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Fiscalía y Gobierno chocan por ley sobre delitos sexuales contra menores
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Juan Pablo Rueda Bustamante. EL TIEMPO

Fiscalía y Gobierno chocan por ley sobre delitos sexuales contra menores

El ente investigador pide a la Corte tumbar ley que declara imprescriptibles tales delitos.

En febrero de este año entró a regir una nueva ley que señala que los delitos sexuales contra los menores de 18 años serán imprescriptibles. La iniciativa implica que este tipo de agresiones podrán investigarse y sancionarse en cualquier momento. Aunque fue celebrada por diversos sectores políticos, la norma (Ley 2081 de 2021) que modificó el Código Penal está hoy en debate en la Corte Constitucional por cuenta de cuatro demandas que piden ‘tumbarla’.

Las demandas aseguran, en términos generales, que por más aberrantes que sean este tipo de crímenes, el artículo 28 de la Constitución impide establecer la imprescriptibilidad de cualquier delito tanto por la garantía de los derechos de las víctimas a una pronta justicia, como por los derechos al debido proceso y a la dignidad humana del procesado. Así lo afirman el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana y el Semillero en Psicología Forense de la Universidad El Bosque.

“Sin tener un término de prescripción, la Fiscalía General no priorizará los casos de violencia sexual en contra de los menores. Esto generará que no se logre una justicia pronta para las víctimas. Al convertir estos delitos en imprescriptibles, el legislador claramente está violando la obligación de priorizar los derechos de los menores, premiando la inactividad y negligencia en materia de criminalización secundaria”, dice la demanda que presentaron.

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En su criterio, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales genera problemas en el ámbito probatorio, por lo que el Estado debe concentrarse en crear mecanismos que permitan reaccionar prontamente a estos delitos y no crear mecanismos como la imprescriptibilidad, que puede traer peores consecuencias, otorgando simplemente una sensación de seguridad que no se logra en la práctica.

El abogado Joan Alejandro Rueda, por su parte, estima que la norma es contraria a la Constitución porque permite que se “generen dilaciones injustificadas en medio de la investigación y posible sanción” de estos casos, así como una violación al debido proceso en atención a que toda persona tiene derecho a que se le garantice su caso en un plazo razonable.

Además, indicó que “los delitos comunes contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años de que tratan la Ley 2081 de 2020 no hacen parte del listado de conductas punibles que integran los crímenes internacionales competencia de la Corte Penal Internacional, por consiguiente, es viable afirmar que la acción penal en tales casos no puede ser de carácter imprescriptible”.

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De otro lado, el abogado Andrés Molina indicó que la norma implica la aplicación de un trato diferenciado injustificado e inconstitucional: “el establecimiento de la imprescriptibilidad de la acción penal, en lugar de beneficiar el acceso a la administración de justicia para los menores víctimas de conductas contra su integridad y formación sexuales, generará un escenario en el cual verán relegados sus intereses a causa de la sobrecarga de trabajo que se presenta en los despachos, que les obliga a imprimir mayor celeridad y atención a aquellos procesos amenazados por el fenómeno de la prescripción”.

Las demandas cursan, por separado, en los despachos de las magistradas Gloria Ortiz y Paola Meneses, y en todos, la Fiscalía General ya le pidió a la Corte que tumbe la norma al señalar que ya la Corte Constitucional señaló que el Congreso no puede instituir penas y medidas de seguridad imprescriptibles porque así lo dice la Constitución.

El interés en erradicar la impunidad no puede traducirse en la adopción de medidas que mantengan en la indeterminación temporal el acceso de las víctimas a la administración justicia

“El Estado, mediante la sanción penal de determinadas conductas, en efecto, busca proteger intereses con diverso valor constitucional. Sin embargo, la sola gravedad de la conducta o la importancia del valor constitucional protegido con un tipo penal no habilitan al legislador para inobservar la prohibición, contenida en la Constitución, de instituir 'la imprescriptibilidad de la acción penal', salvo en los casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo la Fiscalía.

