El Consejo Superior de la Judicatura, que estuvo a punto de desaparecer con la reforma de equilibrio de poderes por cuenta de su ineficiencia, pero que se salvó por una polémica decisión de la Corte Constitucional, dejó morir deudas por más de 6,6 billones de pesos en favor del Estado.
Eso es lo que dice una auditoría de la Contraloría General, que advierte que esa era la plata que debían pagar por multas miles de condenados por diferentes delitos que ahora ya no tienen esa obligación porque se pasó el tiempo de cobro.
Otros 4,4 billones de pesos que para el 2016 le debían al Estado los responsables de delitos por narcotráfico están a punto de prescribir, por lo que ese dinero tampoco podría entrar a las arcas del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, como lo ordena la ley.
La Contraloría alerta porque a pesar de que las normas ordenan que el Consejo Superior de la Judicatura debe realizar el cobro coactivo, la entidad no está haciendo la tarea.
Al auditar las cuentas del Ministerio de Justicia, encontró que seguía contabilizando entre sus cuentas por cobrar los $ 4,4 billones que deben los condenados que vulneraron el Estatuto de Estupefacientes.
Desde el 2014 el cobro lo debe realizar el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, dice la Contraloría, la Judicatura no ha querido recibir estas cuentas por cobrar, al argumentar que no tiene la capacidad de cumplir la función de recaudo a través de la jurisdicción coactiva.
No son las únicas cuentas que está dejando la Judicatura en el cajón del olvido. Según la Contraloría, el total de la plata de multas que está embolatada llega a los $ 20,5 billones.
Fuentes judiciales aseguran que estas deudas son de difícil cobro –generalmente se trata de montos elevados que no todos los condenados tienen la posibilidad de pagar–, pero también se han encontrado casos en los que deudores, aunque tengan recursos para pagar, aprovechan la falta de diligencia para que sus obligaciones prescriban. Muchas veces, como hicieron algunos ‘parapolíticos’, se declaran insolventes.
La Contraloría revisó 23 expedientes y encontró que “a pesar de que los funcionarios realizan las gestiones de cobro, incluidos mandamientos de pago (algunos sin notificación) y se hace investigación de bienes (en la mayoría de los casos infructuosa), no se encuentra soporte de acciones tendientes a la recuperación de la cartera”. Así, la Judicatura mantiene su ineficiencia para aplicar con celeridad medidas de embargo, designar secuestres, o rematar los bienes.
EL TIEMPO contactó a la Judicatura pero no obtuvo respuesta.
Aunque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue una de las únicas instituciones que se salvó del equilibrio de poderes, esta no ha entrado en funcionamiento por cuenta de una decisión del Consejo de Estado que en noviembre dejó sin efectos la convocatoria por medio de la cual la Judicatura eligió sus ternas. La inexistencia de la Comisión tiene a tres magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura en periodo extendido desde septiembre, así pone en riesgo los miles de procesos que adelanta la corporación contra abogados del país.
JUSTICIA
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