Duras críticas de Corte a la JEP por aceptar a Salvador Arana.

Duras críticas de Corte a la JEP por aceptar a Salvador Arana.

La Corte Suprema planteó un conflicto de competencias que deberá definir la Corte Constitucional.

Salvador Arana

Salvador Arana, exgobernador de Surce condenado a 40 años de prisión.

Foto:

Jaiver Nieto. Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
15 de mayo 2020 , 12:47 a.m.

La competencia prevalente de la JEP no convierte a la jurisdicción especial en un tribunal con superioridad abierta e indeterminada a las demás jurisdicciones, a causa de un laxo control sobre la determinación judicial de su propia competencia. (...) Ello no puede conducir a que, bajo el pretexto de aplicar análisis judiciales ‘de baja intensidad’, la JEP usurpe competencias propias de la jurisdicción ordinaria”.

Esos fueron los duros términos en los que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia planteó un conflicto de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por aceptar en esa justicia al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por paramilitarismo y el homicidio del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz.

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El conflicto deberá dirimirlo la Corte Constitucional, alto tribunal al que la Corte Suprema le envió sus documentos y reparos frente a la JEP, que aceptó a Arana en una decisión de febrero pasado.

Hay dos críticas principales que la Sala Penal le hace a la JEP. La primera tiene que ver con el hecho de que, dice el alto tribunal, esa jurisdicción aceptara a Arana a pesar de que revisar si él cumplía los requisitos era una competencia de la Corte Suprema de Justicia.

Para la Sala Penal, aunque es cierto que la JEP tiene prevalencia para conocer los hechos del conflicto armado ocurridos antes del 2016, esa competencia no es ilimitada, exclusiva ni absoluta. Es por eso que, asegura, según el punto 58 del Acuerdo Final, el artículo 10 del acto legislativo del 2017, y la ley 1957 de 2019, la Corte Suprema de Justicia es competente para revisar las sentencias que ella misma profirió en los casos de quienes quieran comparecer voluntariamente a la JEP.

Por esa razón, si una persona condenada por la Corte quiere entrar a esa justicia transicional, es a la misma Corte a la que le corresponde revisar si esa persona puede ser admitida, dependiendo de si cumple los factores personales, materiales y temporales para que su caso entre a la JEP.

La segunda crítica tiene que ver con que la JEP concluyera que Arana cumple los requisitos para ser beneficiario de la justicia transicional como tercero, y en calidad de agente estatal distinto a la Fuerza Pública. Y es allí donde el alto tribunal insiste en que la Jurisdicción para la Paz hizo un examen laxo. Esa laxitud, dice la Corte, también se ve en el hecho de que la JEP haya declarado la competencia en casos que no tienen relación con el conflicto armado, como el ‘cartel de la toga’.

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El alto tribunal asegura que, tal y como lo ha concluido en sus fallos contra Arana, él no sólo fue un gobernador que tuvo nexos con las Autodefensas, es decir, su caso no se limita a un concierto para delinquir como en otros de la parapolítica.

A juicio de la Corte, si bien su caso se relaciona con el conflicto armado, Arana fue un “paramilitar puro” que no actuó como un simple tercero colaborador de las Autodefensas, sino que estuvo "camuflado en el servicio público" con el fin de contribuir en la cooptación del Estado por parte de las autodefensas.

"Participó de crímenes propios de la organización armada ilegal, en la que mantuvo influencia por haber sido fundador", dice la Corte, afirmando que su papel fue tan importante en esos grupos ilegales que fungió como “fundador, financiador y líder de estructuras paramilitares”.

La Corte aseguró que no se puede aceptar que personas que no tienen derecho a la justicia transicional ni a sus beneficios accedan a ella, y defrauden al sistema

Y esa condición de paramilitar e integrante de las Autodefensas es la que impide que la JEP conozca su caso pues, recuerda la Corte, en esta justicia no pueden entrar los paramilitares ya que así lo estableció la ley, teniendo en cuenta que los paramilitares no participaron del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, y además ya tuvieron su propio sistema de justicia transicional.

Finalmente, la Corte aseguró que no se puede aceptar que personas que no tienen derecho a la justicia transicional ni a sus beneficios accedan a ella, y defrauden al sistema “bajo el pretexto de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas” porque esto deslegitima el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, y debilita a la justicia ordinaria.

JUSTICIA
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