De los más de ocho millones de personas que hasta la fecha se han inscrito en el Registro Único de Víctimas, 4.620 han sido denunciadas desde el 2012 por posibles fraudes con esos reclamos.
De ese total, 1.386 casos corresponden a personas que se habrían colado en el sistema de reparación sin haber sido realmente víctimas del conflicto, y el resto corresponde a estafadores que cobraron por un trámite que es gratuito y hasta a funcionarios públicos señalados de corrupción.
El Grupo de Indagación y Protección Antifraudes de la Unidad para las Víctimas ya ha encontrado mérito suficiente para denunciar a 831 de estas personas ante la Fiscalía; 20 casos están en etapa de juicio y dos personas ya han sido condenadas por tramposas. Recibieron penas de 4 y 3 años de prisión, y tuvieron que devolver el dinero que habían recibido como indemnización. (Le puede interesar: Fiscalía tiene en fila más de 15.000 audiencias)
La mayoría de casos que están bajo la lupa corresponden a personas que declararon ser desplazados, pero que han entregado información falsa y han recibido ayudas humanitarias y beneficios económicos de las entidades del Estado que prestan oferta institucional a las víctimas.
Los departamentos con más quejas por fraudes son: Antioquia (20 %), Cundinamarca (18 %), Valle del Cauca (7 %), Tolima (6 %), Bolívar y Huila (5 %), Magdalena (4 %) y Santander (3 %).
Aunque la cifra resulta ser bastante baja en comparación con el número de víctimas que se han registrado en todo el país, cualquier fraude afecta directamente la posibilidad de que las personas realmente afectadas por la guerra puedan recibir asistencia.
La Ley de Víctimas estableció penas de entre cinco y ocho años de prisión para los avivatos, que incurren en tres delitos: fraude procesal, falso testimonio y fraude de subvenciones. (Además: Metas en reducción de congestión judicial no se lograron)
Claudia Aristizábal, coordinadora de defensa judicial de la Unidad para las Víctimas, asegura que es difícil impedir que una falsa víctima ingrese al registro, pues la Corte Constitucional fijó que el principio de buena fe debe aplicarse para todas las víctimas al momento de dar su declaración.
“La carga de la prueba es del Estado. Si alguien dice que vivía en cierto departamento, en determinado año y que fue desplazada, la Unidad debe demostrar que eso es falso, y no tenemos la capacidad operativa de hacerlo –asegura la funcionaria– (...). Las declaraciones muchas veces no son más de dos renglones y en un país donde el conflicto ha estado en gran parte del territorio es difícil determinar que una persona realmente no sea víctima de la violencia”.
Cuando existe alarma de fraude, la entidad emite un informe para retrasar el pago de la indemnización mientras se verifica la veracidad de la denuncia. Las ayudas humanitarias sí se mantienen durante el proceso investigativo.
“Tuvimos una alerta de fraude muy grande cuando se conoció todo el tema de las casas de pique. Muchas personas llegaron incluso a Bogotá y a Cúcuta diciendo que venían de Buenaventura como desplazados. La alerta evitó que estas personas quedaran registradas”, dice Aristizábal.
Aunque no corresponde al fraude contra la Ley de Víctimas, el caso emblemático en esta materia es el de las falsas víctimas de Mapiripán. En abril pasado, la justicia impuso condenas de 5,5 años para varios de los protagonistas de esa trampa, que habían reconocido su culpa en el 2013.
La Fiscalía tiene hasta cinco años para investigar los casos, pero la ‘inflación’ de expedientes judiciales es tanta que muchas veces no son prioridad.
Por esta razón, en la Unidad para las Víctimas trabajan varios fiscales que se están capacitando tanto en la Ley como en los ‘huecos’ que usan los tramposos para quedarse con las ayudas que deberían ir a los millones de colombianos que han sido golpeados por la guerra.
En lo corrido del año, al Registro entró casi un millón de personas. La mayoría reporta haber sido víctima de bandas criminales.
KAREN BOHÓRQUEZ CONTRERAS
Redacción Justicia
