Secciones
Síguenos en:
El debate en la Corte sobre la prescripción de delitos contra menores
Lobo

El ‘Lobo Feroz’, quien está recluido en la cárcel Picota de Bogotá se enteró de la condena a través de una audiencia vía videoconferencia.

Foto:

Archivo/EL TIEMPO

El debate en la Corte sobre la prescripción de delitos contra menores

Corte Constitucional publicó el fallo completo sobre el caso de Juan Carlos Sánchez Latorre. 

En noviembre del año pasado el Congreso aprobó una ley para que los delitos sexuales contra menores de edad no puedan prescribir, haciendo una reforma sobre el artículo 83 del Código Penal.

Esto significa que, sin importar cuánto tiempo pase y aunque ese periodo sea incluso mayor a la posible pena que podría recibir el responsable, estos delitos podrán investigarse en cualquier momento. 

Al aprobarse esa ley hubo dos posiciones: por un lado estaban los legisladores que defendieron la reforma, quienes afirmaron que era necesaria para que los casos de violencia sexual contra menores -que son la mayoría- no queden en la impunidad.

(Además: Críticas a ley que declaró que abuso de menores no prescribe). 

Pero por otro lado, varios penalistas advirtieron que el efecto podría ser precisamente el contrario: hacer que la justicia no tenga afán para sancionar a los responsables de estos crímenes, lo que terminaría afectando los derechos de los niños y niñas víctimas. 

En octubre del año pasado, es decir, un mes antes de que se aprobara este proyecto de ley en el Congreso, la Corte Constitucional tomó una decisión sobre un caso relacionado con la prescripción de los delitos sexuales contra menores. 

(Lea también: Así es la vida en prisión de Sánchez, abusador de más de 270 niños). 

Se trata de una tutela que llegó a la Corte Constitucional y que fue presentada por un procurador delegado contra una decisión de agosto del 2018 del Tribunal Superior de Barranquilla, que declaró que había prescrito un proceso contra Juan Carlos Sánchez Latorre, más conocido como 'el Lobo Feroz', por acceso carnal abusivo con una menor de 13 años. 

Este hombre fue condenado en el 2019 a una pena de 60 años de prisión por 91 casos de abuso sexual contra menores de 14 años y por actos sexuales con niños y niñas en la capital del Atlántico, pero dentro de ese caso no estuvo el de la niña por el que se presentó la tutela. 

Según el expediente de la víctima, quien nunca pudo obtener justicia,  el 12 de enero del 2008 Sánchez Latorre habría obligado a la  niña de 13 años a practicarle actos sexuales mediante amenazas y el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero.

La investigación se inició el 4 de marzo del 2008 y Sánchez Latorre fue capturado un día después, pero quedó libre en noviembre de ese año por vencimiento de términos ya que habían pasado 142 días sin que iniciara el juicio. Esa audiencia de juicio oral tuvo lugar ocho años después, en el 2016 y se extendió hasta el 2018, cuando la defensa del denominado 'Lobo Feroz' pidió declarar que el caso había prescrito pues habían pasado más de 10 años desde que se le imputaron cargos y aún no había fallo. 

El Tribunal Superior de Barranquilla aceptó esos argumentos y declaró que el proceso penal contra Sánchez por la violencia sexual que sufrió la niña debía cerrarse porque se superó el tiempo máximo permitido para lograr una condena desde que él fue imputado. Sin embargo, la Fiscalía y Procuraduría se opusieron afirmando que los 10 años debían empezar a contarse desde que la niña cumplió la mayoría de edad. 

(Lea además: Cada día se interponen 80 demandas por alimentos contra padres). 

Al revisar la tutela del procurador, la  Corte le dio la razón al Tribunal Superior de Barranquilla en que los términos empezaron a correr desde la imputación.  Pero además, el alto tribunal ordenó investigar penal y disciplinariamente a los fiscales y autoridades que actuaron en este caso por la "negligencia", "desinterés y desidia" que mantuvieron.

Para la Corte, el problema de fondo no es la forma en la que se computaron los términos penales, "sino la posible negligencia de entidades estatales" que tuvieron 10 años para culminar un proceso penal, pero dejaron vencer los términos al aceptar, por ejemplo, 22 veces que se aplazara la audiencia preparatoria, o 40 veces la audiencia de juicio oral. Incluso, la Corte les ordenó a la Fiscalía, Consejo Superior de Judicatura y Ministerio de Justicia que evalúen la manera de buscar medidas legislativas para poder solventar el estancamiento de los procesos penales por la "malsana práctica" de pedir aplazamientos de audiencias, que es una estrategia dilatoria. 

(Le invitamos a leer: Corte niega tutela que pedía traslado de fondo privado a Colpensiones). 

Pero más allá del caso particular que evidencia un problema estructural de la justicia colombiana, cuya decisión se conoció en octubre, esta semana la Corte Constitucional publicó el fallo completo y muestra de fondo un muy interesante debate sobre la prescripción de delitos sexuales contra menores de edad. 

Esta semana la Corte Constitucional publicó el fallo completo y muestra de fondo un muy interesante debate sobre la prescripción de delitos sexuales

En este fallo la Corte señaló que el debate en al tutela del caso del 'Lobo Feroz' no se limitó solo a cuestiones formales, sino que se estaba evaluando el interés superior del menor y la prevalencia de los derechos de los niños, por un lado, frente a el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, así como la carga que tiene el Estado de adelantar un proceso en sus precisos términos. También se evaluaron las consecuencias que trae la negligencia. 

