectivamente pagaron 2.000 millones de pesos y 1.200 millones de pesos, respectivamente, para tener decisiones favorables en sus procesos penales que estaban en el desapcho de Malo.

Malo jugó un papel clave pues, según la acusación, garantizó que la organización criminal a la que pertenecía pudiera cumplirles a los senadores lo que les había prometido, “omitiendo” funciones de su cargo, retardando los procesos judiciales, y tomando acciones puntuales para favorecerlos, como retirar al magistrado auxiliar José Reyes quien le había propuesto al despacho abrir una investigación formal en contra del senador, Musa Besaile y expedir una orden de captura en su contra.

Después de despedir a Reyes, Malo rotó varias veces a los magistrados auxiliares que asumían esas investigaciones, para seguir demorando los procesos. También le entregaba información privilegiada a los senadores.

Malo es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción y por omisión, y uso de asunto sometido a secreto o reserva.

MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA@MSarralde

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