El derecho al agua y su falta de acceso en tiempos de coronavirus

El derecho al agua y su falta de acceso en tiempos de coronavirus

Corte Constitucional ha recordado que persisten fallas de disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Guía académica

ONU ha advertido que con los progresos que lleva Colombia no va a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de garantizar agua potable. 

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Istock.com

Por: Justicia
24 de marzo 2020 , 02:08 p.m.

Hace dos días, el 22 de marzo, en tiempos en los que se recuerda la importancia del agua como un bien clave en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, se conmemoró el Día Mundial de este recurso.

Aunque una de las armas importantes para luchar contra el Covid-19 es mantener la higiene y el lavado de manos, el derecho al agua, sin embargo, no está garantizado para todas las comunidades del país. Muchos hoy ven cómo un bien necesario para mantener su salud no está disponible o, si lo tienen, es de mala calidad.

Para garantizar el agua durante la pandemia, el presidente Iván Duque anunció la reconexión del servicio, gratuitamente y por única vez, a cerca de un millón de personas que lo tenían desconectado por falta de pago, de modo que durante la emergencia puedan obtener este líquido. 

Sin embargo, no es suficiente. En Colombia, según el Plan Director del Agua y Saneamiento Básico 2018-2030, el servicio público domiciliario de acueducto tiene una cobertura del 92,4 por ciento a nivel nacional. En las ciudades, según el Gobierno, la cobertura está por el 97,4 por ciento, mientras que en el sector rural es del 73,2 por ciento.

Según las cifras del Gobierno, sin embargo, entre las personas que tienen conexión al servicio de agua hay por lo menos 3,8 millones para quienes el agua que llega por las tuberías no está libre de riesgo, es decir, no es potable para su consumo. De los 1.102 municipios que tiene el país, solo en 529 el agua que se reciben no representa una amenaza.

Y aunque muchas poblaciones tienen conexión al servicio de agua, no todos los municipios la reciben las 24 horas al día. En lo que a capitales respecta, Riohacha, Santa Marta, Buenaventura, Quibdó, Mocoa, San Andrés y Leticia solo tienen agua entre 10 y 18 horas por día.

A esta situación se suma que solo el 42 por ciento de municipios cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales.

Con esas mediciones, y teniendo en cuenta el ritmo actual de progreso sobre el abastecimiento de agua en el país, Naciones Unidas ha advertido que en Colombia no se va a alcanzar a cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número seis, que habla de garantizar el agua limpia y el saneamiento. Este Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es muy importante ya que la escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial.

Es por este tipo de indicadores, análisis, -y a propósito del Día Mundial del Agua-, que la Corte Constitucional recordó esta semana la importancia de este derecho, garantizado por el artículo 366 de la Constitución.

En su historia, el alto tribunal ha emitido diferentes fallos para proteger a quienes no tienen acceso al líquido vital. En una decisión del año pasado, por ejemplo, la Corte Constitucional recordó que el Estado tiene el deber de garantizar el acceso al agua potable a las personas privadas de la libertad.

Era el caso de un detenido en la cárcel de Yopal (Casanare), que aseguró que en prisión su salud estaba en riesgo no solo por la falta de atención médica, sino además por la falta de agua potable, el mal estado de las tuberías de aguas negras, la insuficiencia de sanitarios entre otros males.

Este caso llevó al alto tribunal a recordar que el agua es un derecho universal, ya que todos los seres humanos precisan de él para subsistir. También es un derecho inalterable porque no puede reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; objetivo, porque es una condición para la subsistencia de cada persona, por lo que toda persona tiene derecho a acceder a este servicio de forma suficiente para calmar su sed y asearse.

El agua, además, también debe llegar a las viviendas y sitios de residencia con una buena calidad para su consumo. Es así como, por ejemplo, el año pasado la Corte recibió una tutela de un hombre contra la alcaldía de Ibagué y varias instituciones porque estaba recibiendo agua no potable en una residencia de interés social que había comprado en el 2017.