Este debate importa porque aunque en el caso del 'Lobo Feroz' la Corte no se pronunció sobre la ley de imprescriptibilidad de delitos, pues esa norma se aprobó un mes después, sí toca varios asuntos de fondo sobre la materia que podrían ser tenidos en cuenta más adelante en el alto tribunal si le llegara una eventual demanda contra esa norma. En este fallo de Sánchez además, la Corte dice que la regulación sobre la prescripción de los delitos es un tema que es exclusivo del Congreso. 

Actualmente la Corte Constitucional ya está evaluando varias demandas contra la ley de cadena perpetua contra menores de edad sobre la que en marzo se presentará su regulación.

(Lea también: Así sería la reglamentación de la cadena perpetua en Colombia)

Los derechos de los niños son prevalentes pero...

La Corte Constitucional aseguró que en múltiples pronunciamientos ese alto tribunal ha dicho que los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen una especial protección por parte de la Constitución ya que esa Carta Política establece que sus derechos son prevalentes frente a los de los demás. 

Pero esa prevalencia de derechos de los niños, asegura la Corte, no puede conllevar en el campo de un proceso penal "al desconocimiento del derecho al debido proceso y a un juicio justo de los indiciados, imputados o procesados". Esto significa que, si bien en un proceso penal se deben buscar las medidas que sean más favorables para los niños, esto no significa que se puedan desconocer otros derechos como las garantías del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia. 

(Le invitamos a leer: ¿Debe responderle el banco si alguien le roba plata de su cuenta?). 

La Corte recordó que, según su jurisprudencia, la política criminal del Estado y el deber de proteger a los menores de edad deben articularse de forma tal que las decisiones tomadas por el legislativo "guarden armonía con los principios en que se funda el Estado social de derecho, puntualmente en aquello relacionado con el catálogo de garantías que reconoce para todos los habitantes del territorio nacional - incluidos los infantes y los infractores de la ley penal-". 

Por eso es que para la Corte, el hecho de que la Constitución diga que se debe satisfacer y garantizar el interés superior de los menores de edad, "no puede rebasar los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como el principio de legalidad y la garantía del debido proceso, también consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos". 

La prescripción de un proceso penal es una garantía fundamental de un Estado de derecho

En esta decisión sobre el 'Lobo Feroz' la Corte también evalúa cuál es la importancia de la prescripción de la acción penal. Así, asegura en su fallo que la posibilidad de que un proceso judicial prescriba  "hace parte fundamental de las garantías inherentes al Estado de Derecho". 

Y es que, asegura la Corte, el artículo 29 de la Constitución asegura que una persona tiene derecho al debido proceso, lo que significa que la posibilidad que tiene el Estado de castigar a un ciudadano tiene límites. 

(Le puede interesar: Por segunda vez Gobierno apela orden de JEP sobre protección a ex-Farc). 

Uno de esos límites, asegura la Corte, es de carácter temporal y esa temporalidad implica que "el Estado no puede mantener sub judice (pendiente de una decisión judicial) a una persona de manera indefinida", afirma la Corte en el fallo del 'Lobo Feroz'. Esto se deriva, dice la corporación, del derecho que tienen todos los ciudadanos de ser juzgados en un plazo razonable y esa garantía se cumple, entre otras medidas, con "la fijación de un término de prescripción de la acción penal". 

El Estado no puede mantener sub judice a una persona de manera indefinida

Ese derecho a ser juzgado en un plazo razonable, además, está fijado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1 y ha sido reiterado por la Corte IDH. 

Así, en este fallo la Corte Constitucional asegura que la obligación de investigar en un tiempo determinado la presunta comisión de un delito es uno de los principios de un Estado Social de Derecho, pues vela por "la dignidad de la persona y el respecto efectivo de los derechos humanos".

(Le invitamos a leer: La pelea entre dos uribistas que llega a la Corte Suprema). 

Ese plazo implica que "ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad” , dijo la Corte, recordando su jurisprudencia.

La prescripción implica que el Estado tiene obligaciones y no puede ser negligente

El hecho de que un delito pueda prescribir significa que el Estado no puede ser negligente a la hora de administrar justicia y debe cumplir los plazos que establece la ley, o asumir las consecuencias de incumplir sus obligaciones. 

Así, par ala Corte la prescripción de un delito no solo busca garantizar los derechos de un procesado, sino también una "sanción para el Estado por su inactividad". 

Esa sanción se da porque si en un plazo razonable no se obtiene una decisión judicial, el "Estado pierde la competencia para ejercer su facultad punitiva". 

(Lea: ¿Está Colombia estancada en percepción de la corrupción?). 

En el proceso judicial del 'Lobo Feroz' la Corte Constitucional tuvo en cuenta los conceptos de varias instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que “acudir al interés superior de los niñas, niños y adolescentes, no puede constituir una vía de escape a través de la cual las autoridades del Estado puedan sustraerse del cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales cuyos derechos entran en conflicto con los de aquellos” .

REDACCIÓN JUSTICIA 

Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.