El año pasado el Inpec concedió permisos sindicales a guardias que suman 39.293 días, lo que, según la Contraloría, afectó la seguridad en las cárceles, así como las remisiones médicas y judiciales de los presos en el país.
Los días concedidos por el Inpec en un solo año, según la auditoría de la Contraloría, suman más de 110 años de permiso. El 85 por ciento de los permisos sindicales corresponden a beneficios dados a personal de custodia y vigilancia.
En muchos casos los sindicalistas favorecidos con los permisos hacen parte de más de un sindicato. El personal beneficiario hace parte de los 76 sindicatos que tiene el Inpec.
La auditoría de la Contraloría dice que la falta de disponibilidad de estos funcionarios "afecta también la integridad de las pocas unidades que deben velar por la seguridad de cientos de internos".
Todos estos hallazgos se hicieron en una auditoría de la Contraloría a la gestión del Inpec del año pasado. "La gestión y resultados del instituto tuvieron calificación desfavorable por parte de la Contraloría, que a su vez emitió opinión con salvedades sobre sus estados financieros", dice el organismo.
Dentro de las 33 irregularidades detectadas en la administración del Inpec en el 2015, seis de ellas podrían tener un alcance disciplinario que pondría a responder a sus funcionarios.
Adicionalmente a los permisos sindicales, la Contraloría detectó que el Inpec sigue cancelando salarios a personal con incapacidade superiores a los 180 días continuos. Incluso, se han encontrado incapacidades de 8 años "lo que amerita el inicio de actuaciones dirigidas a establecer posibles responsabilidades fiscales"
Frente a las demandas que afronta el Inpec, se encontró que la mayoría de casos que afronta la entidad en el Cauca, fueron interpuestas por dos abogadas que están representado varios procesos, y hay condenas por los mismos hechos, lo que llevó a que el Consejo Superior de la Judicatura investigue esta irregularidad.
Además, en el pago de sentencias, se encontró que hay casos en los que la entidad pagó dos veces un mismo fallo, y falta de información sobre las condenas. Todo este desorden para atender las condenas, según la investigación, se da por la falta de presupuesto de la entidad, así como la poca capacidad del nivel central del Inpec para atender 5.400 procesos que tiene en su contra.
Así hay casos en los que pasan hasta 25 meses para que se paguen las sentencias, lo que genera cobros excesivos en los intereses por mora.
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