La Contraloría General no le dio el visto bueno a los reportes contables del Ministrio de Justicia en el 2015 porque en sus estados financieros aparecían entre sus activos 4.4 billones de pesos que en realidad no hacen parte de su cartera.
Estos dineros eran dineros de cuentas por cobrar que se debían realizar a través de un cobro coactivo, provenientes de las multas que los jueces les imponen a los condenados por infracciones al Estatuto Nacional de Estupefacientes.
La Contraloría asegura que a pesar que desde el 2014 una ley determinó que esas multas debían ser cobradas por el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia reportaba el año pasado este dinero en su cartera.
Lo más preocupante es que este dinero son multas que los jueces han ordenado y deben recaudarse, pero hoy no existe ninguna institución que las cobre.
En el 2015 el Consejo Superior de la Judicatura tenía en cuentas por cobrar más de 20 billones de pesos que no había cobrado a los condenados. De ese total, ya ya prescribieron al menos 6 billones, por lo que esos dineros no podrán entrar al erario público.
Ahora, con los 4.4 billones de pesos que aparecían en los activos del Ministerio, se sobreestimó en un 96 por ciento el valor de sus activos. Esos dineros no habían entrado a las cuentas del Consejo Superior de la Judicatura porque, según la Contraloría, esta institución se había negado a recibir esa cuenta "porque dice que no tiene cómo cobrarla".
Así, además de los 6 billones que ya prescribieron en el 2015, ahora estas deudas de condenados por 4.4 billones de pesos también podrían cerrarse, pues "el Consejo Superior de la Judicatura no ha recibido los expedientes contentivos de las multas para el cobro coactivo, lo que genera un riesgo de prescripción del cobro de $4,4 billones de pesos, debido a que el Ministerio perdió la facultad legal para ejercer cualquier tipo de acción para lograr la recuperación del dinero".
JUSTICIA
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