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Día clave en la Corte Constitucional por debate sobre bienes baldíos
Baldíos

La Ley 4.ª de 1973 dice: "el baldío es lo que no está construido ni edificado, ni sobre ello hay cultivos ni ganaderías".

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Hernando Herrera. Archivo EL TIEMPO

Día clave en la Corte Constitucional por debate sobre bienes baldíos

Corte estudia tutelas contra fallos judiciales que entregaron bienes de la Nación a particulares.

Luego de más de dos años de estudio y meses de discusión, la Sala Plena de la Corte Constitucional se apresta a definir uno de los debates más esperados del año, tanto por la complejidad como las implicaciones que puede generar en el marco de la tenencia de la tierra en Colombia.

La Corte estudia nueve tutelas presentadas por la Agencia Nacional de Tierras contra Juzgados de Cocuy (Boyacá), Suesca (Cundinamarca) y San Miguel (Santander) que declararon que bienes baldíos podían pasar a manos de particulares mediante una figura llamada prescripción adquisitiva.

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Entre las posibilidades está que la Corte ratifique una postura de 2014, no solo señalando que los bienes baldíos no se pueden entregar a particulares por esa vía, sino que declare la existencia de una falla estructural sobre la tenencia de la tierra en Colombia, también está la posibilidad de que anule todos los fallos de pertenencia que han entregado tierra irregularmente en el país y que haga consideraciones de fondo sobre la reforma rural integral. 

La prescripción adquisitiva es una figura propia del derecho civil que regula relaciones entre terceros cuando el dueño de un predio lo deja a su suerte y un particular lo ocupa y lo explota y se convierte en su nuevo dueño. En este tipo de procesos de pertenencia, explicó Dejusticia, solo se tiene en cuenta como requisitos el número de años que un particular ha poseído un terreno sin determinar su extensión ni si la persona es objeto de la reforma rural.

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Lo anterior contrasta con el proceso de adjudicación de baldíos al campesinado, contemplado desde 1991, que hace actualmente la Agencia Nacional de Tierras, en el que se verifica que los terrenos entregados no superen la extensión de una Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Según Dejusticia, “a través de la prescripción de baldíos se han entregado más de 200.000 hectáreas a particulares y, aunque los predios grandes (mayores a 200 hectáreas) son pocos —152 aproximadamente de 12.070 hectáreas—, estos corresponden a casi la mitad del área prescrita, unas 149.000 canchas de fútbol”.

En este caso se registra como antecedente el fallo T-488 de 2014 en el que la Corte Constitucional ratificó que los bienes baldíos de la Nación “son inajenables” y se pueden adjudicar por unidades UAF y en la que se ordenó al Incoder, hoy la Agencia Nacional de Tierras, la realización de un Plan de Clarificación y de identificación de bienes baldíos.

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El caso está en manos del magistrado Antonio José Lizarazo. En este debate, el Gobierno pidió aplazar la expedición del fallo –cosa que fue rechazada de plano- y se espera que la Corte Constitucional emita una serie de órdenes estructurales para resolver este problema.

El jueves, la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia le envió una invitación a la Corte Constitucional para que conociera "la región", tras manifestar la Incertidumbre Jurídica que en su criterio existe sobre la propiedad privada de la tierra.

La magnitud del problema

En el marco de este debate, Dejusticia y la Universidad Nacional presentaron informes que explicaron que la figura de prescripción adquisitiva ha llevado a acaparar la tierra y concentrarla en sectores poderosos o de altos recursos económicos en el 90,6 por ciento de los 32 departamentos para más de 200.000 hectáreas.

De esos casos, el 67,9 por ciento se concentran en Córdoba, Boyacá, Tolima, Nariño y Cauca. Y, por extensión total de los predios prescritos, la concentración en los departamentos varía, según expuso Dejusticia en su informe. Acá Casanare pasa a la cabeza, “con 66.008 hectáreas prescritas, es decir, el 30,6% de las 215.457 hectárea”. Le sigue Córdoba y Cesar con 12,4 por ciento.

