El crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, perpetrado en agosto de 1999, no fue un hecho aislado e hizo parte del ataque de paramilitares aliados con integrantes de la Fuerza Pública contra civiles que fueron declarados objetivos militares por sus posiciones políticas y defensa de los derechos humanos.
Así lo consideró la Fiscalía 13 de Derechos Humanos, que declaró el homicidio de Garzón Forero como un crimen de lesa humanidad, con lo cual la investigación no prescribirá y se podrá avanzar en los demás procesos que adelantan por el plan para desviar la investigación.
En la decisión de 41 páginas, la fiscal del caso señala que hay evidencias de que Garzón fue seguido ilegalmente y que informaciones de sus movimientos terminaron en manos del exjefe paramilitar Carlos Castaño.
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Esos mismos argumentos habían sido tenidos en cuenta hace dos semanas por el Consejo de Estado en una decisión que condenó a la nación por el crimen y declaró el homicidio de lesa humanidad. En esa decisión, el alto tribunal dijo que el crimen se dio en medio de un ataque generalizado y sistemático “propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos –ONG, defensores de derechos humanos, periodistas, etc.–”.
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Ahora, con esa misma hipótesis la Fiscalía considera que hubo una victimización de defensores de derechos humanos, y como parte de esa estrategia fue asesinado Garzón, además de perpetrarse los crímenes de los abogados Alirio de Jesús Pedraza, Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado.
Esos crímenes, dice la Fiscalía, se dieron en el marco de la alianza entre paramilitares y Fuerza Pública y de una política de doctrina militar que promovía “combatir al enemigo interno (subversión)”, las cuales llevaron a que se desplegaran “graves violaciones a los derechos humanos”.
Según los investigadores, esos ataques se cometieron entre 1997 y 1999, cuando, según advertencias de la ONU, aumentaron las amenazas y atentados contra defensores de derechos humanos.
En el documento, la Fiscalía cuestiona que las víctimas no contaron con protección del Estado, “a sabiendas de que estaban siendo hostigados por quienes no les convenía que prosperaran las denuncias de violaciones a los derechos humanos en su contra”. Es el caso del abogado Umaña, quien, dice la Fiscalía, hizo serias denuncias y fue amenazado y luego asesinado.
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