La pelea por el uso de dinero público en fiestas religiosas

En los últimos seis años, la Semana Santa de Popayán, una de las celebraciones religiosas más antiguas de Suramérica, ha recibido del Ministerio de Cultura más de 1.131 millones de pesos.

Durante la Semana Mayor, los payaneses congregan creyentes y turistas de todo el país –como se ha hecho desde hace casi cinco siglos– en torno a esta celebración católica que los conquistadores españoles llevaron a la región en 1556.

Además de los aportes que recibe del Ministerio, esa celebración también cuenta con unos $ 250 millones al año por recaudo del IVA a la telefonía celular.

Ahora esos recursos públicos para la celebración están en vilo por cuenta de una demanda que la Corte Constitucional estudia y por la que, por primera vez, hará una audiencia pública para tratar temas religiosos, el próximo 26 de septiembre.

(Además: Por ahora no va más el Tedeum, la ceremonia religiosa del 20 de julio)

En ese debate se les preguntará a promotores y opositores hasta qué punto es constitucional que, en un Estado secular, se usen dineros del erario para financiar esas fiestas.

María Isabel Ávila Reyes, la mujer que pide tumbar la ley del 2004 que permitió asignar partidas presupuestales para ese evento, afirma que la norma viola la Constitución porque privilegia la religión católica, generando un “tratamiento discriminatorio a otras confesiones”. Dice que en un Estado en el que prima la libertad de cultos el erario debe usarse en asuntos de interés general.

El concepto que Dejusticia le envió a la Corte va en esa misma vía. César Rodríguez, director de esa organización, afirma que “si bien es una tradición cultural respetable, la Semana Santa payanesa está asociada con una fe específica. La ley del 2004 viola la libertad de cultos y la étnico-racial, porque ese mismo apoyo financiero no se les da a prácticas culturales propias de otros grupos, incluso etnias indígenas del Cauca”.

Esta posición es respaldada por Ferney Rodríguez, presidente de la Corporación Bogotá Atea, quien asegura que en estos casos el Estado debe ser neutral. “Esto no tiene que ver con el tiempo que lleven los ritos ni con la cantidad de suscritos a una religión. Aquí no han hecho lo mismo con los ritos indígenas o ritos de la Colonia”.

Los defensores de la Semana Santa en Popayán afirman que, más que un evento religioso, es una tradición cultural que mueve la economía payanesa. Felipe Velasco, director de la Fundación Pro Semana Santa, afirma que el presupuesto que ellos reciben se invierte en la conservación de las más de 60 estructuras con las que los cargueros desfilan en las procesiones, en contratar músicos, acondicionar los cirios para el público y otros gastos que implica la logística de esa fiesta a la que la Unesco declaró en el 2009 patrimonio cultural de la humanidad, y que le deja 30.000 millones de pesos a Popayán.

Con argumentos similares, el Ministerio de Cultura le pedirá a la Corte que mantenga la ley demandada. “La Constitución del 91 desliga al Estado de la Iglesia, pero estas son manifestaciones que vienen de mucho tiempo atrás. No se puede desconocer la historia anterior a 1991”, afirmó Juan Manuel Vargas, jefe jurídico de esa cartera.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, afirma que en este caso “son recursos para eventos religiosos que también son eventos culturales de muchísimo valor y tradición”, y agregó que la Corte debe tener en cuenta que “en este país el 90 por ciento de habitantes somos católicos”.

En medio de estas dos posiciones está el imam Julián Zapata, fundador del Centro Cultural Islámico, quien afirma que su confesión nunca ha recibido aportes del Estado. Por eso, dice que en esta controversia la conclusión debería ser que “no se trata de suprimir festividades, sino de sumar actividades de culturas distintas”. Asegura que su propuesta es que “el Estado apoye esa Semana Santa, pero también las actividades del judaismo, el islam y de los pueblos ancestrales indígenas”.

Mientras tanto, en Popayán hay temor de que ocurra lo mismo que en Pamplona (Santander), donde hace cuatro meses la Corte tumbó una norma que permitía destinar presupuesto para su Semana Santa. Mientras en ese caso la Corte la declaró inconstitucional porque no se probó que se tratara de un bien cultural, al revisar una demanda similar contra la Semana Santa de Tunja encontró que en esta ciudad sí había una tradición histórica que respaldaba el uso del fisco.

La Semana Santa no es la única demandada. La Corte Constitucional estudia una demanda contra una ley del 2015 que permitió dar dineros del Presupuesto General para mantener la estatua del Cristo Rey, de 45 metros, que se construyó hace más de 60 años en Belalcázar (Caldas). El demandante afirma que si bien la estructura puede tener un fin turístico, lo cierto es que al destinarle presupuesto el Estado estaría “exaltando la fe católica por encima de otras”.

Y hace una semana, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el tedeum, misa que se realiza como actividad principal de la celebración del Día de la Independencia. Dijo que la participación del Presidente en esta liturgia, en calidad de jefe de Estado, “contraría el principio de neutralidad religiosa”.

JUSTICIAjusticia@eltiempo.com