El ente investigador señaló que la existencia de un plazo determinado de prescripción de la acción penal permite garantizar la efectividad del derecho al debido proceso y estimó que esta no es la forma idónea de combatir los delitos sexuales contra menores: “El interés en erradicar la impunidad no puede traducirse en la adopción de medidas político-criminales que mantengan en la indeterminación temporal el acceso de las víctimas a la administración justicia y que sacrifiquen, de paso, la protección de garantías procesales para el acusado”.

“En efecto, la prolongación indefinida en el tiempo de la investigación y juzgamiento de las conductas criminales acarrea dificultades en la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que afecta los derechos de las víctimas y del procesado, máxime cuando se trata de delitos de esta naturaleza”, dijo la Fiscalía.

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Según las demandas, si no hay un término de prescripción, la Fiscalía no priorizará los casos de violencia sexual en contra de los menores.

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Archivo EL TIEMPO

Según la entidad, el Congreso puede, en estos tipo de casos, definir los términos a partir de los cuales debe contabilizarse la prescripción, así como las características de su interrupción y suspensión, pero no está habilitado para “instituir, sin más, la imprescriptibilidad de la acción penal, en menoscabo del derecho fundamental al debido proceso que le asiste al presunto infractor y a las mismas víctimas del delito”.

En contraparte, el Ministerio de Justicia le pidió a la Corte que mantenga la norma al estimar que la Constitución lo que prohíbe es la imprescriptibilidad de la pena, no de la acción penal. Y al considerar que, por la naturaleza especialmente dañina para la sociedad de este tipo de delitos, la investigación y juzgamiento de esos casos no debe estar sometida a un límite de tiempo.

“Es razonable que el legislador de un trato diferenciado al término de prescripción de la acción penal conforme a la gravedad de la conducta dentro del diseño de la política criminal del Estado, de la necesidad de erradicar su impunidad, basada en la dificultad en la recopilación de pruebas y por tanto en el juzgamiento efectivo de los responsables y en uno u otro caso, del 'valor constitucional de los intereses o bienes jurídicos protegidos' ", dijo el Ministerio.

“No es cierto, a la luz de la jurisprudencia constitucional vigente, que la prohibición constitucional de imprescriptibilidad de la pena o de las medidas de seguridad, contemplada en el artículo 28 de la Carta Política, abarque también la prohibición de imprescriptibilidad de la acción penal y, por el contrario, son absolutamente sólidos los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en cuanto a que la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos tan graves como la desaparición forzada se ajusta a la Constitución, más aún de delitos de mayor gravedad como los delitos sexuales contra menores”, dijo la Cartera.

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A esta postura se sumó la Defensoría del Pueblo, que estimó que el Congreso tiene la facultad de fijar un término diferente para la prescripción de la acción penal de acuerdo a los criterios valorativos que definen la política criminal del Estado. En su criterio, si bien la norma actual permite iniciar la investigación en cualquier tiempo, esta “debe interpretarse de manera sistemática con el resto de las disposiciones penales para que su aplicación no transgreda el derecho al debido proceso”.

Así, para la Defensoría, la solución es que “la prescripción de la acción se interrumpe con la resolución de acusación, y comenzará a correr nuevamente por un término que no podrá ser inferior a cinco años, ni superior a diez, pues al procesado 'le asiste el derecho fundamental a que su situación sea resuelta en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas' ”.

La Procuraduría, a su turno, estimó en dos de las demandas presentadas que la norma debe dejarse intacta en cuanto que, en su criterio, la jurisprudencia de la propia Corte ha evolucionado y permite admitir excepciones a la prohibición de imprescriptibilidad de la acción penal, para pasar a reconocerla en los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, y en esta norma, siempre que no se haya dado con la identidad del responsable del delito.

En su criterio, con esta norma se está protegiendo de manera adecuada la garantía de los derechos de las víctimas para acceder a la justicia en cualquier momento, “lo que encuentra justificación en la gravedad del delito y en el alto grado de vulnerabilidad de sus víctimas”.

justicia@eltiempo.com

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