Por qué pueden volverse normales carteles sin fotos de los más buscados

Por qué pueden volverse normales carteles sin fotosde los más buscados

Demanda que estudia la Corte pide que se prohíba publicar ordenes de captura en medios.

Los más buscados de Medellín

Estos son los alias de los cabecillas actuales de los GDO de la ciudad, que reemplazan a quienes fueron capturados o asesinados.

Foto:

Cortesía Alcaldía de Medellín

Por: Justicia
25 de abril 2019 , 12:51 p.m.

Esta semana fue publicado en Medellín el cartel con los 146 criminales más buscados por las autoridades de la capital antioqueña. Este cartel no tiene fotografías de los presuntos criminales ni tampoco sus nombres, solo incluye los alias de cada uno y las comunas o corregimientos donde delinquen.

En redes sociales se han publicado mensajes de burla por este cartel y los usuarios cuestionan la utilidad del cartel y se preguntan por qué si se trata de una información que pretende buscar la ayuda de la comunidad para atrapar a estas personas, no incluye datos que permitan reconocerlos o identificarlos.

Hoy la @AlcaldiadeMed presentó el renovado cartel de los más buscados. No sé qué tanto los tienen identificados. Mientras, encuentre las diferencias con el juego de mesa

La razón de la Alcaldía de Medellín es que aún no hay una orden de captura vigente en su contra, por lo cual no se puede revelar su identidad en imágenes. Y el general Jorge Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, agregó que el cartel se publicó así para respetar el principio de presunción de inocencia de las personas, puesto que no pueden publicar sus fotos o nombres hasta que no tengan plena seguridad de que, en efecto, se trata de los delincuentes que buscan.

Pero, más allá del caso puntual de Medellín, la publicación de carteles de más buscados sin nombres ni fotos podría convertirse en el común denominador en el país por cuenta de una demanda que estudia la Corte Constitucional y este jueves está siendo debatida en la sala plena de ese alto tribunal.

Se trata de una demanda contra el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, que dice que la Policía Judicial puede divulgar a través de medios de comunicación las órdenes de captura. Si bien un cartel de más buscados y una orden de captura son elementos diferentes, ambos podrían estar cobijados por una demanda que dice que revelar el nombre y el delito por el que alguien es requerido por las autoridades viola la presunción de inocencia, la honra y buen nombre, la intimidad y el principio a la igualdad.

"Se hace pública la vida de una persona que está siendo investigada por algún tipo penal, dejando de garantizar la privacidad en la vida personal de los familiares que no tienen nada que ver (...) los medios de comunicación y la población en general pueden impartir actos de rechazo, señalamientos e injurias (...)", dice la demanda.

A la Corte llegaron varios conceptos para el estudio del caso. La Procuraduría, por ejemplo, expresó que siempre es el juez el que deberá avalar que una orden de captura se publique en medios de comunicación, valorando si la publicación resultará útil o, por el contrario, entorpecer la investigación. Esto, por ejemplo, en casos en los que el sospechoso pueda huir luego de que se de a conocer públicamente que es requerido por las autoridades.

Agregó que no consideran que la norma viole la Constitución en tanto una orden de captura tiene la función de lograr que un indiciado o imputado comparezca a un proceso, y que dichas órdenes deben expresar cuáles son los hechos que muestran relación del sospechoso con los hechos investigados, lo cual no implica que se le esté juzgando o que se esté vulnerando su presunción de inocencia. "La investigación no comporta por sí sola que se haya desvirtuado la presunción de inocencia", dijo el órgano de control.

La investigación no comporta por sí sola que se haya desvirtuado la presunción de inocencia

Y agrega: "La divulgación de la orden no implica una manifestación tendenciosa sobre la conducta privada de una persona, sino la difusión de la necesidad de comparecer al proceso", con lo que, para la Procuraduría, tampoco se viola el derecho a la honra, por lo que pidió a la Corte que deje la norma demandada tal y como está. 

Otro concepto que recibió el alto tribunal fue el del Ministerio de Justicia, que argumentó de forma similar su petición a la Corte de no modificar el artículo demandado. En su concepto también recuerda que es un juez el que debe avalar la orden de captura y, de considerarlo pertinente, su divulgación en medios, sino que las órdenes de captura se expiden basadas en informes policiales, testimonios o pruebas de una posible conducta criminal. 

Darse la difusión de la orden de captura en los medios de comunicación se constituye en un mecanismo de protección y defensa de la comunidad

El Ministerio argumentó también que no se vulnera el derecho a la intimidad pues las órdenes de captura se relacionan con hechos que no son privados, como delitos, y que afectan a la comunidad.

"No se encuentra en la órbita de lo privado por cuanto es un hecho que jurídicamente afecta a la comunidad, es de interés general por cuanto su seguridad puede estar en riesgo (...) por lo que de darse la difusión de la orden de captura en los medios de comunicación se constituye en un mecanismo de protección y defensa de la comunidad, por cuanto le permite conocer qué personas pueden generarle algún riesgo a su seguridad personal y permitiéndole al mismo tiempo cumplir con su deber constitucional y legal de colaborar con las autoridades ", agregó la cartera.

Aunque también se enviaron conceptos como el de la Universidad Libre de Colombia, que pide que se saque la norma del ordenamiento jurídico por considerar que esta autoriza a la Policía Judicial para que divulgue “sin matiz ninguno” las órdenes de captura a través de los medios de comunicación y, en esa medida, viola los derechos identificados por el demandante y desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre órdenes de captura, según la cual solamente las condenas penales definitivas pueden ser divulgadas.
En todo caso, la palabra final la tendrá la Corte Constitucional que ya debate la ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz. 

JUSTICIA

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