“Algo que para mí sería reparador es que ese lugar, donde se inició todo, donde empezó este ciclo de terror, se pueda cerrar. Me refiero a que clausurar la cárcel La Modelo, donde no solo se cometió un hecho de violación de derechos humanos contra mí, sino donde sistemáticamente se han cometido todos los tipos de violaciones de derechos humanos desde hace décadas, sería realmente una reparación efectiva”.
Esa fue la petición que hizo esta semana la periodista Jineth Bedoya Lima al inicio del juicio, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), contra el Estado colombiano por el atroz ataque del que fue víctima en mayo del 2000, tras hacer graves denuncias sobre el caos y la violencia que reinaba en ese penal.
.La periodista afirmó que la cárcel está levantada sobre restos humanos de personas, entre internos y personas que eran ingresadas ilegalmente al penal, y que allí eran asesinadas, descuartizadas y escondidas en los recovecos de la cárcel.
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El centro penitenciario fue escenario, hace dos décadas, de secuestros, desapariciones forzadas y graves enfrentamientos armados entre bandos del conflicto armado que fueron a parar a esa cárcel.
Bedoya añadió que el sitio tendría que dejar de ser un símbolo de la impunidad y escenario de las peores barbaries, y pasar a ser un espacio para las sobrevivientes de violencia sexual “que no tienen donde reunirse a hablar de su dolor y para transformar su dolor a través de talleres, de pedagogía, de estudio. Yo sueño que esa cárcel sea eso”.
EL TIEMPO consultó el tema con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que representa a Colombia en el juicio en la Corte IDH, y esta señaló que por estar en el proceso no se pronunciaría sobre la petición de la periodista.
Sí lo hizo el Ministerio de Justicia, que argumentó la dificultad de avanzar en ese proceso. Indicaron fuentes de esa cartera que con los cupos carcelarios que hoy cuenta el país sería complicado ubicar a los 3.577 internos que hoy están en La Modelo y que ese proceso podría tener un costo de alrededor de 489.000 millones de pesos, sin incluir el valor del lote, y tomar 5 años.
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Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO
Añadieron que se requiere un lote de aproximadamente 25 hectáreas y que La Picota no tendría ese espacio pues allí se proyecta trasladar la cárcel de mujeres El Buen Pastor, por lo que la única alternativa sería la Colonia Agrícola de Acacías (Meta), que igual implicaría inversiones en seguridad y aumento de servicios de agua potable y energía eléctrica.
Más allá de los costos, esta no es la primera vez que se habla de cerrar La Modelo. De hecho, la Corte Constitucional, que hace años adelanta seguimiento a la gravedad de la situación dentro de las cárceles y al estado de cosas inconstitucionales en los penales, ya había pedido en junio de 2013 que el Gobierno considerara el cierre definitivo de La Modelo, de la que dijo era uno de los establecimientos carcelarios en peor estado y “teniendo en cuenta su antigüedad, el uso y abuso de que ha sido objeto, además de graves afectaciones de las que ha sido objeto, como los impactos que sufrió debido a los combates entre paramilitares y guerrilleros durante los años 2000 y 2001”
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La Corte, que se refería a la grave situación de violencia que se vivía en el penal y que fue denunciada por la periodista, fue más allá y dijo que esa cárcel, “así como el Palacio de la Inquisición mantiene viva la memoria de los castigos denigrantes, inhumanos y violatorios de la dignidad humana que sufrieron muchas personas en la ciudad de Cartagena durante la Colonia, la Cárcel Modelo y otros establecimientos en mal estado en el país deberían pasar a ser un símbolo de lo que nunca más se debería repetir”.
El senador Iván Cepeda, que hace parte de las comisiones encargadas de los temas penitenciarios, señaló que la petición era justa y que La Modelo ha sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos. Indicó que, más allá de cerrarla o no, se debe avanzar en una reforma de fondo al sistema penitenciario del país.
Manuel Iturralde, codirector de Grupo de Prisiones en la Universidad de los Andes, dijo que La Modelo no cumple los requisitos para garantizar los derechos de los internos y que sería una reparación histórica para las víctimas, con muchas implicaciones logísticas.
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Y Norberto Hernández, abogado penalista miembro del Semillero de Cárceles de la Javeriana, dijo que se debería avanzar en el cierre como reparación a la periodista y a las demás víctimas de la violencia en el penal, pero que se tendría que dar con un cronograma cuyo plazo no sería corto.
La decisión sobre ordenar su cierre quedó ahora en manos de la Corte IDH.
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