Los 139 millones de pesos que le pagó en el 2015 la Fiscalía de Eduardo Montealegre a Luis Gustavo Moreno –preso por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia– habrían sido una especie de ‘caja menor’ para costear los gastos de la oficina que el abogado compartió con el hoy capturado exmagistrado Francisco Javier Ricaurte en el norte de Bogotá.
Esa es la versión que Moreno le entregó a la Corte Suprema hace una semana, en medio de los testimonios que ha rendido contra involucrados en el escándalo que sacude a la justicia.
La esencia de esa declaración, conocida por EL TIEMPO, se suma a los cuestionamientos que ha empezado a hacer el exfiscal contra la administración de Eduardo Montealegre, quien ya lo demandó por fraude procesal y falso testimonio.
Lo que dice el exjefe Anticorrupción de la Fiscalía es que su único papel en esa asesoría fue firmar. Aseguró que a mediados del 2015, el expresidente de la Corte Francisco Ricaurte le informó que había conseguido una forma de financiar los gastos de la lujosa oficina compartida que habían montado en el norte de Bogotá.
Después, dijo, el exmagistrado le ordenó ir al búnker a firmar el contrato de asesoría, que tenía por objeto asesorar y prestar acompañamiento a la Fiscalía “con temas relacionados en la sustanciación de recursos de casación y acciones de revisión que se encuentren en trámite o requieran interponerse ante la Corte Suprema de Justicia”.
El contrato fue el 0313 y se firmó el 16 de julio del 2015 por 139 millones de pesos (divididos en pagos mensuales de 23,2 millones), con una duración de 168 días. Se hizo bajo la figura de prestación de servicios, de forma directa, y fue firmado por la entonces funcionaria de la Fiscalía, Marcela Yepes Gómez. Yepes es la esposa del exauditor general Carlos Felipe Córdoba, con quien este año obtuvo Ricaurte casualmente contrato de asesoría por 90 millones que terminó anticipadamente.
En sus declaraciones de las últimas semanas, Moreno ha salpicado al menos a 16 personas, entre exfuncionarios judiciales y políticos. Todas sus declaraciones están siendo revisadas por la justicia, que por lo pronto ha avalado la versión que dio en contra del senador Musa Besaile. El exfiscal dijo que no era cierto que el congresista hubiera sido extorsionado, como lo dijo, sino que compró un servicio ilegal para frenar una orden de captura por ‘parapolítica’.
Consultado por este diario, Montealegre afirmó que la contratación fue transparente y que no es cierto que el entonces exitoso litigante no haya cumplido ninguna función para la Fiscalía. “Para poder pagarse la asignación mensual era requisito indispensable que estuviera la constancia de todos los informes del objeto del contrato”, aseguró.
Hace una semana, el exfiscal denunció a Moreno porque dijo, también ante la Corte, que el senador Álvaro Ashton había tenido información privilegiada de la Fiscalía por ser cercano a Montealegre. El exfiscal general también pidió a la Comisión de Acusación que investigue el contrato.
Su versión es que buscó a Moreno porque conoció de su trabajo a través de un libro sobre casación penal escrito por el abogado y consideró que sería importante para la entidad contar con asesoría para capacitar a fiscales que no tenían mucha destreza en demandas de casación. Aunque dijo no recordar con exactitud si para su contratación le pidió referencias a Leonidas Bustos (también salpicado por el escándalo) o Francisco Javier Ricaurte, reconoció que “fue a uno de los dos, porque lo conocían”.
Montealegre también dijo que “el destino que Moreno le haya dado a sus honorarios “no le concierne”, y que el contrato se terminó de mutuo acuerdo cuando se enteró de que llevaba procesos judiciales que podían implicar una inhabilidad.
En la última declaración que rindió ante la Corte Suprema de Justicia, hace dos días, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno afirmó no tener información de que el senador Hernán Andrade haya sido uno de los beneficiarios de la corrupción en el alto tribunal.
El nombre de Andrade fue mencionado por Leonardo Pinilla, socio de Moreno, en la conversación grabada por la DEA con el exgobernador Alejandro Lyons.
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