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Cortes

'Algunos sindicatos han desviado su labor para buscar intereses corruptos': UNP

Augusto Rodríguez, director de la UNP.

Augusto Rodríguez, director de la UNP.

Foto:Twitter: @UNPColombia

Corte Constitucional hizo una audiencia sobre la seguridad de firmantes de la paz.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró ante la Corte Constitucional que la protección de los firmantes de paz y de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos son un prioridad del Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de una audiencia que se citó por las graves fallas en seguridad en relación de estas personas tras la firma del acuerdo de paz.
"Cuando uno habla de 360 firmantes que han sido asesinados, evidentemente estamos ante un Estado de Cosas Inconstitucional. Un Gobierno no puede enfrentar un problema que no reconozca", señaló que en las bases del Plan de Desarrollo aprobado y en algunos de sus artículos se enfatiza en la necesidad de la implementación del acuerdo final.
"No escapa a la opinión pública que uno de los debates más fuerte que se dio en el Congreso fue el artículo 55 que hablaba de como agilizar la reforma agraria en este país. Le decía a los congresistas que con los instrumentos que nos entregaron, por fin, vamos a tener la posibilidad de desarrollar esa función social de la propiedad", agregó.
Según Velasco esto es clave porque frenar la escalada de violencia en contra de los excombatientes y los líderes sociales está ligado con implementar el acuerdo de paz de La Habana en general.
La cita en la Corte se dio en el marco del seguimiento a la sentencia de 2022 que declaró la existencia de una vulneración masiva de derechos (un Estado de Cosas Inconstitucional) en relación con la seguridad para las personas que firmaron el acuerdo de paz, que dejaron la guerrilla de las Farc y que están en proceso de reincorporación y hacen parte del Partido Comunes.

Podremos venir a la Corte con voz tranquila el día que digamos que se acabaron los homicidios contra los firmantes de los acuerdos pero, sí, les decimos cuáles son los resultados

Velasco indicó que cuando el Gobierno Petro llegó, no se encontró un engranaje ni una decisión del Gobierno anterior para cumplir el acuerdo. "Me tocó ver como congresista como en algún momento se perdieron no meses sino años de un Gobierno tratando de, a manera de ejemplo, reformar acuerdos que ya no solo hacían del bloque de constitucionalidad sino que habían sido depositados en Naciones Unidas, cuando intentó modificarle la Justicia Especial para la Paz", dijo.
Según el ministro, eso evidenció el tono del pasado, y hoy hay tres instancias sobre el acuerdo: la comisión de seguimiento a la implementación, la comisión nacional de garantías de seguridad y la mesa técnica de seguridad y protección. "No las encontramos operando bien. Esta situación ayudó a las cifras terribles, que el Estado y la sociedad tienen que avergonzarse: más de 338 firmantes de paz asesinados", dijo.
"Adoptamos un plan nacional de emergencia para la protección de líderes y personas reincorporadas y en su marco hemos instalado 224 puestos de Mando Unificado por la Vida (...) en donde se diseñan medidas de protección ante las situaciones de mayor riesgo. Como resultado de las acciones definidas allí entregamos una reducción del 55 por ciento del agresiones a firmantes en comparación con el primer semestre del año pasado", dijo.
Velasco dijo que también hay una reducción del 31 por ciento en agresiones a líderes en el mismo periodo de comparación y señaló que la comisión de seguimiento y la de garantías vienen funcionando permanentemente desde octubre de 2022. "Ya no es un tema esporádico y hay unas personas responsables. Ello nos ha permitido tener acciones más rápidas ante situaciones de riesgo, en particular con la puesta en marcha de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección", agregó.
El ministro del Interior dijo que esos resultados, en todo caso, no satisfacen al Gobierno. "Podemos venir a la Corte con voz tranquila el día que digamos que se acabaron los homicidios contra los firmantes de los acuerdos pero, sí, les decimos cuáles son los resultados porque creemos que hemos entrado en la ruta que se debe hacer", agregó.
Audiencia firmantes de paz Corte Constitucional

Audiencia firmantes de paz Corte Constitucional

Foto:Corte Constitucional

Velasco dijo que se hizo un ajuste a los cuerpos de policía dedicados a esta tarea, la UNIPEP, tras encontrarla "desvertebrada" pues "solo tenía 56 hombres" y ahora tiene 2.844. Además, la unidad quedó al mando de un general de la Policía. El funcionario dijo que acaba de llegar a la cartera y que las reuniones sobre este tema con su participación empezarán lo más pronto posible.
El funcionario, además, aseguró que máximo en junio 30 deberá estar aprobado el Plan Estratégico de Seguridad y Protección y dijo que se avanza en la implementación de 561 esquemas de protección que benefician a 1109 firmantes del acuerdo de paz.
Sobre la Unidad Nacional de Protección, Velasco dijo que se acordó el aumento del presupuesto de la entidad a 13.000 millones en materia de protección para 112 colectivos, entre otros.
Augusto Rodríguez, director de la UNP.

Augusto Rodríguez, director de la UNP.

Foto:Twitter: @UNPColombia

El director de la entidad, Augusto Rodríguez, señaló ante la Corte que la UNP que encontró tiene "muchísimas dificultades", con atraso en la estructura administrativa y tecnológica.
"El sistema de gestión documental es absolutamente obsoleto. El 78 por ciento eran contratos de prestación de servicios. Encontramos un pasivo enorme heredado del DAS", agregó en referencia a que las sentencias que la justicia ha emitido contra esa extinta entidad entre 2017 y 2023 llegan a 141.573 millones de pesos que ya se pagaron y faltan por pagar otras por 9.481 millones de pesos.
"Desde el DAS tenemos procesos judiciales activos con valor de provisión contable por 118.567 millones de pesos", agregó Rodríguez al señalar que hay falencias relacionadas con procesos de tutela y con resoluciones a dictar con medidas de protección acumuladas "que desbordan lo normal".

Hay una cartelización de este servicio, se cambian los nombres pero son los mismos propietarios y han logrado extender hacia la entidad el control de todas las diferentes áreas mediante sindicatos

"El 31 por ciento de la flota de los vehículos con que cuenta la entidad es suministrada por empresas rentadoras y es obsoleta. En la medida que hay una cartelización de este servicio, pocas empresas manejan esto, se cambian los nombres pero son los mismos propietarios y han logrado extender hacia la entidad el control de todas las diferentes áreas mediante algunos sindicatos que han desviado su acción de defensa de los trabajadores ha buscar intereses corruptos en la protección, en concreto, el alquiler de esquemas a particulares", dijo.
Rodríguez aseguró que hay un desinterés de las empresas de cumplir con la obligación de sustituir los vehículos que se van dañado, porque "el desorden hace que de todas maneras se les pague". Igualmente, el funcionario dijo que ahora se cuentan con 8.336 personas de protección y que se han contratado 1673 vehículos convencionales y 2.928 vehículos blindados.
"El blindaje es lento y no hay interés de las empresas que lo suministran. Hay apenas 186 vehículos que han solicitado licencia para blindaje en la Superintendencia de Vigilancia. Esto, comparado con los 2928 vehículos blindados que nosotros necesitamos implica que muy poquitos se van a renovar y que seguimos teniendo una flota altamente obsoleta", agregó.
Rodríguez indicó que se iniciaron procesos contra la corrupción para desmantelar alianzas de personas que están dentro de la entidad con "las mafias externas que controlan tantos los vehículos que se suministran como el personal tercerizado por las llamadas uniones temporales".
justicia@eltiempo.com
@JusticiaET

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