Incluso, según el mismo Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, el agua que ellos bebían tenía un nivel alto de riesgo en algunos meses, y en otros era sanitariamente inviable.

Es por esto que la Corte ha dicho que para poder cumplir la garantía del derecho al agua se debe garantizar su cantidad, disponibilidad y calidad.

Frente a la cantidad, aunque la Constitución del país no habla de un mínimo de agua, en el ámbito internacional sí ha sido reconocido. Así sucedió en el 2002 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en donde se estableció que disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible es una condición para poder garantizar otros derechos como la vida, la salud o la alimentación equilibrada.

Es así como según la Organización Mundial de la Salud y la misma Corte Constitucional, una persona debe recibir un mínimo de entre 50 a 100 litros por día.

El agua es un derecho universal ya que todos los seres humanos precisan de él para subsistir

Sobre la disponibilidad, la Corte ha recordado que el abastecimiento del líquido a cada persona debe ser continuo y suficiente para sus usos personales y domésticos. Así, el servicio de agua no puede ser intermitente y episódico.

Por esto la Corte también ha dicho que, en circunstancias especiales, la falta de pago de los servicios públicos no puede llevar a que a alguien se le suspenda este servicio, pues se vulneraría su disponibilidad al derecho al agua. Si a una persona se le suspende el agua, esto podría desconocer de forma desproporcionada sus derechos, afectando su condición de vida.

Y un tercer elemento del derecho al agua es la calidad, pues debe ser salubre, no contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para las personas.

Con el fin de que este derecho llegue a todas partes, además, la Corte ha dicho que la prestación del servicio de agua potable puede estar en manos del propio Estado, de las comunidades organizadas o de particulares.

Los tres campos en los que más hace falta avanzar frente al derecho al agua

Cortes por falta de pago:

El primer campo se refiere a los escenarios en los que se corta el servicio de acueducto por falta de pago. En esta situación, el alto tribunal ha dicho que en las viviendas clasificadas en el nivel 1 del Sisbén, la falta de pago no justifica que se les desconecte el servicio. Tampoco se puede suspender el servicio, pese al incumplimiento sucesivo del pago, si la desconexión viola el debido proceso o afecta derechos de sujetos de especial protección, si afecta establecimientos protegidos o las condiciones materiales de existencia de un grupo.

En los casos de sujetos de especial protección, como lo serían los adultos mayores, niños, personas en condición de discapacidad, o enfermas, la Corte ha dicho que tienen la carga de informar que el corte del servicio los afecta, y que el incumplimiento del pago se dio por circunstancias “involuntarias, insuperables e incontrolables”. .


Falta de redes de acueducto o escasez del líquido vital: 

La Corte ha dicho que se vulnera el derecho al agua cuando su servicio es discontinuo, o cuando no hay agua por la falta de acueducto. También establece que no se puede suspender la provisión de agua en situaciones de emergencia. Es por esto que mediante tutelas, por ejemplo, se puede buscar obligar a autoridades públicas o particulares a garantizar el servicio cuando ellas entorpezcan ese derecho.


Afectación de fuentes hídricas por razones de contaminación: 

La Corte ha dicho que la contaminación del agua para su consumo pone en riesgo los derechos a la vida, la vivienda digna, la salud y la vida digna. Es por esto que es un deber del Estado garantizar el saneamiento ambiental para que los recursos sean potables.

Además, si una zona de tratamiento de desechos está cerca a fuentes hídricas que se destinan para consumo humano, esto va en contra del derecho al agua.

Y en los casos de contaminación ambiental, las poblaciones deben poder participar en la toma de decisiones que los afecten. Mientras se solucionan los problemas de contaminación de fuentes hídricas, el Estado debe garantizar los mecanismos para abastecer de agua a las poblaciones. También hay una obligación para que quien contamine una fuente de agua, la limpie.

JUSTICIA
@JusticiaET

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