Demanda pide que vender el voto no se castigue igual que comprarlo

Demanda pide que vender el voto no se castigue igual que comprarlo

Ciudadano dice quienes venden su voto son 'víctimas' instrumentalizadas por redes poderosas.

Votación en Bucaramanga

 

Foto:

Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
04 de septiembre 2019 , 08:53 a.m.

Una particular demanda estudia la Corte Constitucional, especialmente previo a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.

Un ciudadano pide tumbar unos apartados de dos normas que castigan los delitos electorales. Se trata de los artículos 389 y 390 de la Ley 1864 del 2017, que modificó el Código Penal colombiano e incluyó como delitos la compra y el trasteo de votos, que son castigados con hasta 8 años de prisión y multas de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV).

Estas normas no solo castigan con penas de prisión de 4 a 9 años y una multa de hasta 200 SMMLV, a quienes compran votos; y penas de 4 a 8 años de cárcel y una multa de hasta 1.000 SMMLV, a quienes hagan que una persona inscriba su cédula en un municipio distinto al que residen, sino que establece iguales sanciones para quienes venden su voto e inscriben su cédula en un lugar distinto al que viven.

Para el demandante los artículos señalados violan el derecho a la igualdad, al debido proceso,la resocialización, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Dice que se viola la igualdad al poner en las mismas condiciones a la sanción que reciben personas que están en diferente situación respecto al grado de participación en los delitos de corrupción de sufragante y fraude en inscripción de cédulas, pues al final lo que se da es una relación "entre víctima y victimario".

El ciudadano que vende su voto o accede a inscribir su cédula en un lugar distinto a su domicilio "más que un delincuente, es un individuo instrumentalizado por las redes clientelares de compra de votos. Redes que se aprovechan de su condición de vulnerabilidad caracterizada por analfabetismo o muy bajos niveles de educación, vida en condiciones de pobreza o miseria y en consecuencia casi una nula conciencia política", dice el demandante.

Redes que se aprovechan de su condición de vulnerabilidad caracterizada por muy bajos niveles de educación, vida en condiciones de pobreza o miseria y en consecuencia casi una nula conciencia política

El demandante agrega que esa posición de vulnerabilidad es muy distinta a la de poder que tienen las organizaciones criminales "que bajo un modelo complejo operan para materializar la compra de votos y la transhumancia, respaldados por redes de poder político y grandes recursos económicos".

Agrega que la imposición de la misma multa económica a los que venden su voto y a los que lo compran es deja en ventaja para los segundos, puesto que "tienen mayor facilidad para pagarla, lo cual les da acceso a libertad condicional, frente a los ciudadanos 'explotados', a quienes dichas multas les resultan imposibles de pagar", por lo que tampoco pueden acceder a libertad condicional 

Tanto el que promueve la transhumancia y compra de votos como el que acepta participar en estas prácticas merecen reproche social y una sanción del Estado

Para nutrir el debate, a la Corte ya han llegado varios conceptos, como el de la Procuraduría y el Ministerio de Justicia. 

El órgano de control, por ejemplo, le dice al alto tribunal que las normas demandadas no violan la Constitución. Si bien para a Procuraduría las preocupaciones del demandante frente a las condiciones de vulnerabilidad de quienes venden su voto o inscriben su cédula en lugares distintos, esta discusión no le compete a la Corte Constitucional sino que "es una discusión propia de política criminal, que puede verse enriquecida por criterio sociológicos, económicos, estadísticos, psicológicos, éticos y morales que ya no son objeto de revisión en esta instancia". 

Para el Ministerio Público las normas no violan la igualdad puesto que precisamente dan el mismo trato a individuos que llevan a cabo una u otra conducta de las contenidas en los delitos y agregó que aunque "se trata de conductas alternativas, la realización de cualquiera de ellas materializa el delito y la afectación al bien jurídico protegido", que es la democracia y libre participación.

El Ministerio de Justicia también consideró que las normas se ajustan a la Constitución, por lo que le pidió a la Corte no conceder la demanda.

La cartera expuso que las actuaciones de los promotores de los delitos como las de quienes aceptan vender su voto o realizar la inscripción fraudulenta de sus cédulas "tienen las mismas consecuencias: distorsión de los mecanismos  de participación ciudadana y afectación de los principios democráticos. Por lo tanto, tanto el que promueve la transhumancia y compra de votos como el que acepta participar en estas prácticas merecen reproche social y una sanción del Estado".

La decisión final será de la Sala Plena de la Corte, que deberá estudiar una ponencia a cargo del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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