El caso de violación que la Corte dejó en manos de justicia indígena
no es hora de callar
No es hora de callar patrocinado

El caso de violación que la Corte dejó en manos de justicia indígena

Madre de víctima presentó tutela porque temía que el proceso quedara en impunidad en esa justicia.

No es hora de callar abuso sexual de menores

Con la justicia restaurativa no solo se busca la reparación de las víctimas, sino empoderarlas para reconstruir el tejido social.

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Mauricio León / Archivo EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque
19 de mayo 2019 , 09:38 p.m.

Hace más de un año, una mujer indígena acudió con una tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura para pedirle que ordenara que el caso de violencia sexual que sufrió su hija –y que habría sido cometido por Eusebio Sánchez Sánchez– fuera investigado y juzgado por la justicia ordinaria, y no por la jurisdicción de su comunidad.

La mujer aseguró que si la justicia indígena de su refugio en Guamo (Tolima) asumía el proceso, los hechos de violación –en los que el supuesto agresor era un familiar y un reconocido docente dentro de la comunidad ancestral– quedarían impunes. “No contamos con el apoyo del resguardo, están a favor de Sánchez”, dijo la mujer.

El Consejo Superior de la Judicatura le dio la razón, considerando que en este tipo de delitos los derechos de los niños están por encima de los que tienen que ver con la autodeterminación de las comunidades ancestrales.

En medio de la tutela, el cabildo indígena le informó a la Judicatura que en sus usos y costumbres se considera que “la privación de libertad de un procesado o condenado nada soluciona, y tampoco ha disminuido la cantidad de delitos cometidos contra menores de edad”.

Por eso, el gobernador indígena señaló que en sus comunidades se privilegia la justicia restaurativa, lo que significa que el comunero que cometa un delito de violación podrá ser sancionado con una amonestación en privado, en público, destitución temporal o definitiva del cargo que desempeña, detención transitoria hasta por 24 horas, una multa que lo obliga a participar en proyectos, trabajo en obras de interés público, o arresto hasta por cinco días. La sanción más dura puede llegar a la expulsión definitiva de la comunidad o la entrega a la ley ordinaria, en casos de reincidencia en hechos de violencia sexual.

Para garantizar la seguridad de la víctima, esta justicia afirmó que apartaba al infractor obligándolo a confinarse en un lugar determinado, en donde es vigilado por la guardia indígena. Pese a esa descripción, la Judicatura consideró que el cabildo no tiene reglas escritas ni una “tipología penal clara para conductas” como las que sufrió la menor ni tampoco un procedimiento de juicio que tenga en cuenta la perspectiva de género.

El gobernador indígena se opuso y radicó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia en la que pidió que se le permitiera a la jurisdicción ancestral llevar el caso, señalando que hay por lo menos 11 fallos en las altas cortes que han decidido sobre asuntos similares, manteniendo la competencia de la justicia indígena.

Para el gobernador, los derechos de los niños deben armonizarse con los que protegen la diversidad étnica y cultural, la igualdad, así como el derecho de administrar su propia justicia dentro de su territorio. Dijo que los niños indígenas tiene también el derecho a recibir una formación que “respete y desarrollo su identidad cultural”, la cual incluye que los casos judiciales que ocurran en sus territorios sean juzgados “según sus usos y costumbres”.

Los argumentos de la Corte

Al revisar el caso, la Corte Suprema de Justicia estuvo de acuerdo con esos argumentos y consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no valoró de forma adecuada la tutela, ya que el cabildo había acreditado “con suficiencia que su comunidad sí cuenta con una institucionalidad capaz de adelantar el proceso penal”.

Hace parte de una perspectiva etnocéntrica el pretender valorar la eficacia del proceso de investigación y juzgamiento con el que cuenta el cabildo, a la luz de las normas y procedimientos de la sociedad mayoritaria”, dijo la Corte, por lo que aseguró que obligar a que el caso salga de la justicia indígena viola la diversidad y el pluralismo.

Para la Corte, la violencia sexual sí es un delito que es considerado ilícito en la comunidad indígena, en donde “se considera de tal gravedad que puede llegar a ser sancionada con la expulsión de la comunidad”.

También asegura que a partir de lo que aportó la Judicatura, no se ven pruebas que permitan inferir que en las comunidades étnicas los derechos de las niñas no se respetan, pues, por el contrario, encontró que con la justicia restaurativa no solo se busca la reparación de las víctimas, sino empoderarlas para reconstruir el tejido social.

MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Justicia
En Twitter: @MSarralde

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