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“La mayoría de los predios grandes están ubicados en los departamentos de Casanare (46), Cesar (30) y Córdoba (23). Entre los juzgados que prescribieron varios de los predios grandes, que tienden a ubicarse en regiones con UAF pequeñas, se encuentran: el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, Cesar, (15 predios), el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Montelíbano, Córdoba, (7 predios), el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (6 predios) y el juzgado promiscuo del Circuito de Samaniego, Nariño, (4 predios)”, dijo Dejusticia.

Por su parte, la Mesa Interinstitucional de Seguimiento a la Sentencia T-488 de
2014 le dijo a la Corte Constitucional que de 29.077 casos reportados por la Superintendencia de Notariado y Registro, se tiene la información catastral de 14.902 predios. Según explicó, "se encontraron 17.421 folios asociados a 18.753 predios, de los cuales se encontraron 2.644 folios que reportaban una cabida por encima de la UAF establecida para el respectivo municipio".

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Luego, se hizo una depuración de información que complementó el cruce con las bases catastrales de los catastros de Bogotá, Medellín, Barranquilla y el departamento de Antioquia, y como resultado se obtuvo "un cruce de total de 14.902 folios asociados a algún predio en catastro, de los cuales 1.411 están sobre la UAF".

Bajo esas consideraciones, la Mesa estimó que la problemática frente a la prescripción
adquisitiva de dominio no afecta únicamente a quienes tienen grandes extensiones de
tierra, "sino por el contrario, afecta de manera mayoritaria a quienes poseen áreas que no superan la UAF y que pudieron ser sujetos de reforma agraria o acceso a tierras (89,4 por ciento de los predios estudiados), que en virtud de las normas actuales deberán verse forzados a soportar que se adelante un proceso de clarificación sobre el predio objeto de pertenencia".

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Los casos concretos de estudio

Entre los casos que está estudiando el alto tribunal hay tres de municipio San Miguel, en Santander. El primero es una decisión del 14 de septiembre del 2016 que declaró la prescripción adquisitiva del predio Las Tapias, en ese municipio; un fallo del 22 de septiembre del 2016 que declaró la prescripción del predio El Barzal; así como un fallo del 27 de septiembre del 2016 que privatizó el predio ‘El Uvo’ en el mismo municipio.

También hay un caso de un predio en El Cocuy (Boyacá). Se trata del fallo del 22 de junio del 2016 que declaró la prescripción del predio Paloblanco en ese municipio.

Otro tenía que ver con el predio Cuchayan Alto, en Sáchica (Boyacá), también entregado en prescripción adquisitiva el 29 de marzo del 2016, así como un caso en Samacá (Boyacá), por la entrega de los predios ‘El Planeta’ y ‘San Isidro’, el 21 de julio del 2016.

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Un caso más estaba relacionado con el predio ‘El Piedrón’ en Tibirita, Cundinamarca, entregado el 7 de febrero del 2017, y del predio El Algibe, en Jenesano, Boyacá, prescrito el 30 de marzo del 2017.

Otros casos en estudio son los de los predios Buena Vista, El Endrino, el Pino y El Recuerdo, en Oicatá, Boyacá, concedidos con prescripción adquisitiva el 12 de agosto del 2016. En ese mismo municipio también se evalúa la entrega de los predios La Plazuela, San Antonio o el Tunjo, El Cajón, El Garroche, El Chulo y La Era, prescritos el 11 de agosto del 2016.

De otro lado, el alto tribunal también evaluó la prescripción del predio San Cayetano, en Toca, Boyacá, el 28 de noviembre del 2016, la entrega del predio La Vega, en San Miguel (Santander), el 21 de noviembre del 2016; y del predio El Montecito, el 5 de febrero del 2018, en Suesca (Cundinamarca).

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Justicia@eltiempo.com
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