La expectativa del país por la suerte del fast track legislativo para la implementación del acuerdo de paz sigue. El lunes, tras nueve horas de discusión, la Sala Plena de la Corte Constitucional no logró llegar a ningún acuerdo sobre los dos temas claves: la exequibilidad del mecanismo y la manera como este cobraría vigencia jurídica.
Como ya se conoce, la mayoría de los magistrados está de acuerdo con que la vía rápida es constitucional, pues persigue un fin mayor que es la paz y la desarticulación de grupos ilegales.
El debate continuará este martes. Lo que sigue generando división en la Corte es el punto sobre si se mantiene o no el artículo quinto del acto legislativo de la paz, que condicionó la entrada en vigencia del fast track a la refrendación popular del Acuerdo Final.
Aunque ese artículo no fue demandado en el caso que estudia en este momento el alto tribunal, y cuya ponencia le correspondió a la magistrada María Victoria Calle, la mayoría de magistrados considera que la Corte se debe pronunciar al respecto para terminar la incertidumbre sobre la implementación de los acuerdos con las Farc.
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Según fuentes de la Corte, hay cuatro magistrados que son partidarios de que la refrendación popular se puede hacer de manera indirecta, a través del Congreso (como en efecto ya se hizo), lo que implicaría que el fast track es constitucional y puede aplicarse.
Las mismas fuentes dicen que hay otros dos magistrados que sostienen que es legítimo que la refrendación del acuerdo se haga a través del Congreso, pero que adicionalmente debe expedirse otro acto refrendatorio.
Adicional a esto, en la Corte toma fuerza la versión, según la cual, el fast track podría ser una figura provisional que sirva para autorizar otras medidas urgentes.
En la Corte también ha tenido eco la posición del jurista Rodrigo Uprimny, quien sostiene que la Corte podría modular su sentencia. Así, el exdirector de DeJusticia plantea que podría permitir, dada su urgencia y trascendencia para el éxito del proceso, el fast track para ciertos desarrollos normativos, como ley de amnistía o la creación de la Justicia Especial para la Paz. Pero la vía ordinaria se mantendría para los otros desarrollos normativos previstos en el acuerdo con las Farc.
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Tanto el Gobierno como analistas sostienen que el mecanismo de vía rápida en el Congreso es fundamental, pues urge darle solidez jurídica a lo pactado.
Como nunca antes, las Farc están jugadas por su desmovilización, desarme y regreso a la vida civil. Para eso se necesitan normas urgentes como las leyes de amnistía e indulto amplios que beneficiarán a la mayoría de miembros de esa guerrilla, y la creación de la Justicia Especial para la Paz.
Con las normas actuales, esos cambios legislativos y constitucionales podrían dilatarse dos periodos del Congreso, es decir hasta finales del año próximo. El 2017 es un año preelectoral, y en el segundo semestre los congresistas, como ocurre cada cuatro años, estarán pensando más en sus propias campañas de reelección y en las presidenciales del 2018.
Así, sostienen los analistas, evitar que la paz caiga en los cálculos electorales es fundamental, y eso será más viable si los proyectos más importantes están aprobados a más tardar en junio próximo, si bien tendrían que pasar, de nuevo, examen de exequibilidad en la Corte Constitucional.
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