En la lista de deudores morosos que tiene la Contraloría General –en la que figuran los nombres de reconocidos empresarios, funcionarios públicos y contratistas– aparecen 2.923 personas que han sido condenadas fiscalmente por corrupción o por la mala administración de recursos públicos, y que hoy le siguen debiendo al erario 13,9 billones de pesos.
Ese dinero, que equivale al 6 por ciento del Presupuesto General de la Nación de este año, o con el que se podría pagar la cuarta parte de la ley de víctimas, no se le ha podido resarcir al Estado, no obstante los esfuerzos del organismo de control fiscal.
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Mientras que ese monto corresponde a fallos fiscales de la Contraloría que están en firme, y cuyos efectos no son penales sino que buscan que se indemnice la pérdida de dineros públicos, por lo menos están embolatados otros 14 billones, sobre los que la Contraloría mantiene investigaciones vigentes, sin decisión.
La escandalosa cifra que se alimenta de la corrupción y el desgreño administrativo sigue creciendo cada año. Entre junio del 2015 y mayo del 2016, la Contraloría emitió 253 nuevos fallos de responsabilidad fiscal que involucran 102.927 millones de pesos.
Uno de esos casos fue el de la condena por más $ 6.376 millones que se emitió en abril pasado contra la IPS Previsanar y su representante legal, el médico Sebastián Ramírez Mendoza, por efectuar 130 recobros al Fosyga y al consorcio Fidufosyga por supuestos servicios prestados. Tras la investigación se comprobó que los recobros se lograron con historias clínicas y tutelas falsas (ver casos emblemáticos).
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Mientras la deuda aumenta cada año, lo que logra recuperarse sigue siendo mínimo. En los últimos dos años, durante la era del contralor Edgardo Maya Villazón, la Contraloría logró que los morosos pagaran 125.000 millones de pesos, cifra que, según funcionarios de ese organismo, duplicó el recaudo de la administración de la excontralora Sandra Morelli.
Los dineros recaudados entran al Tesoro Nacional para que puedan llegar al municipio o región que se vio afectada por el desvío o pérdida de recursos.
Uno de esos casos se dio en enero de este año, cuando, a través de la Jurisdicción Coactiva, la Contraloría recibió un cheque por 63.000 millones de pesos de una minera.
El pago de la indemnización llevó a que se archivara la condena fiscal que pesaba en contra de esa empresa y de varios exfuncionarios, declarados responsables “por acción y omisión” al fijar un otrosí en un contrato que implicó una millonaria disminución en las regalías que recibía Cesar por la explotación de una mina.
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Ocultan bienesUna de las principales dificultades que tiene la Contraloría para perseguir esos patrimonios consiste en que, al momento de realizar los cobros, se encuentra con que los responsables no tienen bienes. “Como la responsabilidad es individual, si no se les encuentran propiedades ni cuentas bancarias, la Contraloría no tiene cómo hacer efectiva la jurisdicción coactiva”.
Aunque durante los procesos el organismo puede acudir a los embargos, los funcionarios encuentran que desde ese momento, muchos de los investigados ya han comenzado a insolventarse, como en el caso de los desvíos de recursos de la salud por el que fue condenado Saludcoop a pagar 1.4 billones de pesos.
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La Contraloría también ha detectado casos en los que funcionarios públicos habían traspasado sus propiedades a familiares o terceros antes de posesionarse como alcaldes o gobernadores, previendo, de quedar incursos en una investigación fiscal, evitar que congelaran su patrimonio.
Otra dificultad, según fuentes de la Contraloría, consiste en que las pólizas de seguro que los funcionarios suscriben con los contratistas resultan ser mínimas para cubrir una posible pérdida en medio de la ejecución de un negocio.
“Debería existir una reforma en la política pública, de manera que las pólizas sean mucho más exigentes. Los funcionarios toman decisiones en unas cuantías inmensas que hoy no tienen respaldo. Cuando uno trata de llamar a un tercero civilmente responsable, resulta que el daño fue grandísimo y la póliza no alcanza a cubrirlo”, indicó una fuente de la Contraloría.
La búsqueda de patrimonios en el exterior también es otro reto para la Contraloría. Pese a que el organismo de control ha conseguido convenios con países como Ecuador y Panamá, se ha encontrado con dificultades. “Muchos países no entienden por qué un organismo administrativo, y no judicial, tiene poder de tomar medidas cautelares”, agregó la fuente.
Aunque la ley asegura que quienes sean condenados fiscalmente no pueden contratar con el Estado, los responsables han encontrado formas de evadir las normas. Si es un particular, crea una personería jurídica (una empresa) con la cual sigue contratando, o si es una empresa, cambia esa personería jurídica para no quedar inhabilitada.
MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Justicia
